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El mayor Julio César Parga Rivas no pedirá disculpas. A nadie. No tiene por qué. Lo asegura en un breve diálogo telefónico que se dio repentinamente después de buscarlo durante varias semanas. El mayor no quiere pedir perdón públicamente a los familiares ni a las víctimas, pese a que tuvo que ver con el homicidio de 43 personas. No quiso hablar porque para él esos hechos ya son pasado. Prefirió guardar silencio justo por la época en que la señora Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, vino a Colombia por primera vez a indagar sobre los “falsos positivos".
Diálogo telefónico con el mayor Julio César Parga Rivas.
Agosto de 2017
?Andrés Córdoba: Quisiera abordar algunos temas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Tiene la disponibilidad para hacerlo?
?Mayor Parga Rivas: Me agrada saludarlo. En este momento… la verdad. Eso ya pasó. Yo no soy nadie para estar hablando de lo que ocurrió. Lo que tenía que decir ya lo dije a la Fiscalía, creo que son ellos los que tienen que contarle (…).
Hace algunos años conocí el nombre del mayor. Se le mencionaba de manera intermitente en las largas conversaciones que tenía con familiares y amigos de las víctimas de “falsos positivos” de la ciudad de Popayán o con abogados que les hacían seguimiento a casos en que se le vinculaba por los mismos hechos o con periodistas a los que buscaba incansablemente para indagar sobre el tema. Escuché que el mayor Parga Rivas autorizó la ejecución de tres misiones tácticas: Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, donde fueron asesinados cuatro jóvenes provenientes de la Comuna Siete de la capital caucana en zonas rurales del departamento de Córdoba.
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Un patrón común que se repitió en otras regiones de Colombia. Personas llevadas a través de engaños o por la fuerza desde sus lugares de origen hacia otras tierras. Para quitarles la vida. Para presentarlos como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. La Coordinación-Colombia-Europa-Estados-Unidos registró 3.512 casos entre los años 2002 y 2010. Período que duró el mandato del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del partido político Centro Democrático.
Pie de foto: Diyer, Yeison, Efrén y Balbino, fueron los cuatro jóvenes de la ciudad de Popayán asesinados por miembros del Grupo Gaula de Córdoba en el 2007.
Un dato abultado que se puede quedar corto. No solo porque las cifras podrían aumentar, sino porque aún se desconocen los detalles de cómo se cometieron estos delitos, más allá de creer que fueron solamente soldados matando civiles.
?Andrés Córdoba: Hay hechos que deben aclararse...
?Mayor Parga Rivas: No tengo nada que aclararle a nadie. De pronto a Dios, cuando esté allá, que las cosas que se hicieron bien o se hicieron mal, pero ya. Eso no hace parte de mi vida. Me da pena no poderle ayudar. Pero sí le puedo colaborar en otras cosas. Yo estudié, yo soy profesional.
Después de que bajo el gobierno de Uribe Vélez se expidiera la Directiva Ministerial Permanente No. 29 de 2005, la cual promovía el desarrollo de criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia, entre otras actividades, la presión para obtener resultados recayó sobre las líneas de mando de las unidades militares del Ejército Nacional.
Algunos, para responder a estas exigencias y buscando otro tipo de beneficios, comenzaron a tejer una serie de alianzas que tendrían como resultados acciones criminales que estremecieron al país. El Grupo Gaula de Córdoba es un ejemplo de ello. Según el informe de Human Rights Watch “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, entre 2006 y 2007 fue la unidad de la Decimoprimera Brigada que más bajas reportó: 52 “falsos positivos” en total.
Según las declaraciones del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien hizo parte del Gaula de Córdoba desde su creación, durante el año 2006 las extorsiones en el departamento se habían disparado. “Como la política para medir operacionalmente a una unidad militar eran las muertes en combate, el mayor Óscar Alberto Acuña Arroyo, presionado y con los deseos de mostrar resultados, diseñó un plan para obtenerlos”, mencionó el 2 de febrero de 2012 en una indagatoria ante la Fiscalía.
Óscar Alberto Acuña, entonces comandante del Grupo Gaula Córdoba, se reunió con Jorge Elías Fontalvo, detective del extinto DAS; con Jesús David Cartagena, miembro del CTI, y con Antonio Rozo Valbuena, capitán del Gaula. La alianza surgió y la primera tarea no se hizo esperar. Acordaron que para dar las bajas debían recibir una noticia criminal, una denuncia que les permitiera “amarrar” las muertes en combate. No se permitieron más las capturas, desde ese momento solo se aceptarían bajas.
