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En Bojayá, la guerra no acaba

Una zona históricamente afectada por el conflicto armado sigue amenazada por la presencia del Eln, homicidios, intimidaciones y reclutamiento forzado.

Juliana Jaimes
26 de mayo de 2018 - 02:30 a. m.
Bojayá fue el escenario de una masacre: 79 personas, incluidos niños, murieron por un cilindro bomba. / Gabriel Aponte
Bojayá fue el escenario de una masacre: 79 personas, incluidos niños, murieron por un cilindro bomba. / Gabriel Aponte

“Oiga, señor presidente, hágasenos para acá y con esos otros grupos díganos qué va a pasar”. Así empieza uno de los cantos tradicionales del Chocó, más conocidos como alabaos. Un fragmento que el grupo de cantaoras de Pogue, un corregimiento de Bojayá (Chocó), interpretó ante todo el país en la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno en septiembre de 2016, en Cartagena. Hoy, dos años después, esa pregunta sigue resonando en la cabeza de los habitantes de Bojayá, que aún se enfrentan a los vejámenes del conflicto armado.

En Pogue todavía temen por sus vidas y su territorio. El pasado 13 de mayo, en la celebración del Día de la Madre que se realizaba en el centro de integración del corregimiento, varios hombres uniformados con distintivos del Eln —guerrilla que está en diálogos de paz con el Gobierno— llegaron al lugar. Rosendo Blandón, líder del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), le dijo a El Espectador que hubo provocaciones a la comunidad, desde insultos a una persona por no mover una mesa, hasta presionar a una mujer para que bailara con ellos.

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Luego llegó la tragedia. Una de las mujeres de la fiesta se negó a bailar con uno de los guerrilleros que se lo exigió después de que ella, estando junto a su esposo, había dicho que no. Cuando el marido de la señora se levantó a defender a la mujer, uno de los guerrilleros sacó un arma y, en medio de la discusión, un joven que intentó calmar las cosas terminó siendo asesinado. El esposo de la mujer tuvo que huir de Pogue, porque lo amenazaron.

Las alarmas llegaron al Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Icesi y al Centro Nacional de Memoria Histórica, quienes emitieron una alerta hace unos días. En un comunicado explicaron que al pueblo de Pogue le han “imposibilitado la comunicación, la movilización y han amenazado a sus líderes sociales”. Blandón dijo a este diario que la zona en la que sí hay señal de celular ha sido custodiada por el grupo armado, lo que ha impedido que la comunidad pueda denunciar lo sucedido.

“En algunas comunidades hay puntos específicos en donde entra la señal, en el caso de Pogue es un cerro. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones violentas, los señores combatientes siempre buscan esos puntos para que la gente no tenga acceso ni a información ni a comunicación”.

El líder social del Cocomacia afirmó que Bojayá sigue siendo amenazado por grupos armados y que la situación cada vez empeora más. En febrero se registró la muerte de un joven en uno de los corregimientos; en marzo, la de otro joven en Apogadó, el resguardo indígena de Bojayá, que se suman a la muerte más reciente del joven en Pogue hace dos semanas.

La comunidad asegura que el responsable de estos hechos es el Eln que, además, estaría reclutando jóvenes en la región. “Nosotros pedimos que haya un alto en el camino por parte de los grupos armados y que reconozcan que Bojayá ha sufrido mucho por la violencia y no queremos más muertos. Esperamos que el Gobierno cumpla con su papel. Nos habían dicho que los territorios que habían sido desocupados por las Farc iban a ser ocupados por la Fuerza Pública y eso no se está cumpliendo”, señala Blandón

El Espectador intentó comunicarse con autoridades del Ejército y el Ministerio de Defensa en la zona, pero nadie dio respuestas. No obstante, este diario pudo establecer que se han hecho en la zona comités regionales para atender la situación de violencia en Bojayá. Y el defensor regional del Chocó, Luis Murillo, aseguró que esta grave situación de inseguridad había sido denunciada por la entidad desde el pasado 24 de enero en una alerta temprana.

“Advertimos el riesgo que hay frente a la situación de derechos humanos de esta población de zona rural de Bojayá y ahí identificamos a Pogue como una de las zonas de alto riesgo”, señaló Murillo, al indicar que se han hecho reuniones en las que se acordó que la Fuerza Pública debía tomar acciones para mejorar las condiciones de seguridad y de protección para esos territorios. “Pero ha habido situaciones de violencia que dan cuenta del agravamiento de la situación de derechos para las familias afros e indígenas”, manifestó.

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Entre tanto, la comunidad sigue en zozobra. “No me parece bien que una comunidad que está aportando con su grano de arena a la construcción de la paz vuelva a ser atacada”, afirma Noency Mosquera Martínez, quien pertenece al Bongo de Bojayá. Se trata de una agrupación tradicional que viajó a Noruega en 2016 a acompañar al presidente Santos a recibir el premio Nobel de Paz. “Ese premio hay que defenderlo. Si nos ganamos el Nobel de Paz no podemos seguir con más violencia y menos en Bojayá, donde estamos tratando de mostrar ese proceso de resiliencia de la comunidad, de las cantaoras, las madres cabeza de familia y los agricultores”.

La comunidad de Bojayá ha sido históricamente víctima de la guerra. Las Farc y grupos paramilitares han sido sus mayores victimarios. La ausencia del Estado y la falta de control han convertido este lugar en un flanco perfecto para la violencia. También fue el escenario de una masacre del 2 de mayo de 2002, cuando las Farc y los paramilitares se enfrentaron por el control del Medio Atrato y un cilindro bomba cayó sobre la iglesia en donde se refugiaba la población. El saldo fue de al menos 79 personas muertas, 110 heridos y 1.744 familias desplazadas.

Pogue es un corregimiento que se reconoce por las cantaoras tradicionales de alabaos que recuerdan los muertos que el conflicto armado les ha dejado a lo largo de los años. Sus cantos son de dolor, pero también son de resistencia, pues se niegan a olvidar y a dejar en impunidad la violencia que ha marcado la historia de su territorio. Esos mismos cantos que el Gobierno utilizó como representación simbólica del proceso de paz, siguen resonando cada vez con más fuerza y exigiendo respuestas, pues para ellos la guerra no ha terminado aún.

Por Juliana Jaimes

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