ACTUALMENTE HAY 2.814 DESMOVILIZADOS EN PROCESO

El estigma: el obstáculo de la reintegración

Aunque la reincorporación de las Farc será mayoritariamente rural, expertos coinciden en que Bogotá es la ciudad más preparada para abrirle sus puertas a los excombatientes. Sin embargo, sugieren un cambio cultural urgente de la ciudadanía que, por miedo, rechaza a quienes formaron parte de grupos ilegales.

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La mayoría de los reintegrados se encuentra en las localidades más vulnerables de Bogotá./ Luis Ángel

Fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas fueron los artefactos de las Farc que el martes quedaron en manos de las Naciones Unidas, como parte del proceso de paz con el Gobierno. Al final de la jornada, cerraron uno a uno los contenedores cargados de armas y en cuestión de minutos los colombianos se despidieron de este largo episodio de la guerra. Ese día, algunos cayeron en cuenta de que decirle adiós al conflicto era también abrirles la puerta a la reconciliación y a la convivencia con aquellos que en algún momento fueron vistos como enemigos.

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Las ciudades, sobre todo Bogotá, tienen una enorme responsabilidad de acoger y ofrecer oportunidades a los 7.000 excombatientes de las Farc que quieren rehacer su vida. Aunque, aclaran, no todos llegarán a las urbes. Aun así, no importa cuántos arriben. Es crucial que las ciudades estén preparadas. Así lo cree Lucas Uribe, director programático de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad encargada de que los exmilitantes regresen a la vida civil.

El adjetivo “crucial” se queda corto con las cifras que Uribe suelta en segundos: “El 70 % de la población que hemos acompañado en los últimos años decidió adelantar su proceso de reintegración en ciudades capitales. El restante lo hace en zonas rurales. Aunque en esos procesos muchos cambian de lugar de residencia”.

A pesar de esa enorme responsabilidad que está en manos de las ciudades, confía en que hay una política sólida de reintegración. En 14 años se han desmovilizado 60.000 personas. De ellas, 51.000 decidieron ingresar a un programa con el Estado.

En el caso de Bogotá, en ese mismo periodo han llegado 5.000 excombatientes. “Hoy estamos acompañando a 2.814 personas en este proceso. Y otras 1.337 ya lo culminaron de manera exitosa”, agrega. Quienes están en el proceso de reintegración en Bogotá viven, en su mayoría, en las localidades con más desigualdad y con el mayor porcentaje de víctimas del conflicto: Ciudad Bolívar (524), Kennedy (400), Bosa (300), Usme (259), San Cristóbal (244), Rafael Uribe Uribe (238), Suba (201) y Fontibón (200).

Aunque en Bogotá hay cuatro oficinas donde los desmovilizados pueden recibir atención, por ahora el Distrito no cuenta con un programa dedicado exclusivamente a apoyar esta población. Eso se debe, según Uribe, a que la política de reintegración ha estado a cargo del Gobierno nacional.

“Es importante no duplicar trabajo. Lo aprendimos en otras ciudades, donde teníamos programas en paralelo. Por eso nos encargamos de liderar estos procesos. Bogotá ha sido un gran aliado. A través de sus secretarías, ha permitido que esta población acceda a programas diseñados para otras poblaciones vulnerables. Por ejemplo, puedo ser reintegrado, pero también adulto mayor. De igual forma, ha creado delegaciones para articular con nosotros la atención diferencial a nuestra población”.

Los obstáculos

Reintegrar a una persona que ha estado en grupos al margen de la ley es tal vez uno de los procesos más difíciles en el posconflicto. El mayor obstáculo, advierte el funcionario de la ARN, es la estigmatización: “Tristemente, en el imaginario social aún hay prejuicios de que el desmovilizado es violento”. El funcionario desmiente esta percepción y destaca que son buenos trabajadores y solidarios. De hecho, dice que ocho de cada diez personas que entran a los procesos de reintegración permanecen estables y en la legalidad; es decir, son casos exitosos. Por eso insiste en que los colombianos deben destruir moldes si “quieren construir un país donde quepamos todos”.

Lo preocupante es que su percepción no está lejos de la realidad. Según la última encuesta sobre posconflicto que hizo la organización Bogotá Cómo Vamos, el 51 % de los encuestados estaría dispuesto a tener como compañero de trabajo a un desmovilizado. Y sólo el 46 % aceptaría que fuera su vecino. Ómar Oróstegui, director de la entidad, señala que en el sondeo también llama la atención que los jóvenes son los más abiertos a esta experiencia. Por ejemplo, las personas de 18 a 25 años son los más dispuestos (61 %) a tener como compañero de trabajo a un desmovilizado o a cederles un espacio en su barrio (52 %).

