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Los esfuerzos locales de mujeres y jóvenes en los siete municipios de Arauca han ido transformando la idea de guerra por el diálogo, la construcción de paz y la reconciliación.
En la búsqueda de las razones del conflicto en este departamento, la iniciativa Puentes para la Paz quiso abrir la posibilidad de diálogo entre sectores que siempre han tenido diferencias: las empresas, el Estado y el movimiento social araucano en pro del desarrollo de paz y la reconciliación. Este programa impulsa una estrategia de diálogo constructivo intersectorial para el tratamiento de conflictos ambiéntales y de derechos humanos.
Katherine Torres, coordinadora nacional del programa Puentes Para la Paz, habla sobre los retos que han tenido que asumir desde hace siete años en Arauca para construir la comunidad y el país que quieren.
¿Cuál era la situación de Arauca cuando Puentes para la Paz llegó al territorio?
Los conflictos en Arauca han sido por minería y temas socioambientales. Con Puentes para la Paz quisimos hacer algo diferente, miramos las raíces del conflicto para poder entender esta guerra que llevaba mucho en el departamento.
Decidimos proponer un diseño de cambios para transformar ese conflicto y de ahí surge un diálogo constructivo como la alternativa para la paz abordando a los protagonistas del conflicto.
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¿Cómo fue el diálogo en Arauca?
Este diálogo terminó siendo un proceso que logró sentar a todas las partes en el 2015. Dialogaron por primiera vez los gerentes sociales de las empresas, autoridades nacionales y representantes del movimiento social araucano.
Se sentaron sin ninguna estigmatización y sin insultos porque les garantizamos una metodología diferente con ayuda internacional que aportó a desprevenir el escenario y a pensar en Arauca como un territorio con intereses para la región.
¿Qué conclusiones salieron de este proceso?
Las conclusiones son muy interesantes. En caño Limón iban a desalojar a 150 familias, a raíz de ese diálogo se tomó la decisión de abordar el conflicto de otra manera buscando distintas salidas. Con las metodologías en pro del diálogo logramos crear una responsabilidad social y ambiental impactante en el territorio. Por primera vez estamos hablando el mismo lenguaje con las empresas y el Estado. El diálogo ha permitido tener un lenguaje más común y más comprometido con los derechos humanos.
Actualmente estamos acompañando al movimiento social en un proceso de fortalecimiento de capacidades en el que vamos a implementar unos principios rectores de derechos humanos. Gracias a este proceso entendieron que las empresas tienen una responsabilidad importante y decidieron sentarse con autoridades locales y las mismas compañías.
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¿Cómo continuará este diálogo con el nuevo gobierno?
Hay toda una ventana de oportunidad para acompañar a este gobierno para que mostrarles que ese proyecto es un piloto de diálogo constructivo desde un enfoque institucional para promover los derechos humanos. Las empresas están dispuestas a aportar a este conflicto socioambiental en compañía del Estado y el movimiento social.
Independiente de quien gobierne hay unos compromisos internacionales que deben cumplir unos estándares, por ejemplo, la implementación de un plan nacional de acción en derechos humanos y empresas.
Nosotros queremos ayudar a promover un plan departamental que comience por Arauca, independiente de las políticas de gobierno tenemos ese gran compromiso con un territorio que ha vivido en conflicto muchos años y que por medio de un diálogo amable ha podido superar muchas barreras impensables hace algunos años.