El exterminio de la UP

El 11 de octubre de 1987 asesinaro al máximo dirigente de la UP y excandidato presidencial Jaime Pardo Leal. / Archivo - El Espectador

La era de Virgilio Barco en el poder comenzó con el anuncio de un gobierno liberal y la continuidad en los procesos de paz, pero con una nueva premisa: estos debían llevar a la integración de los guerrilleros a la vida civil.  La consejería de paz quedó en manos del dirigente liberal Carlos Ossa Escobar, ahora como titular de la llamada Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación.

No obstante, su papel se vio rápidamente entorpecido por la oleada criminal contra la Unión Patriótica. Sin que se cumpliera el primer mes de gobierno y cuando el nuevo Congreso apenas llevaba 40 días de sesiones, Colombia sentía la marca de la guerra sucia. En Barrancabermeja (Santander), el 30 de agosto 1986, fue asesinado el primero de los electos de la UP: Leonardo Posada Pedraza.

El representante Posada estaba amenazado por el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), no solo por su militancia en la Unión Patriótica sino por su condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista. El 1º de septiembre, cuando el Gobierno y la dirigencia de la UP dialogaban en busca de acuerdos urgentes, trascendió la noticia de un segundo crimen político.

En Villavicencio (Meta) fue asesinado el senador de la UP, Pedro Nel Jiménez Obando. Dos legisladores silenciados antes de que el gobierno Barco cumpliera su primer mes. Con un agravante: la dirigencia de este partido político aseguró que el plan de exterminio de todos sus integrantes se llamaba “Baile Rojo”, y que del mismo hacían parte unidades de las Fuerzas Armadas.

En medio de las tensiones políticas, el 18 de septiembre, el comisionado Carlos Ossa y sus principales asesores -Gabriel Silva, Rafael Pardo y Jesús Antonio Bejarano-, encaró el asunto en una reunión con las Farc. En dicho encuentro en Uribe (Meta), el Ejecutivo entregó a la guerrilla un documento titulado: “Una política de cambio para la reconciliación, la normalización y la rehabilitación”.

El documento planteó una política de paz basada en el respeto a la tregua, pero con decisiones claras hacia una reconciliación definitiva. En tal sentido, quedó planteado el fortalecimiento del orden civil, la estricta verificación de todas las denuncias de las Farc y de las Fuerzas Armadas, la desmovilización progresiva de los combatientes y el apoyo al Plan Nacional de Rehabilitación.

A pesar de las buenas intenciones, la realidad del país mostraba un camino agreste. La violencia arreciaba, la pugnacidad era constante en el Congreso y, como si fuera poco, se multiplicaron los magnicidios. El magistrado Gustavo Zuluaga en octubre, el director de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez en noviembre, el director de El Espectador Guillermo Cano, en diciembre.

Aunque la amenaza principal era el narcotráfico, la guerra entre el Estado y las guerrillas se fue recrudeciendo, sobre todo por el avance del paramilitarismo. En medio de la arremetida contra la Unión Patriótica, entre el 20 y 22 de febrero de 1987, el movimiento realizó su Quinto Pleno con una sorpresiva declaración que alteró el rumbo de las negociaciones de paz.

La UP tomó distancia de las Farc y advirtió que si se llegaba a romper la tregua, el movimiento político se iba a conservar y, de hecho, reafirmó su disposición a participar en la primera elección popular de alcaldes prevista para el 13 de marzo de 1988. La declaración de la UP generó controversia y el consejero de paz Carlos Ossa avaló que la UP desconociera la vía armada como una forma de llegar al poder.

Las Farc eludieron el tema y reclamaron la creación de un gobierno de “amplia coalición nacionalista y patriótica”, al tiempo que alentaron las marchas campesinas que en varios departamentos demostraban el auge de la economía cocalera. En marzo de 1987, Carlos Ossa volvió a reunirse con las Farc, y ambas partes admitieron que la ineficacia para verificar la tregua estaba acabando con el proceso de paz.

En la última semana de abril, como medida para contener la oleada criminal contra la UP, el gobierno Barco anunció la creación de un Tribunal Especial de Instrucción, dedicado a investigar los delitos contra esta organización. El decreto 750 del 25 de abril de 1987 se convirtió en otra polémica, primero porque connotados juristas se negaron a integrarlo y después porque pocos creían en su constitucionalidad.

