El tras bambalinas de un anuncio oficial

El contrato para la prueba piloto de drones con glifosato

Más allá del anuncio del gobierno de utilizar drones con glifosato para cultivos ilícitos, existe una disputa jurídica por el contrato que hará efectiva la medida. La prueba piloto costó $78 millones, pero la operación, según los entendidos, puede ser de $21.000 millones.

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El Ministerio de Defensa anunció que, tras finalizada una prueba piloto, 10 drones, en cuatro zonas del país, empezarían esta semana a erradicar. / EFE

El anuncio de una nueva estrategia del Gobierno contra los cultivos ilícitos, a través de drones cargados con concentraciones de glifosato, tiene agitado el panorama nacional. Los críticos de la medida sostienen que solo se busca pasar por encima de una sentencia de la Corte Constitucional que recomendó la suspensión de la aspersión aérea con el herbicida. Los defensores aseguran que su efectividad está comprobada en un 99%. Los aspirantes a desarrollar la actividad ya empezaron a pugnar por el jugoso negocio que también constituye implementar este nuevo método de erradicación.

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Los orígenes de la decisión se remontan casi a la misma época en la que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió la aspersión aérea con glifosato. Corría el mes de mayo de 2015 y el organismo lo hizo en atención a un concepto de la Corte Constitucional que pidió detener el uso del herbicida, atendiendo un informe de la Organización Mundial de la Salud, por ser potencialmente cancerígeno. Desde ese mismo momento, al tiempo que el Ejecutivo impulsó la erradicación manual y voluntaria, empresarios privados comenzaron a evaluar nuevas opciones en la llamada agricultura de precisión.

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Según expertos consultados, utilizando drones, en el mundo de la agricultura ya se habla de fumigación en zonas georreferenciadas, depositando la cantidad de herbicida necesaria en aéreas específicas. Desde esa perspectiva, cuando el Ejecutivo privilegió la aspersión terrestre con glifosato para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, ya algunos empresarios sabían que más temprano que tarde esa misión iba a resultar insuficiente y, en breve, se iba a evaluar la opción de los drones. La prueba es que durante la campaña presidencial apareció como una solución, aunque pareciera ficción.

En concreto, en mayo de 2018, el entonces candidato Iván Duque habló literalmente de la “fumigación con precisión con drones”, e incluso añadió que en la región del Urabá antioqueño ya se estaba haciendo en cultivos legales. Ya electo como primer mandatario, Duque, al insistir en la obligación de la erradicación de los cultivos ilícitos, le dijo al periódico El País, de Cali, que “se pueden buscar técnicas con químicos aceptados y que haya mecanismos de precisión que mitiguen los efectos en terceros, como es el caso de la fumigación con drones, que está siendo efectiva en los cultivos ilícitos”.

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Colombia empleará drones para fumigar con glifosato. / EFE

Eso explica por qué, al ser consultado sobre la decisión del gobierno de volver a la aspersión con glifosato a través de drones, Iván Duque expresó que ya lo había planteado y que hay que mirar todas las opciones que garanticen precisión, efectividad y que minimicen al máximo cualquier daño a terceros. Lo que hasta ahora se conoce es que, más allá de los anuncios del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre la inmediata utilización de los drones o la aprobación del mandatario electo de emplear este método, ya existe una ruta de contratación para concretar la medida.

Así, desde el pasado 7 de abril, en la Dirección Antinarcóticos de la Policía se abrió un proceso para contratar la prestación de servicios de aspersión de cultivos ilícitos, en desarrollo de una prueba piloto, a través de equipos teledirigidos a baja altura, es decir, a través de drones. En los estudios previos quedó claro que esa prueba piloto debía realizarse a través de un proceso de contratación de mínima cuantía, esperando los resultados a corto plazo, para así contratar el servicio de manera permanente, eso sí, siempre y cuando dieran los resultados satisfactorios esperados.

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Aunque, inicialmente, con el propósito de realizar pruebas técnicas y de campo con equipos, se presentaron 12 empresas, bajo el criterio de que un futuro contrato debía hacerse con firmas de reconocida trayectoria y experiencia, a tres se les recibieron cotizaciones económicas para fijar el precio del contrato: Drogon S.A.S, Fumi Drone S.A.S y PBZ Solution S.A.S. En el mismo documento quedó resaltado que la industria ha venido reconociendo la importancia de la tecnología de los drones para solucionar problemas, al punto que entre 2013 y 2017, su producción pasó de 2.000 a 6.000 unidades.

Una semana después, ante la Dirección Antinarcóticos, comenzaron a llegar observaciones de empresarios interesados en el negocio, pero con reparos a la forma como se estaba escogiendo. Una de esas críticas apuntaba que, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos, no habían sido tenidos en cuenta para la elaboración del presupuesto. La división de la Policía contestó que la presentación de una cotización no obligaba a incluirla en el análisis del valor estimado en el proceso. Además, dejó claro que no se iban a tener en cuenta valores superiores a $719.500 por cada hectárea fumigada con glifosato.

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Otra empresa interesada señaló que la utilización de criterios de evaluación no previstos en el pliego de condiciones, constituía una afrenta a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y deber de selección objetiva. La queja estaba orientada a resaltar que, “de forma injustificada”, se había creado un nuevo mecanismo de selección para el mejor oferente, no por el valor total de la oferta sino por el valor por hectárea, a riesgo de configurar una nulidad del proceso. Además, pidieron que las evaluaciones de los equipos de todos los competidores se hicieran al mismo tiempo.