También sobresalen las cifras por estratos. “Solo el 36 % de las personas de estrato alto aceptan la llegada de desmovilizados a su vecindario”, agrega Oróstegui. En los estratos bajos ocurre lo mismo con la convivencia: “Sólo el 37 % estaría dispuesto a tenerlos de vecinos y el 46 % podría ser compañero de trabajo de un desmovilizado”.

El director de Bogotá Cómo Vamos sugiere analizar los resultados a la luz de los niveles de tolerancia: “En comparación con otras ciudades, en Bogotá son muy bajos. Somos una sociedad que debe trabajar más en temas de convivencia. Solucionamos todo con la violencia y tendemos a discriminar al otro por su orientación sexual, su origen étnico, su trabajo, su condición. Más allá de dejar la responsabilidad a la administración de turno, esto depende de los habitantes. Tenemos que cambiar”.

En eso coincide Angélika Rettberg, directora de la maestría Construcción de Paz, de la Universidad de Los Andes, quien considera que el mayor reto de las urbes será un cambio cultural en la ciudadanía. A pesar de los avances, los habitantes de la capital, y en general del país, siguen divididos porque tienen miedo de que los excombatientes vuelvan a atentar en su contra. Aunque entiende que no es un temor infundado, Rettberg cree que, poco a poco, se combatirán los prejuicios, en la medida en que haya un acercamiento con esta población y se visibilicen sus historias.

“Es clave darles espacios para que cuenten sus anécdotas. Muchos también han sido víctimas. En las ciudades no estamos haciendo un esfuerzo por entender ese lado de la guerra, porque lo vemos como algo lejano. No en vano en las ciudades pululan con facilidad estas posturas a favor de la cárcel. No nos damos cuenta de que la guerra tiene matices. Eso, por supuesto, no justifica sus acciones, pero hay que entender el contexto”.

Pero la estigmatización no es la única barrera. De acuerdo con la ARN, el perfil promedio de un desmovilizado dificulta su reintegración. Aunque cada uno tiene su particularidad, la mayoría entró a un grupo armado cuando era menor de edad. El 75% es analfabeta y no tiene habilidades para un oficio distinto al de la mano de obra no calificada. El 90 % tiene una afectación emocional por los escenarios que vivieron en el conflicto. Casi todos tienen conocimiento del campo. Eso dificulta encontrar un trabajo mientras estudian o buscan otras alternativas para sobrevivir.

Otro problema es la estabilidad jurídica. Constantemente se han cambiado las normas y eso ha perjudicado los procesos de reintegración porque hay más trámites. “Por ejemplo, con los paramilitares hubo una época en que se les prohibió contratar con el Estado, que en muchos municipios es el único empleador, así que se veían en aprietos”, agrega Uribe. Esperan que con las Farc la situación sea diferente.

Finalmente, preocupa su seguridad. Algunos tienen que desplazarse constantemente porque se sienten amenazados y eso no les permite consolidar arraigos para continuar con su reintegración. Incluso en las ciudades se presentan desplazamientos intraurbanos. En el caso de Bogotá, la mayoría llega a las localidades donde deben convivir con quienes antes eran sus enemigos o con víctimas del conflicto.

Para los expertos, si estas barreras no se destruyen, aumentará la probabilidad de que los desmovilizados opten por volver a delinquir. ¿Qué hacer para evitarlo? La mayor parte de la responsabilidad la tiene el Estado, según Angélika Rettberg: “Esperamos, desde hace rato, que haya un despliegue de fuerzas policiales y militares y se ofrezcan mejores oportunidades para que deje de ser atractivo vincularse a actividades criminales”.

De todas formas, la académica es optimista y no cree que en Colombia ocurra lo mismo que en Guatemala y El Salvador, donde más gente murió en el posconflicto que en la guerra, o que varios grupos de desmovilizados vuelvan a armarse. De hecho, resalta que, en la última desmovilización de los paramilitares, sólo una pequeña fracción reincidió en actividades criminales. “Lo grave de las bandas criminales que se conformaron después es que no sólo han reciclado experticia criminal, sino que también han reclutado otros jóvenes en las mismas condiciones que antes lo hicieron otros grupos ilegales”.

Los tres expertos coinciden en que Bogotá, desde el punto de vista de oferta institucional, tiene la mayor experiencia y la mejor atención a desmovilizados, gracias a los buenos procesos de capacitación y al fortalecimiento de los vínculos con la empresa privada. Desde su perspectiva, ahora el papel de la ciudad deberá ser contribuir a una reflexión en torno a las oportunidades del cese del conflicto, como una mayor visibilidad internacional o servir de ejemplo para el mundo como un espacio donde todos puedan convivir, incluso, quienes en algún momento fueron enemigos.