Al final, el 16 de junio de 1987, la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad del Tribunal para investigar los crímenes contra la Unión Patriótica, con lo cual solo quedaba esperar un pretexto para que la tregua de las Farc se rompiera. Florero de Llorente que llegó ese mismo día cuando varias columnas de los frentes 14 y 15 de esa guerrilla emboscaron un convoy militar en Caquetá.

La acción se presentó en la vía entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Los guerrilleros colocaron explosivos en la carretera que detuvieron el paso de los militares. Entonces, con granadas de fragmentación y cargas de fusilería, acribillaron a los militares. 26 perdieron la vida y 42 más resultaron heridos. Las Farc atribuyeron el hecho a ausencia de la Comisión de Verificación.

Sin embargo, el ambiente nacional ya estaba cargado y las honras fúnebres de los militares se convirtieron en una antesala del anuncio del final de la tregua. El lunes 22 de junio, el presidente Virgilio Barco, en una declaración radiotelevisada para todo el país, rechazó las disculpas de la guerrilla para perpetrar el ataque, y agregó la frase que finiquitó los acuerdos de La Uribe.

“Sobra decir que en cualquier parte del territorio nacional e donde la Fuerza Pública sea atacada, el Gobierno entenderá que en esa zona ha terminado el cese al fuego, como ha ocurrido en el caso del Caquetá”. En adelante, la confrontación armada volvió a ser protagonista, y la Unión Patriótica quedó situada en el blanco directo de los grupos paramilitares empecinados en acabarla.

El domingo 11 de octubre de 1987, los enemigos de la paz asestaron el golpe más contundente. Cuando regresaba a Bogotá con su esposa y sus tres hijos, a 12 kilómetros del municipio de La Mesa (Cundinamarca), fue baleado por sicarios el máximo dirigente de la UP y excandidato presidencial Jaime Pardo Leal. Falleció horas después en el hospital Pedro León Álvarez de la localidad.

En medio de las protestas, la crisis política y los reclamos de la UP, se agudizó la confrontación verbal entre los dirigentes del partido político y la cúpula de las Fuerzas Armadas. El nuevo presidente de la UP, el representante a la Cámara Bernardo Jaramillo Ossa señaló al militarismo como la minoría de los enemigos de Colombia, lo cual distanció aún más las opciones de una mesa de negociación.

El 13 de marzo de 1988 se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes, que a pesar de representar un valioso avance democrático, se convirtió en una nueva razón para incentivar a los colosos de la guerra, ahora en la lucha por el poder local. La evidencia es que incluso en la antesala de los comicios municipales, el paramilitarismo la emprendió contra las bases populares de la Unión Patriótica.

1988 se le conoció como “el año de las masacres”, porque fue la forma como los grupos de autodefensa acuñaron su violencia contra todo aquello que oliera a izquierda. Honduras, La Negra, Mejor Esquina, El Tomate o Segovia, recuerdan localidades de Córdoba, Urabá o Antioquia donde la casa Castaño patentó su marca a través de matanzas. La opción del Estado fue un Estatuto Antiterrorista.

Entre las noticias de guerra, el gobierno Barco decidió poner en marcha una nueva iniciativa de paz. Ya existían avances con el M-19, y el Ejecutivo trazó una nueva ruta dividida en fases. Distensión para bajarle la intensidad a la guerra, transición para la ubicación de guerrilleros en zonas de normalización, e incorporación para aplicar una ley de indulto y hacer la paz con sus beneficiarios.

Al margen del debate, el plan de paz del gobierno Barco se diluyó entre masacres. A finales de 1988, por iniciativa del exministro Álvaro Leyva, comenzó a cobrar forma una comisión de notables para evaluar la opción de establecer diálogos directos entre Gobierno y alzados en armas. Aunque hacia marzo de 1989 las Farc ordenaron a sus frentes un cese al fuego, éste no prosperó mucho tiempo.

Por el contrario, la guerra se recrudeció y el narcoterrorismo hizo de 1989 un año para hacer memoria. El resto de la era Barco fue de resistencia frente a los violentos y un oasis de paz con la entrega de armas del M-19 en marzo de 1990. Cuando cayó el telón de este cuatrienio, quedaron contactos para negociar con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, sumatoria de todos los grupos insurgentes.

El epílogo de este tiempo de crisis se dividió en dos sombríos capítulos con sabor de impunidad. El 22 de marzo de 1990, el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, perpetrado en el aeropuerto El Dorado en Bogotá; y el 26 de abril, el asesinato del candidato del M-19 a la jefatura del Estado, Carlos Pizarro Leongómez, cuando viajaba en un avión hacía Barranquilla.

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos