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Ya ha pasado casi un año desde que se firmó el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep en el Teatro Colón de Bogotá, tras la renegociación que debió adelantarse con las fuerzas políticas que lideraron el No en el plebiscito, modificando así parcialmente el acuerdo que se había firmado en Cartagena dos meses antes.
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Como lo afirman todos los analistas, investigadores y periodistas, la implementación del acuerdo no ha avanzado de la manera esperada. Y quizás lo más preocupante es que la paz aún no ha llegado a los territorios. Esto lo afirman los diez integrantes de la misión de verificación realizada por dos organizaciones internacionales y una red europea de organizaciones internacionales, llevada a cabo entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, con el fin de comprobar en terreno qué ha pasado con el acuerdo, con un énfasis específico en género, los avances y las dificultades de su implementación. La misión sostuvo reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y excombatientes, en sus visitas a Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Quibdó, comunidades del Bajo Atrato (Urabá), así como en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en La Elvira (Cauca) y La Variante (Nariño).
En los próximos meses, como resultado de la misión, se publicará un informe con los hallazgos y recomendaciones específicas en cuanto a la implementación del acuerdo con enfoque de género, y en particular sobre los puntos dos (garantías políticas), tres (garantías de seguridad) y cinco (sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición) del acuerdo final.
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Garantías políticas
“Hay que discernir muy bien lo que son dificultades y lo que son avances”, afirmó Carmen Magallón, presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de España, integrante de la misión. Igualmente, expresó su admiración hacia la fortaleza organizativa de las mujeres en Colombia. “Muchas de las mujeres nos dieron sus testimonios, nos transmitieron su temor, su sensación de impotencia pero también sus fuerzas y su apuesta por la paz, fortaleciendo sus estructuras organizativas”, comentó y resaltó que las mujeres excombatientes parecen tener poco interés en la participación política, pero sí mucho interés en que el proceso siga adelante.
En los ETCR, que han sido construidos y mantenidos por el esfuerzo de excombatientes, se ha valorado positivamente la labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (integrado por gobierno, Farc-Ep y Naciones Unidas) y el cambio de actitud de algunos integrantes de la Fuerza Pública en algunas regiones. Sin embargo, persisten la incertidumbre y la inseguridad jurídica y económica, lo que dificulta la reincorporación colectiva por la que la Farc apuesta. Pese a todo, la misión ha constatado que su compromiso con la paz sigue intacto.
Por otra parte, los integrantes de la misión también pudieron constatar el escepticismo generalizado entre las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, ante el sistemático incumplimiento del Estado colombiano de los acuerdos que establece con ellas.
Garantías de seguridad
Si bien todos los estudios al respecto confirman que las cifras de homicidios y secuestros han descendido significativamente a partir del acuerdo de paz, dichos índices de criminalidad revelan una tendencia a nivel nacional que resulta engañosa. Al revisar dichas cifras para las áreas anteriormente ocupadas por las Farc-EPp por el contrario han aumentado los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, de lideres/as sociales y comunitarios, y en un alto porcentaje de estos asesinatos han participado sicarios que han ultimado a sus víctimas cerca de su lugar de vivienda. Es decir, a partir del acuerdo de paz, en los territorios antes ocupados por las Farc-Ep las cifras de homicidios han aumentado.
“Es incomprensible que el Estado colombiano no haya mostrado la voluntad de ocupar las zonas que han dejado las Farc; de esa forma ha abandonado a las comunidades”, asegura Pedro Arrojo, diputado del Estado Español quien hizo parte de la misión. Algo que resulta preocupante es que en los casos en que el Estado sí se ha preocupado por ocupar las zonas anteriormente controladas por las Farc lo ha hecho a partir de una presencia militar, causando mayores conflictos, en especial a partir de la política de “garrote y zanahoria” con la que se viene manejando la problemática de los cultivos de uso ilícito en todo el país.
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La percepción de las comunidades en estos territorios es ambigua, como lo manifiesta una lideresa: “ahora todo está mejor, pero está peor”. Es decir, se mantiene la esperanza ante la dejación de armas y la reincorporación de excombatientes, pero la paz aún no se siente; por el contrario, en los territorios parecen agudizarse los temores y la incertidumbre. “No es que tenga miedo, vivo con miedo”, expresa otra lideresa. Para los integrantes de la misión, el miedo fue una constante en las diferentes reuniones sostenidas con comunidades y excombatientes, quienes reiteradamente les manifestaron “sentirse solos”.
“En una región ciertas comunidades están en la mitad entre la base militar, los paramilitares muy cerca de allí, y por el otro lado los elenos, que hace algunos días al parecer robaron unas pipetas de gas. ¡Imagínense la zozobra que vive la gente frente a lo que puede llegar a pasar!”, explica Vincent Vallies, integrante de la misión y experto internacional sobre Colombia, derechos humanos y construcción de paz.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad es un mecanismo establecido por el acuerdo que no se ha implementado de manera apropiada; no ha elaborado un plan de trabajo correcto, y sus integrantes aparentemente tienen visiones distintas de lo que debe ser la Comisión. Al conversar con algunos representantes de la sociedad civil, la misión se enteró que los viajes que han podido hacer, los han hecho con recursos propios (de sus propias organizaciones), pues el Gobierno no ha destinado recursos para ello. “Es anormal, una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tendría que haber ido ya a muchos territorios para poder hablar con la gente, entender el contexto y plantear medidas para frenar esta situación de inseguridad”, afirma Vallies.
Sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición
Resulta preocupante la situación estancada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La justicia y la seguridad jurídica son fundamentales para la estabilidad del proceso de paz. La incertidumbre y la impunidad sólo pueden conllevar la repetición de los hechos”, afirma Garbiñe Biurrun, integrante de la misión y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Por otra parte, el Estado debe hacer presencia en los territorios que no se limite a la Fuerza Pública, sino a través de sus instituciones con una oferta de programas para brindar oportunidades económicas y sociales. Y por qué no, en esta oferta también debería estar involucrado el sector privado, el cual finalmente es quien cuenta con músculo económico para apoyar el desarrollo de las comunidades en estas regiones. Sin este tipo de presencia y oferta, es muy alto el riesgo de cooptación por la oferta de los grupos ilegales que hacen presencia en estos territorios, con un efecto irreversible sobre las comunidades, ya que implicaría la fragmentación de sus tejidos organizativos, así como la consolidación de las economías ilegales y de un control territorial impuesto por el poder de las armas.
La misión internacional de verificación sintetiza sus hallazgos con la frase “en los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene”; en otras palabras, las comunidades apoyan el proceso, pero con temor ante la falta de garantías en materia de seguridad, en medio de la incertidumbre causada por la falta de oferta de oportunidades económicas y sociales – sobre todo para las mujeres - por parte del Estado y del sector privado, y con un profundo desconocimiento de muchos aspectos del acuerdo a causa de la ausencia de una pedagogía de paz en las regiones.
Es así como la misión ya enuncia algunas de sus recomendaciones al gobierno colombiano:
- Es fundamental que se implementen mecanismos para hacer realidad la construcción de paz desde los territorios y para garantizar la participación política.
- Igualmente, es fundamental que existan programas de pedagogía para la paz que, hasta la fecha, no se han implementado o no han llegado a los territorios visitados.
- Es necesario que haya una visión a largo plazo y que, además del desarrollo normativo necesario, se implementen programas para brindar oportunidades económicas y sociales reales y efectivas a toda la ciudadanía, es decir, a comunidades, habitantes de las ciudades y excombatientes, entre otros.