“Eso me lo dijeron Fontalvo y Cartagena. Ellos verificarían el lugar de los hechos antes de informar a las autoridades competentes para que realizaran el levantamiento de los cadáveres, de tal manera que tendrían tiempo para alterar la escena si fuese necesario, es decir, manipular los cuerpos o los elementos materiales probatorios”, declaró Rozo Valbuena.
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Furia 19 fue una de las primeras misiones tácticas del Grupo Gaula de Córdoba que se llevaron a cabo para obtener estos resultados. Se realizó el 16 de agosto de 2006 en la vereda la Victoria del municipio de Montería. En ese momento se reportó la muerte de dos supuestos extorsionistas que luego serían identificados. Cartagena y Fontalvo verificaron que todo estuviera en orden y dieron el visto bueno para que la Policía Judicial del CTI y el Fiscal de turno llegaran a realizar el levantamiento. Las felicitaciones del mayor Acuña no se hicieron esperar. Todo había quedado dentro de la legalidad. La escena había quedado bien ‘amarrada’. “Así deben seguirse haciendo las bajas”, dijo Acuña.
?Andrés Córdoba: ¿Cuál es su situación hoy en día?
?Mayor Parga Rivas: Aquí en el centro de reclusión nos dan becas, capacitaciones de estudio y lo único que podemos hacer es estudiar todos los días. Y todos los días tenemos que trabajar (…) Esa es mi vida, trabajar, porque mis hijos tienen que comer, tienen que ir a colegio (...)
En diciembre de 2006, Julio César Parga Rivas asumió la comandancia del Grupo Gaula de Córdoba, que estaba en manos de Óscar Alberto Acuña. Las cosas no cambiaron con su arribo. Encontró en el capitán Antonio Rozo Valbuena un gran aliado para seguir reportando civiles como delincuentes muertos en combate. Bajo su mando, según información de la Fiscalía, el número de bajas aumentó. Durante el año 2007 se intensificaron las operaciones y misiones tácticas. Para esa misma época, Katia Jiménez, directora de la Unidad de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía en Montería, manifestaba ante los medios de comunicación su preocupación por la desaparición de 53 jóvenes. Muchos de ellos fueron hallados muertos.
Entre los años 2006 y 2007, según su hoja de vida militar, Parga obtuvo 39 felicitaciones por parte de los comandantes de la Décima Primera Brigada o Séptima División a la que pertenecía. Un logro que no había conseguido nunca desde el año de 1993, cuando ganó su primera distinción dentro de las Fuerzas Armadas, al ser el primero en un campeonato de tiro.
No fue el único en obtener reconocimientos numerosos en tan poco tiempo. El capitán Rozo Valbuena acumuló 41 en estos dos años. ¿Los motivos? “Excelentes resultados de operaciones”, “criterio para el ejercicio de mando”, “obtención de resultados operacionales”, “coraje, arrojo, valentía, ímpetu, bravura, intrepidez demostradas en desarrollo de acciones contra el enemigo”, entre otras felicitaciones venidas de comandantes de Batallón, División y Grupo Gaula que reposan en los archivos militares.
Pie de foto: Entre los años 2006 y 2007, según su hoja de vida militar, el mayor Parga obtuvo 39 felicitaciones por parte de los comandantes de la Décima Primera Brigada o Séptima División a la que pertenecía.
Estas distinciones fueron producto de los resultados obtenidos a través de algunas órdenes de operaciones como Soberanía, Cascabel, Escorpión y Ébano, con las que se realizaron cerca de 25 misiones tácticas como Furia 19, Támesis, Minero, Mónaco 9, Júpiter 11, Apolo 22, Saturno 27, Orión 31 y Orestes 36, entre otras.
? Andrés Córdoba: Entiendo su posición, y yo hago mi trabajo…
? Mayor Parga: Está bien. Yo no estoy enojado. ¿Por qué me voy a enojar? Ese es su trabajo y tiene que ser así. Yo soy una persona que viví en la guerra. Eso hace parte del pasado. Ya no quiero hablar de eso, porque ni me suma ni me quita ni me llena (…).
Los soldados no participaban de lleno en todas las misiones. Moisés Cáceres, implicado dentro del desarrollo de operaciones, confesó que pese a no ser parte de una de las misiones tácticas, tuvo que ir al sitio de los hechos por orden del mayor Parga.
