En el sur de Córdoba hay complicidad entre las autoridades y los grupos ilegales: líder social

Andrés Chica Durango, líder social, denunció que en el sur de Córdoba la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos no la están asumiendo las autoridades. A esto se suma que las personas no se atreven a denunciar porque inmediatamente son amenazados.

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Andrés Chica es líder de sustitución de cultivos de uso ilícito en el departamento de Córdoba. / Óscar Pérez - El Espectador.

“Nos ha pasado que ponemos una denuncia en la Policía y no hemos salido cuando ya el comandante paramilitar nos llama a decirnos que estábamos denunciando, que ellos ya saben”, dijo Andrés Chica Durango, líder social del sur de Córdoba en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito.

La situación que denuncia sucede en los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré, especialmente, en los que existe el programa de sustitución y donde los líderes son constantemente amenazados por al menos cinco actores armados al margen de la ley.

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Las amenazas y violaciones, dijo Chica, no se denuncian porque: “No hay confianza en la Fiscalía. Incluso podría pasar que los fiscales están amenazados, pero es claro que hay una connivencia de manera coercitiva o voluntaria en nuestro territorio”. Esta denuncia la hizo en una rueda de prensa convocada por Colombia2020, Fescol y Pnud, este martes 10 de julio.

Chica hizo énfasis en que, a partir de esa guerra entre los actores armados y su guerra por el control del narcotráfico, se han registrado desplazamientos forzados y asesinatos. “Nada más en San José de Uré han matado a seis personas que le apostaron al programa de sustitución de cultivos. Ayer tuvimos que sacar a cinco personas de Valencia porque fueron amenazados por un supuesto disidente de las Farc”, dijo.

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Los actores armados que se disputan el territorio son el Clan del Golfo, quienes allí se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia; el grupo Los Caparrapos; un grupo conformado por dos disidentes de las Farc, “Carnitas” y “Dumar” y otra organización al servicio del Cartel de Sinaloa.

Todo esto ha desembocado en que la defensa de los derechos humanos disminuya, pues las Juntas de Acción Comunal, el primer escenario de liderazgo, han sido amedrentadas y abordadas por actores armados. “De 110 Juntas en Puerto Libertados, 38 han renunciado”, puntualizó el líder.

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Respecto a la protección de estas personas, Chica fue enfático en que las autoridades locales no están comprometidas. “Si el señor presidente emite un decreto que les dice a las gobernaciones que deben proteger a los líderes, pero el secretario del interior dice que no demos papaya, y luego los alcaldes y gobernadores dicen que no hay plata para la protección, pues estamos haciendo saludos a la bandera”.