El fantasma paramilitar en Norte de Santander

El cruce de versiones continúa y aún no hay consenso sobre los motivos detrás del fenómeno. Lo único cierto, por el momento, es que, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde el pasado 10 de febrero por lo menos 96 familias se han desplazado desde los municipios de Tibú y Teorama (Norte de Santander) hacia veredas como La Cooperativa, en el municipio de Convención, o incluso hacia el Sector El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún, estado de Zulia, Venezuela.

La crisis parece agravarse con el paso de los días y los organismos internacionales temen que el miedo que persiste entre la población derive en nuevos desplazamientos masivos en la zona. Y no es para menos: la primera hipótesis detrás de la salida de campesinos y pobladores hace referencia puntual a las amenazas de grupos paramilitares o posdesmovilización que están haciendo presencia en el departamento para copar los vacíos de poder que han quedado con la salida de las Farc del escenario del conflicto.

“Estas personas, que arribaron en su mayoría por el río Catatumbo, afirman temores de persecución y amenazas de presuntos grupos armados ilegales que pretendían ingresar a la zona tras el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo cual aún debe ser verificado por la Misión de la ONU en Colombia. Acnur todavía está confirmando las cifras; hasta hoy ha conversado con alrededor de 200 campesinos”, señaló la sede en Venezuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Denuncias que comenzaron a tomar fuerza desde el pasado 9 de febrero, cuando la movilización de los guerrilleros del frente 33 de las Farc, al mando de Jimmy Guerrero, que se desplazaban hacia la zona veredal de Caño Indio para su concentración, fue interrumpida por la presunta presencia de integrantes de un grupo ilegal sin identificar en la vereda Las Timbas de La Gabarra. Se habló de 10, 30 y hasta 50 hombres armados hasta los dientes que portaban camisetas con el símbolo de las denominadas Águilas Negras. “Tenemos pruebas, hay testigos. Es verdad. La comunidad está asustada, porque para nosotros la palabra ‘paramilitar’ significa muerte”, aseguró recientemente María Carvajal, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Zapagana, municipio de Convención.

Sin embargo, el episodio dejó dudas en varios sectores, sobre todo porque fueron muy pocos los testigos que vieron a los hombres armados y la caravana de las Farc finalmente nunca tuvo contacto con el mencionado grupo. De hecho, las múltiples versiones sobre la cantidad de hombres y el lugar en el que fueron vistos, también generaron suspicacias, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una zona en la que tienen dominio territorial el Eln y el último reducto del Epl.

Incluso hay quienes creen que el tema pasa por un conflicto político entre las organizaciones sociales de base, sobre todo por parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que fue la que pidió detener la caravana del frente 33 de las Farc ante la presunta presencia de los hombres armados. “Ascamcat tenía base en 43 veredas de La Gabarra, ahora solo cuatro le copian y lo que quieren es buscar protagonismo para fortalecerse”, aseguró a El Espectador una fuente que pidió no ser citada.

Lo que sí está claro es que las versiones y testimonios sobre presencia de paramilitares en la zona sembraron el pánico entre los habitantes de la región, sobre todo en La Gabarra, en donde el fantasma de la violencia persiste y aún no cierran las heridas que dejó la masacre perpetrada por esos grupos en agosto de 1999.

“Las personas se desplazaron porque les dio miedo, no necesariamente porque hubieran visto nada ni los hubieran amenazado. Fue por el temor de la presencia de paramilitares, porque hubo personas que declararon que sí habían visto hombres armados en Las Timbas. Hay mucho miedo, porque lo que pasó en el 99 dejó una cicatriz que nosotros no hemos borrado como para que se repita lo mismo”, explicó Hóner Galván, presidente de Asojuntas de La Gabarra.

Pero más allá de las versiones que se tejen alrededor del fenómeno, lo cierto es que la población civil ha quedado de nuevo en medio del conflicto armado. Y no se trata de una problemática nueva ni desconocida en la región. De acuerdo con el último informe de Indepaz sobre la presencia de grupos narcoparamilitares en el país, en el departamento de Norte de Santander se ha registrado accionar de estas estructuras —puntualmente Los Rastrojos y el Clan del Golfo— en 18 municipios: Ábrego, Bucarasica, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa de Belén, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario.

“Sabemos que hay zonas en Norte de Santander en las que hay paramilitares. En municipios como Puerto Santander nunca desaparecieron y eso lo saben las autoridades de policía y militares. ¿Para que escandalizarnos de las cosas que todo el mundo sabe?”, señaló el padre Víctor Hugo, de la Pastoral de Víctimas de Tibú.

Y para nadie es un secreto que la situación de orden público en el departamento y la región del Catatumbo es muy compleja. Tan es así que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio esta semana la orden de aumentar casi en 50 % la Fuerza Pública, para evitar el fortalecimiento de grupos armados organizados.