? ¿Por qué manifiesta que tenían que declarar como si el combate fuera real, es que no lo fue? ?preguntó el fiscal a Cáceres.
?Había un mayor que nos daba las órdenes de decir si había combate y así no hubiera participado, tenía que decir que sí, porque en la orden de operación íbamos todos inscritos ?dijo brevemente el soldado profesional en la indagatoria realizada en septiembre de 2012.
El capitán Rozo Valbuena dijo que los soldados siempre fueron engañados. “Fueron unos idiotas útiles para todos los procedimientos que realizamos en el año 2007, por eso señor fiscal hago la salvedad de que los soldados no tienen nada que ver en estos hechos”.
? Andrés Córdoba: Hay muchas familias que no supieron nada de sus hijos. ¿No le gustaría dar un mensaje?
Mayor Parga: No. Yo no tengo que mandarle mensajes a nadie. La verdad es que yo hice mi trabajo. De pronto estuvo mal o bien hecho. Yo no tengo que ir a recriminar a nadie si me ven como un héroe o si me ven como un asesino. Usted, por ejemplo, puede opinar lo que quiera de mí, y está bien. (…) Pero como las cosas ya ocurrieron ya no puedo echar nada para atrás. No me puedo cortar la cabeza para devolver a las personas. No me puedo cortar las venas para que me vean sufriendo. Simplemente, hice mi trabajo (…).
Pie de foto: Parga Rivas autorizó varias veces el uso de dinero de los Gastos Reservados para el pago pago a personas que nunca suministraron información.
El manejo del dinero destinado para la realización de operaciones es otro detalle por aclarar. ¿Cuánto se gastaron y en qué? En la Misión Táctica Júpiter 11, el mayor Parga firmó el comprobante y el acta de pago de información por 6 millones de pesos, dinero que provenía del rubro de Gastos Reservados del Gaula. Para la Fiscalía hubo una apropiación indebida del dinero, pues legalizaba las actas de pago de diferentes personas que nunca suministraron información.
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Parga Rivas autorizó varias veces el uso de dinero de los Gastos Reservados para seguir con el desarrollo de las misiones. Por ejemplo, se pagaron 4 millones de pesos según el Acta de Pago de Información 31, fechada el 20 de septiembre de 2007, “por concepto de información que condujo a la muerte en combate de dos N.N. en desarrollo de la Misión Táctica Antiextorsión Afrodita 26”. Esa misma cantidad se pagó para el desarrollo de la Misión Juno 13 bajo el acta 27. El 14 de junio de 2007 se autorizaron 3 millones y medio para Támesis 21.
En total se destinarían 87 millones de pesos para el supuesto pago de información, pero no fue así. El mismo mayor Parga, en indagatoria ante la Fiscalía el 1° de diciembre de 2011, aseguró que los gastos se hicieron para la compra de armas. “Pagos a otras personas que supuestamente son los informantes y que en realidad eran sapos que tenían conocimiento del pago de recompensas. En muchos hechos estas personas nos llevaron a hacer diferentes operaciones en las cuales los gastos se hicieron fuera de la ley, es decir, legalizándolos como pago de informantes que en realidad no existieron”.
Según sus declaraciones, el dinero fue usado muchas veces antes de la realización de las misiones. Se daba la plata a los oficiales responsables de los operativos, como a los tenientes Rozo Valbuena y Wílmar Criollo Lucumí, para el desarrollo de cada una de ellas. “Es por eso que deduzco que pudieron cometerse irregularidades en las operaciones. Acepto mi responsabilidad por peculado y mi conducta omisiva en lo sucedido”, dijo Parga.
? Andrés Córdoba: Fueron cerca de 45 asesinatos según la fiscalía y el juez, muchas familias en este tiempo de posconflicto, de reconciliación...
? Mayor Parga: No... es que para usted es asesinato. Esos nunca fueron asesinatos.
? Andrés Córdoba: ¿Entonces qué fueron?
? Mayor Parga: No... si usted cree que fueron asesinatos... tranquilo. Está bien.
El Grupo Gaula de Córdoba tejió en este período otra alianza: con bandas criminales. Muchos participaban en el desarrollo de las operaciones después de establecer contacto con las personas a cargo de los operativos. En la ejecución de la Misión Támesis 10, por ejemplo, se habla de la participación de dos sujetos: Luis Fernando Rosado, alias Tomate, y un desmovilizado de las Auc, el Pollo Lizcano.
