Gobernación creó gerencia para atender a esta población

Indígenas en Cundinamarca: ¿raíces sin territorio?

La administración departamental adelanta acciones para caracterizar y fortalecer comunidades avaladas por el Ministerio del Interior, como la comunidad muisca de Sesquilé, e impulsar a las que no cuentan con respaldo jurídico, como la pijao de Soacha.

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Observatorio astronómico muisca de Sesquilé./ Fotos: Cristian Garavito

La lucha por el territorio ha sido la mayor batalla que han librado las comunidades indígenas del departamento de Cundinamarca. Aunque por años lo hicieron solas, hoy cuentan con un organismo oficial que las está caracterizando y respaldando. Un ejemplo es la comunidad muisca del municipio de Sesquilé, ubicada en la tierra sagrada del Cerro de las Tres Viejas, integrada por 133 personas que hoy, de la mano de la Gobernación, buscan ser reconocidas como resguardo.

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Según narra su gobernador, Rafael Ernesto Mamanché, su pueblo estaba asentado en ese territorio desde antes de la Conquista, pero debido al proceso de colonización, así como a megaproyectos, muchas de sus tierras fueron parceladas y vendidas a otros. Tanto así que el último registro de un resguardo indígena en ese municipio data de 1960, según cuenta.

Hoy esta comunidad se encuentra en un proceso para ser reconocida como resguardo indígena y de esta manera obtener su autonomía. El trámite lo iniciaron hace una década con su reorganización y reasentamiento, tras la adquisición de un pequeño terreno en ese cerro, que con el paso del tiempo han ido ampliando.

El trabajo ha sido arduo, pues para que una comunidad sea reconocida como resguardo por el Ministerio del Interior (con lo cual obtienen independencia jurídica y administrativa, además de beneficios para su población) deben cumplir requisitos como contar con medicina tradicional, lengua, territorio, usos y costumbres, cosmogonía y cosmovisión, que son avalados mediante una serie de estudios y trámites, que en el caso de Sesquilé están muy avanzados. No obstante, les falta un paso para llegar a su objetivo: la delimitación precisa, decisión que está en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

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“Si no somos reconocidos como resguardo no podemos tener voz ni voto en la comisión del Plan de Ordenamiento Territorial, ni contratar directamente con nadie. Estamos limitados en nuestra educación. No podemos generar estrategias sostenibles, porque necesitamos más tierra para la producción agrícola, para desarrollar nuestros usos y costumbres. Todo eso nos limita, porque no contamos con un gobierno propio”, enfatizó el gobernador Mamanché, quien no pierde su entusiasmo, al tener como referentes las comunidades muiscas de Cota y Chía, que entre ambas suman una población de 4.883 personas y un territorio de 572 hectáreas y ya están reconocidas como resguardo.

Territorio sagrado

Mientras no se concrete su legalización, tanto este líder como todos los miembros de su comunidad deben seguir laborando en cosas ajenas y alejadas a su resguardo para poder subsistir. No obstante, el tiempo en comunidad es sagrado para ellos. Aunque viven al pie de la montaña, todos los fines de semana se desplazan hasta la parte alta del cerro, donde se reúnen para el almuerzo comunitario de los domingos, así como para los rituales (según la fecha del año) y las asambleas mensuales, en las que revisan aspectos administrativos.

Para ellos, estas reuniones son irreemplazables, pues sacan a cada muisca de su contexto cotidiano y lo devuelven a esta zona boscosa y húmeda del municipio, donde se pueden ver algunas construcciones en materiales como bahareque, guadua, paja y esterilla, que forman espacios de encuentros como la casa ceremonial, el taller de cerámica, casa de mujeres, terrazas de cultivo y el salón donde reciben a los visitantes.

“Sesquilé significa camino a la cabeza y ser muisca significa gente, es decir que partimos de todos los valores con el fin de comprender a los otros. Es aprender a ser humildes, no es agachar la cabeza, es entender por qué estamos acá. Como comunidad pedimos que respeten nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestros niños, porque, por más desarrollo que se quiera, no es necesario que pasen por encima nuestro. Hay muchas maneras de generar desarrollo, partiendo también de diferentes bases”, agregó Mamanché.

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Como esta comunidad muisca, están las comunidades kichwa del mismo municipio y je’eruriwa de Medina (Cundinamarca) también están a la espera de que en los próximos meses se las reconozca como resguardo. De esta manera podrán dedicarse de lleno al desarrollo de su comunidad, al trabajo agrícola y a la creación de cerámicas y tejidos que, a la par de que les permitirían conservar su cosmovisión, significarían un desarrollo económico.

