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La amenaza era contundente. En pocas palabras, si Deyanira Ballestas no se iba del municipio de San Pablo, Bolívar, perdería la vida: “Qué pena con usted señora, se tiene que ir de esta región o la asesino; usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana. ¿Me entendió?”.
Para la profesora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y Comercial IETAC, la intimidación recibida vía telefónica no tenía sentido y, aunque trató de indagar el motivo, no obtuvo respuesta. “¿Qué mal he hecho? ¿El hecho de trabajar es malo? ¿El hecho de haber elevado un centro educativo es malo? No le veo cuál es el problema”, aseguró a su interlocutor quien se identificó como Carlos Mario.
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La profesora finalmente se vio obligada a abandonar el municipio y manifestó que ha recibido acompañamiento de la Secretaría de Educación y de la Policía en San Pablo. Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), además de repudiar el hecho, solicitó al Gobierno Nacional garantizar las medidas de seguridad para los docentes en el país. “La escuela es territorio de paz”, manifestaron. Además, no es la primera vez que Deyanira recibe amenazas, pues ya en junio de 2017 había solicitado traslado cuando se desempeñaba como rectora en el centro educativo Buenavista, del municipio de Santa Rosa, también en el sur de Bolívar.
La amenaza contra la docente puso a sonar un alias que, aunque para algunos no decía nada, en el fondo revela una compleja confluencia de actores armados en el sur de Bolívar. El nombre de Carlos Mario, como se identificó el hombre que realizó la llamada telefónica amenazante a la profesora, resuena en esta región del país.
De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, aunque no hay precisión respecto a la identidad de alias Carlos Mario, dicho nombre es bien conocido en las comunidades del sur de Bolívar y en La Mojana sucreña. En estas zonas, particularmente en los municipios de Simití, San Pablo, Santa Rosa y Cantagallo, existe un fuerte control por parte de grupos armados compuestos por desmovilizados de antiguas estructuras paramilitares desintegradas en el proceso de Justicia y Paz de 2005.
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Según Ávila, se trata de una región “que no sintió la desmovilización de los grupos paramilitares” y en la que los grupos armados tienen nexos con el clan del Golfo -también conocido como el clan Úsuga o como las Autodefensas Gaitanistas-, con el cual es relacionado alias Carlos Mario.
A eso se suma que en la región existe fuerte presencia histórica de cultivos de uso ilícito y de laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína que han sido, además, el motor del conflicto en esta región donde también está presente la guerrilla del Eln. Por ejemplo, llama la atención lo que sucede en el municipio de Guaranda, al sur del departamento de Sucre y cercano a los municipios del sur de Bolívar, una zona que al parecer funciona como un centro de operaciones de estos grupos armados para extorsiones y despachos de droga, y en la que el Estado no tiene mayor presencia.
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Santiago Camargo, director del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, señala que la presencia de la Fuerza Pública en la región se concentra particularmente en acciones contra el Eln, pero no contra los otros grupos armados que también realizan operaciones en dichos municipios. Frente al nombre de Carlos Mario, Camargo muestra reservas, pues asegura que la información existente aún no está confirmada y que las versiones preliminares tienen vacíos. Por eso pide que la Fiscalía determine la veracidad de la información que señala a este presunto jefe paramilitar como responsable de la amenaza.
Para Ariel Ávila la situación deja ver el especial riesgo que corren los líderes sociales en esa zona, en especial los docentes, pues muchas veces no residen en los lugares en los que trabajan y se ven obligados a entrar y salir constantemente de los municipios, por lo que son señalados de “sapos” por los grupos ilegales.