? ¿Qué sabe usted de la intervención de dichos individuos? ?preguntó el fiscal a Antonio Rozo Valbuena en indagatoria el 19 de agosto de 2011.
? El Pollo Lizcano era informante de nuestra Red de Cooperantes. Pertenecía a las Autodefensas. Tenía a cargo el municipio de Pueblo Nuevo, conocía todos los movimientos que se realizaban ahí o en sus alrededores. Tenía injerencia y control sobre la población ?dijo el capitán.
La participación del Pollo Lizcano y de Tomate en Támesis 10, según Rozo Valbuena, la manejó el mayor Parga. De hecho, para esta misión el Mayor le entregó 5 millones de pesos para el pago de información suministrada por Lizcano, y para la compra de un revólver que podría servir como comodín en caso de que las víctimas no llevaran armas.
La Red de Cooperantes, una apuesta de Álvaro Uribe Vélez, que promovió la participación voluntaria de los ciudadanos para apoyar la lucha contra los grupos alzados en armas, se convirtió en esta zona del país en un grupo de delincuentes, cómplices de varios delitos. Además de estar conformada por personajes como Lizcano, contaba con miembros de las Fuerzas Militares retirados que terminaron vinculándose con otras organizaciones al margen de la ley. La Red de Cooperantes terminó realizando varias actividades para apoyar al Gaula y así cometer los ‘falsos positivos’.
En la indagatoria del 7 de junio de 2011, el mayor Parga afirmó que “los cooperantes llevaban los tipos bajo engaño hasta el sitio de los hechos, y a la vez la patrulla estaba realizando una maniobra de búsqueda y provocación dentro de la misión, lo anterior para mostrar que la patrulla fue hostigada de diferentes sitios, para que hubiera una reacción y poder justificar la utilización de los fusiles y dar las bajas. “Pero ese hostigamiento nunca existió, porque ya habíamos coordinado desde antes llevar las víctimas a ese sitio, es decir, que las víctimas iban a estar en sitio engañadas”.
La red formulaba falsas denuncias sobre actividades irregulares que estuvieran cometiendo las víctimas para luego asesinarlas. Para llevar a cabo una operación debía existir una denuncia de la comunidad, por eso se apoyaban en ella para que buscaran a civiles y denunciaran. Los cooperantes “calentaban” el área. Hostigaban a la gente para generar una sensación de inseguridad en la zona.
? Andrés Córdoba: Respeto su posición. No está en la obligación de hablar conmigo. Pero si quiere contarme algo, este es mi número.
? Mayor Parga: Tranquilo... mire, la vida lo único que le enseña a uno es que hay aciertos y desaciertos. Y en el momento que usted se golpea y se da contra la pared, no le queda el chichón para toda la vida. Cuando usted se cae, hay que levantarse y continuar. No solamente se hace daño una sola vez, sino que hay muchas personas que hacen daño todos los días y no por el hecho de que lo condenen es malo. La vida continúa y hay que seguir sirviendo. En unas formas acierta más que otras. Pero eso ya pasó, no hace parte sino la de la historia, eso nadie lo va a borrar, pero lo que estamos viviendo es ahora y ya. Hasta luego.
Pasaron varias semanas de agosto hasta poder hablar brevemente con el mayor Parga Rivas, condenado a 20 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Sorprende saber que por ahora no reconocerá nada, aunque es una de las personas que pueden aclararle muchas cosas al país, para entender más este capítulo del conflicto armado.
Al capitán Antonio Rozo Valbuena también intenté contactarlo. Él se encuentra vinculado con varios hechos por los cuales se condenó a Parga Rivas, pero ya no está detenido. Hace poco salió en libertad transitoria condicional, al acogerse a la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Salió hace unos días. Dentro de su beneficio está que tiene que presentarse una vez al mes en cualquier unidad militar”, aseguró un teniente desde uno de los centros de reclusión militar.
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, llegó Bogotá a mediados de septiembre de 2017 para consultar de primera mano estos hechos. Vino a indagar sobre los expedientes judiciales de varios generales y coroneles activos y retirados implicados en estos casos. Esta semana llegaron tres de sus delegados a Colombia y según este diario la razón es que piensa abrir investigación formal en contra de algunos oficiales cuestionados.