¿Un renacer indígena?

Si bien estas comunidades indígenas de Cundinamarca ya se han ganado un espacio y un reconocimiento, el panorama es más amplio. Según datos de la Gobernación, hay más de 20 grupos que se han asentado en el departamento, especialmente a las afueras de Bogotá, provenientes de otras regiones del país y que aún no cuentan con un respaldo del Ministerio del Interior, lo cual las hace invisibles ante posibles ayudas estatales o beneficios. Muchas de ellas, hoy en Soacha, Madrid, La Mesa, Tocancipá, Funza, Cogua, Bojacá, Junín, Nocaima y Sasaima, se desplazan debido a la falta de oportunidades en sus territorios originarios y a problemáticas de violencia, lo que las convierte en una población flotante.

Un ejemplo son los pijaos, asentados en Cazucá, en la Comuna 4 del municipio de Soacha, a donde llegaron desplazados del Tolima desde el 2000, algunos en busca de oportunidades y otros debido al conflicto armado. Actualmente hay allí 70 familias que en medio del contexto citadino buscan mantener vivas sus costumbres. Así lo indica el gobernador Jhon Jairo Ducuara: “Nuestros vecinos se asombran de cómo tenemos usos y costumbres, a pesar de que no estamos en nuestro territorio original. Esto no quiere decir que lo vamos a dejar, yo llevo la sangre indígena en mis venas. Nosotros buscamos fortalecernos en contexto de ciudad”.

Durante estos años los pijaos han buscado hacer valer sus derechos como indígenas, se han organizado y han recuperado su lengua, pero reclaman un territorio donde puedan desarrollar con más fuerza sus rituales y artesanías, pues saben que, aunque la ciudad les otorga oportunidades como estudio, trabajo y vivienda, ellos también pueden aportar a los cundinamarqueses y bogotanos una visión alternativa de vida y de la espiritualidad. Por ello, aunque reconoce que desde el Distrito y la Gobernación se han puesto en marcha acciones para integrarlos al intercambio de saberes y a programas de gestión social, el líder pijao señala que en el país falta más reconocimiento para las “mal llamadas minorías”.

“Nos toca adaptarnos aunque estemos fuera de nuestro hábitat. Comerse una hamburguesa en la ciudad no es dejar nuestras raíces, porque tenemos nuestros usos y costumbres y eso no nos lo quita nadie. Hay niños que se autorreconocen como indígenas, pero hay otros que cuando llegan a la ciudad se confunden y se preguntan por su identidad”, agregó el líder Ducuara.

Buscando su caracterización

Todas estas realidades hoy son más visibles para las autoridades gracias a que desde el año pasado la Gobernación adelanta un trabajo a través del cual busca tener un panorama integral. Esta misión quedó a cargo de la Gerencia de Comunidades Étnicas y Comunidades LGBTI, que busca caracterizar y apoyar a las comunidades indígenas que están reconocidas e impulsar a las que aún no lo están, para articularlas con otras dependencias departamentales y de esta manera encontrar el camino para superar sus necesidades.

“Cuando llegamos al departamento encontramos que no existía una caracterización de esta población. Incluso se sabía muy vagamente que había comunidades indígenas en Cundinamarca. Lo que se ha venido haciendo, mediante la iniciativa ‘Cundinamarca es indígena’, es entablar un diálogo con ellas y realizar un proceso etnográfico involucrando a la misma población, con el fin de realizar un autodiagnóstico”, señaló Claudio Alejandro Rodríguez, gerente de la dependencia gubernamental.

Para lograrlo, entre octubre y diciembre de 2017 se realizó un estudio que involucró a las cinco comunidades registradas ante el Ministerio del Interior, el cual le permitió a la Gobernación identificar la situación socioeconómica, la apropiación de su cultura y demás necesidades y fortalezas de los resguardos en el departamento.

“Nos hemos enfocado en diagnosticar a la población reconocida y a unas comunidades que están en municipios que colindan con Bogotá”, agregó Rodríguez. La idea al final es crear una política pública que garantice su supervivencia y que genere rutas de atención integral a otras comunidades asentadas en el departamento, la cual se dará a conocer antes de finalizar el año.

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A pesar de que es claro que el panorama de los indígenas en Cundinamarca sigue siendo complejo, al menos avanzan iniciativas oficiales que apuntan a mejorar las condiciones, no sólo de las cinco comunidades indígenas “oficiales”, sino de las que apenas empiezan el camino para ser reconocidas en un territorio ajeno.