Visita a Colombia de Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados

El reto de integrar a los desplazados a la ciudad

La Unidad de Víctimas firmó un memorando de entendimiento con ACNUR para llevar soluciones duraderas a la población desplazada que está en áreas urbanas. Grandi dice que la formalización de predios debe ser prioridad en el posconflicto.

gs_soacha_-_1.jpg

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi (izq.) junto a Alan Jara, el director de la Unidad de Víctimas, durante su visita a Altos de la Florida, en el municipio de Soacha. / Gustavo Torrijos
Gustavo Torrijos

La visita a Colombia de Filippo Grandi, cabeza del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), que fue a zonas urbanas de Cúcuta y del municipio de Soacha, trae un mensaje clave para el posconflicto: el problema del desplazamiento no es exclusivo de las regiones, el enfoque territorial de los acuerdos de paz será insuficiente si no se atiende a la población desplazada que está en áreas urbanas y no quiere regresar a sus tierras. Grandi dijo que en el “momento histórico” de la paz, organizaciones como Acnur esperan que se active un compromiso serio por llevar soluciones duraderas a todas las víctimas del desplazamiento, tanto las que esperan la restitución de sus tierras como las que necesitan integrarse a las ciudades.

En Colombia están registrados 6’803.961 desplazados desde 1985 en el Registro Único de Víctimas (RUV). Eso es el 14 % de la población del país. De los desplazados, más del 50 % se concentra en 27 centros urbanos. Según Grandi, entre las soluciones para el desplazamiento impulsadas por el Gobierno están la restitución de tierras y otros asuntos que apuntan a lo rural y que estos son esfuerzos mundialmente reconocidos, pero el hecho es que la mayoría de desplazados han llegado a las ciudades. “En unos años se podrá decir que no hay desplazados en Colombia, entonces los que no quisieron volver a sus tierras tienen que tener empleo, acceso a servicios públicos … el objetivo final es que se logren integrar a la sociedad”. Para que esto ocurra, dice Grandi, “la legalización de su estadía en comunidades urbanas es quizá la mayor prioridad de cara al posconflicto”.

En Altos de la Florida, sector que visitó Grandi en la Comuna VI del municipio de Soacha, la comunidad lleva por lo menos seis años tratando de formalizar los predios de asentamientos que, ante la ausencia estatal, se formaron en medio de la ocupación y venta ilegal de las tierras. En 2010, una sentencia del Consejo de Estado ordenó a la alcaldía municipal proveer un servicio formal de acueducto y en cuatro meses definir la legalización del asentamiento. Pero sólo hasta diciembre del año pasado se legalizó el 49 % del segundo de los cuatro sectores de Altos de la Florida. Sin la formalización de los predios, los habitantes no tienen acceso a servicios públicos y siguen arrojados a la ilegalidad y vulnerabilidad.

El Estado apenas está despertando ante estas realidades urbanas y reconociendo que el enfoque rural no será suficiente en una fase de implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Esta vez, algo de institucionalidad acompañó la visita del Alto Comisionado. En Soacha, a Grandi lo acompañó Alan Jara, director de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), y el alcalde de Soacha, Eleázar González. Jara dice que en el marco de la visita se firmó un memorando de entendimiento entre la Uariv y la Acnur, y “como resultado se empezarán a hacer acciones puntuales, orientadas a que se pase de la atención humanitaria a soluciones duraderas y sostenibles”.

¿Eso qué significa? Según Jara, se trata de que la población víctima no viva del apoyo del Estado a título humanitario, sino que tenga su proyecto productivo, su proyecto de vida, y que su barrio sea normalizado. “Acnur ha venido trabajando en eso y vamos a apoyar. Hay proyectos piloto en Cúcuta, en Villavicencio, porque no todas las víctimas pueden o quieren regresar al terreno. Una de las estrategias es la formalización de barrios, así como los proyectos productivos y que reconstruyan el tejido social. Este es un reto importante porque dentro de una misma comunidad –como aquí en Soacha- se pueden encontrar víctimas de los paramilitares, de la guerrilla, de otros grupos, y personas que no son víctimas pero sí son vulnerables”.

El reto se hace mayor si se tiene en cuenta que, como el desplazamiento no se ha acabado en Colombia (sólo en 2015 se registraron 224 mil nuevos desplazados), en áreas urbanas como Altos de la Florida se siguen reproduciendo prácticas de ocupación y venta ilegal de la tierra. Es tan evidente esta problemática que a escasos 200 metros de la escuela que visitó Grandi y su comitiva, se ve el inicio de una nueva ocupación ilegal. Y muy pocos se atreven a denunciarlo. “Así, con casitas de madera y tejas, sobre una pendiente, comienza la invasión que le hace daño a toda la comunidad que lleva aquí años tratando de formalizar los predios. Esos son los ‘tierreros’, que siguen vendiendo lotes a familias necesitadas, sin importar que estén en zonas de riesgo”, dice uno de los habitantes.

Hay realidades un poco menos complejas en otras partes del país. Antes de pasar por Soacha, Grandi estuvo en los barrios de Manuela Beltrán y Las Delicias, a las afueras de Cúcuta, ciudad donde está la mitad de los 180 mil desplazados de Norte de Santander. Ambos son asentamientos que recientemente fueron legalizados después de vivir en la informalidad y sin servicios públicos durante más de una década. Este es un caso de éxito frente a la compleja realidad de Soacha, y una muestra de que en una etapa de posacuerdo, si se tienen la voluntad y los recursos, es posible llevar soluciones duraderas a la población desplazada que prefiere integrarse a los espacios urbanos.