Julia Figueroa, abogada de la vida

Esta abogada fue perseguida por el extinto DAS y hoy teme por su vida.

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Julia Figueroa frente a su despacho en Bucaramanga, donde atentaron contra su vida. / Tom Laffay

Julia Figueroa desciende todos los días de una camioneta Toyota Prado blindada y junto a dos escoltas que tienen chalecos antibalas y pistolas 9 milímetros. Es la rutina para llegar hasta la oficina donde casi la matan en febrero de 2016. El hecho sucedió en Bucaramanga (Santander), donde Figueroa y otras siete mujeres tienen las oficinas del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, fundado en 2001.

Desde esa época, Figueroa y sus compañeras se volvieron constantes en la lucha contra la impunidad y la defensa del territorio en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio y Gumacó. Se hicieron abogadas de derechos humanos en medio de las balas de quienes las acusaban de pertenecer a las Farc. Pero nunca abandonaron el camino de defender a las víctimas de falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros de la Fuerza Pública. A la fecha han documentado 65 casos que corresponden a 79 víctimas y acompañan seis procesos por estos crímenes de lesa humanidad.

Como en el pasado, Figueroa, junto a las otras juristas, teme por su vida. Antes, el que la persiguió fue el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que la tenía registrada en sus bases de datos como: “izquierdista, mujer radical de carácter fuerte”, dice un informe de inteligencia del año 2005. Ahora, ese estigma no se ha borrado de la memoria de las autoridades con las que tiene que lidiar. Su trabajo aún es considerado por militares, dice, como un trabajo “izquierdista”.

Como sus escoltas, Figueroa también tiene un chaleco antibalas, prensado en su cuerpo todo el tiempo. No se siente tranquila cuando camina con su equipo de abogadas por las calles de Bucaramanga. Tres veces ha sido perseguida mientras transitaba a sólo unas cuadras de su oficina. Eso la llevó a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la gravedad de los ataques de los últimos meses.

Los años de 2010 a 2014 fueron de zozobra. La persecución personal y jurídica que vivieron, resalta Figueroa, obligó a una de sus compañeras a salir temporalmente del país.

“En este período se registró por lo menos una amenaza de bomba, un atentado de bomba, tres amenazas directas, por lo menos seis amenazas verbales y escritas, tres asaltos contra diferentes integrantes del colectivo de abogados, tres robos de información sensible, aparición de un falso testigo que arremetió contra los procesos de ejecuciones extrajudiciales, seis manipulaciones de las redes electrónicas y de seguridad de la oficina y tres seguimientos abiertos en calles y restaurantes a las integrantes de la organización”, refirió el informe del Cajar.

En agosto de 2016 la Unidad Nacional de Protección (UNP) dictaminó que el nivel de riesgo de la abogada Figueroa era alto y desde entonces le implementaron un esquema de seguridad “duro” que aún conserva.