En ese momento, de las 12 empresas que se mostraron interesadas solo quedaban cuatro. Como ordena la ley de contratación, primero fue evaluada la propuesta más barata, la de PBZ Solutions, que planteaba un costo de $610.000 por hectárea fumigada con drones, pero esta no cumplió con una de las 14 exigencias. Entonces, se dispuso examinar la segunda propuesta, de Fumi Drone S.A.S, que cotizó un precio de $618.000 por hectárea. La evaluación se realizó el 13 de abril en las instalaciones de Catam, en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y pasó todos los parámetros exigidos.

En el acta de aprobación quedó escrito que se inició a las 9 a.m. y terminó una hora más tarde. La idea era verificar los equipos para garantizar la correcta y oportuna ejecución del futuro contrato y el balance satisfactorio fue firmado por el gerente operativo de Fumi Drone, Germán Ricardo Huertas Quesada, y el intendente Marco Aurelio Huertas Veloza, en calidad de integrante del Comité Técnico. Ese mismo día, el grupo de contratos de la Dirección Antinarcóticos verificó que su propuesta económica también cumplía con los estándares planteados por el organismo.

De esta manera, tres días después, el 16 de abril, tras constatar los informes de evaluación económica, jurídica y técnica del proceso para el desarrollo de la prueba piloto de fumigación a través de drones, la Dirección Antinarcóticos formalizó la decisión de suscribir el contrato con Fumi Drone S.A.S. Aunque también ese día quedó claro que el costo para el Estado de esa prueba piloto era de $78 millones, no demoraron los reparos, desde la perspectiva de que la misma firma pueda ser la escogida para el proceso de fumigación de glifosato con drones, que se dice puede estar sobre los $21.000 millones.

Por eso, volvieron las observaciones, esta vez de quienes se quedaron por fuera de la evaluación. El reclamo se concentró en pedir evidencias fotográficas del cumplimiento de los requisitos en materia de equipos y disponibilidad del acta de aprobación. En criterio de los inconformes, en una hora, un solo funcionario no podía verificar 39 factores técnicos exigidos a los equipos, y menos un día de difíciles condiciones atmosféricas. La petición llegó acompañada de una lista de aspectos como temperatura, autonomía de vuelo, doble GPS, boquillas de acero, sistemas de aspersión con filtro o niveles de chorro.

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De manera concreta, ese mismo 16 de abril, la Dirección Antinarcóticos contestó que no era viable acoger las observaciones y recordó que, de acuerdo con la ley, el Estado debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. De no ser así, se debe evaluar la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Como el primer oferente PBZ Solutions S.A.S no pasó el examen, el camino le quedó abierto a Fumi Drone S.A.S. La entidad formalizó que no habría una nueva realización de pruebas o verificaciones adicionales.

En consecuencia, se le informó a la representante legal de Fumi Drone, Eva Rubiela Valderrama, que su oferta había sido escogida, y que el plazo de ejecución del contrato por $78 millones sería de 40 días, contados a partir de la aprobación de la garantía legal. Según se desprende de los anuncios del ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, la prueba piloto se hizo y dio pie al anuncio de esta semana. Según el registro mercantil vigente, la empresa Fumi Drone S.A.S se constituyó en febrero de 2017, en Villavicencio (Meta), y su actividad principal es el apoyo a la agricultura.

Lo demás hace parte del anuncio oficial. El 26 de junio, al concluir una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, el presidente Juan Manuel Santos expresó que los ministerios de Salud y Ambiente autorizaron la aspersión de cultivos ilícitos utilizando drones a baja altura. Santos confirmó los planes piloto y recalcó: “no va a haber la deriva que llaman, que la aspersión aérea los vientos que llevan el glifosato a otros lugares y hacían estragos, aquí va a estar mucho más concentrado. La concentración en la utilización de los drones va a ser del 50% de lo que se utilizaba anteriormente”.

En opinión de Daniel Rico, exasesor de la política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, “lo importante es tener una estrategia coherente y esta hoy no existe, pues con o sin drones, seguimos con una política acéfala por las complejidades de la economía de la coca”. El experto recalcó que el concepto técnico del uso de glifosato no puede ser uno para la aspersión aérea y otro para el uso de los drones. “Esto es un distractor, y cada año se usa cuando se sabe del aumento en los cultivos ilícitos. Son titulares de anuncios sin implementación real”.

En contraste, un artículo realizado por la Universidad de los Andes señala que una de las innovaciones más interesantes en el campo de la agricultura de precisión es el uso de los drones, que además llevan sofisticadas cámaras y sensores que recolectan información sobre el cultivo. Esa información pasa a un computador que tiene un software especializado para interpretar los datos. La revolucionaria tecnología de los drones ya es ampliamente utilizada en Estados Unidos y Canadá, y en países como Colombia, Chile, Perú y Argentina se están desarrollando modelos diferentes. Sin embargo, es primera vez que los drones se utilizan para la fumigación de cultivos ilícitos. 

El pasado martes, en medio de los reclamos de Estados Unidos, porque, según sus cálculos, las hectáreas sembradas con coca ya llegan a 209.000, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que esta misma semana entrarían en funcionamiento 10 de los drones. La pregunta que se hacen los allegados al proceso de contratación para la prueba piloto es si ese anuncio tiene que ver con el negocio otorgado a Fumi Drone por $78 millones, si ya es una proyección del contrato mayor previsto para el tema, y si el gobierno se le adelantó al presidente electo, Iván Duque, en su propuesta de campaña.

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