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La cifra polémica que ha desatado una fuerte preocupación al interior del Gobierno de Iván Duque es la que se registra en el inicio de este 2019. Solo en los primeros 14 días del año han sido asesinados siete líderes sociales en todo el país, sin tener claro, hasta la fecha, qué está pasando con esta población afectada en su máxima expresión luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, en Colombia asesinaron a 431 líderes y defensores de derechos humanos.
La tormenta ha crecido luego de que una de las entidades encargadas de monitorear y actuar frente a este fenómeno, es decir, la Alta Consejería para los Derechos Humanos en cabeza de Francisco Barbosa, asegurara que “al terminar el gobierno de Juan Manuel Santos encontramos a cientos de líderes sociales asesinados. Ni siquiera entregaron un informe de la implementación del acuerdo de paz, ni un balance sobre la tragedia de los líderes”, escribió el funcionario en su red social Twitter.
Así, por ejemplo, de los 9745 casos analizados el Gobierno nacional ha protegido a más de 6200 líderes con alta vulnerabilidad en el marco del conflicto armado o como consecuencia de sus funciones o actividades políticas y sociales, dice el documento. El resto de la información que pide el funcionario Barbosa, es decir, desde 2010 hasta 2016 está detallada año a año en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dijo Rivera.
Esa respuesta se produjo ante la inquietud que planteó el funcionario del Gobierno Duque, asegurando que “no tenemos cifras de líderes sociales para comparar, porque aquí parece que no hubo muertes de líderes entre 2010 y 2016”.
Así las cosas, las cifras existen, pero no en un informe consolidado desde 2010 hasta 2016 como lo pide el consejero Barbosa, aunque se pueden consultar en el Ministerio del Interior. “Esto es responsabilidad nuestra y por eso lo estamos asumiendo. Vamos a hacerle frente a este asunto para responder de forma rápida a lo que ha venido ocurriendo con los líderes sociales, entre otras cosas, esclarecer los casos que se reportan diariamente, pues tienen que ser validados y en eso nos está ayudando Naciones Unidas”, concluyó Barbosa.
Por su parte, Paula Gaviria, quien fuera la alta consejera para los Derechos Humanos del gobierno Santos, dijo que "en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el asesinato de líderes sociales fue una prioridad. En el empalme le entregamos al Consejero Francisco Barbosa un documento de balance, con acciones y recomendaciones".