Claves para descifrar al grupo ilegal

El clan del Golfo y la suspensión de acciones militares

Los analistas de la Fundación Paz y Reconciliación advierten que un intento de sometimiento a la justicia demanda planeación estatal y una política de reincorporación que debería hacerse desde ya.

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El clan del Golfo opera en 257 municipios del país y, de ellos, en cerca de 80 tiene sus casas matrices./ Archivo

El clan del Golfo es una organización criminal de nueva o tercera generación. La primera de ellas son las estructuras criminales piramidales, es decir, aquellas que tenían uno o dos grandes jefes y desde allí se dividían ampliándose hacia la base. Eran estructuras tipo oligopólicas y excluyentes. El mejor ejemplo es el cartel de Medellín, donde Pablo Escobar lo controlaba casi todo y la autonomía a nivel regional era relativamente baja. La segunda generación es la de los ejércitos jerarquizados. Allí entran, por ejemplo, las Auc, donde básicamente el poder militar se imponía al económico. Mientras en el primer tipo los servicios de seguridad eran un subproducto de la organización, en la segunda generación el poder militar sometió al económico. Los narcos de Medellín debieron someterse a Don Berna y éste redistribuía el negocio.

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La tercera generación se caracteriza por tres cosas. Por un lado, son organizaciones en redes, no de tipo piramidal; ello hace que los mandos regionales tengan una gran autonomía criminal. La segunda característica es que la red no es excluyente, sino incluyente, así, por ejemplo, cada mando regional tiene una estructura privada de seguridad, pero a su vez contrata bandas locales para labores concretas. Por último, son estructuras que racionalizan la violencia, la utilizan de forma selectiva y no indiscriminada y prefieren usar la corrupción antes la violencia. Por ello, en las zonas donde operan, los índices de violencia son bajos.

El clan del Golfo es la única estructura criminal en Colombia de tercera generación. Opera en 257 municipios del país y, de ellos, en cerca de 80 tiene sus casas matrices, aunque la principal se concentra en el Urabá chocoano y antioqueño, tal como se muestra en el mapa.

El clan del Golfo tiene tres tipos de estructuras criminales a su mando. Hay una fuerza élite a la que llaman Gaitanistas, algo así como su guardia pretoriana, de cerca de 3.000 personas. Además, cada mando regional cuenta con un grupo privado de seguridad. Y el tercer anillo son las pandillas que contratan a nivel local, que son las encargadas del trabajo sucio.

Otoniel tendría el control del 70 % de los mandos regionales y al menos el 80 % de la fuerza élite. Hay un grupo que no ve con buenos ojos el proceso de sometimiento a la justicia. El principal líder de ese sector era Gavilán, quien fue entregado por Otoniel a las autoridades.

El cese de las acciones militares del clan del Golfo no es el primer gesto de esta organización criminal. De hecho, desde el anuncio público de la intención de sometimiento a la justicia se produjo un repliegue de los aparatos armados en varias zonas urbanas. Todo parece indicar que una petición del Gobierno Nacional para adelantar este proceso fue bajar la presión armada sobre la zona del Urabá. Así, desde hace varios meses el clan del Golfo se retiró de al menos ocho cabeceras municipales. Tanto líderes sociales como comerciantes así lo verifican.

Uno de los municipios beneficiados es Apartadó. Allí, el clan del Golfo se replegó y las comunidades manifiestan que la presión disminuyó sustancialmente. El problema es que los grupos de jóvenes que el clan armó y entrenó quedaron sueltos y se produjo un enfrentamiento entre estas pandillas, por ello el aumento del homicidio urbano, como se ve en la gráfica.

En Tierralta (Córdoba), tanto el control casi hegemónico del clan del Golfo como su repliegue han traído una disminución de la violencia homicida. En la siguiente gráfica se muestran los números.

En todo caso, este proceso de cese de acciones unilaterales y del intento de sometimiento a la justicia tiene riesgos. Al menos hay cuatro grandes retos. El primero es que cada día que pase para Otoniel es más difícil controlar su organización, por ello, este proceso debe andar rápido y el Congreso debe discutir a fondo el proyecto de ley para sometimientos colectivos. El segundo reto es que hay agentes en la legalidad, alcaldes o miembros de la Fuerza Pública que son corruptos y trabajan en alianza con el clan del Golfo. Estos son los principales opositores al sometimiento. Temen que el sometimiento signifique delación y, por ende, se oponen.

El tercer reto tiene que ver con la planeación del Estado. Se debe construir una política de reincorporación desde ya y evitar que nos coja la tarde, como en el caso de las Farc. Y debe, entre otras cosas, crearse un plan especial para mandos medios. Por último, debe darse una planeación en materia de seguridad para copar las zonas donde el clan del Golfo ejercía control. Además, se debe estar pendiente del trámite del proyecto en el Congreso de la República y evitar micos, así como fortalecer la verdad a cambio de los beneficios jurídicos.

El sometimiento a la justicia es apenas una pieza de un plan integral de combate contra el crimen organizado. Las otras siete piezas son: 1) persistir en el debate global sobre la regulación y luego liberación de las drogas; 2) un diálogo nacional en torno a las industrias extractivas que ofrezcan una salida a la minería ilegal y en general a las comunidades; 3) un compromiso entre los partidos políticos para cerrarles la puerta a candidatos con vínculos con estas organizaciones criminales; 4) un proyecto de depuración de la Fuerza Pública; 5) una intervención en los juegos de azar a nivel local para depurarlos; 6) una línea de perfeccionamiento para mejorar acuerdos entre Estados para luchar contra el crimen transnacional, y 7) aumentar la presión militar contra las organizaciones criminales que no se sometan a la justicia.