Defensoría del Pueblo había advertido ataque con explosivos en Bogotá

En dicha Alerta Temprana, emitida en diciembre de 2018, la entidad del Ministerio Público mencionó más de 15 veces las palabras artefactos explosivos. Además, hizo especial énfasis en el reacomodamiento del ELN, a través del Frente de Guerra Urbano y señaló qué otros grupos estarían llegando a la capital del país en la disputa por el control territorial.

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Según la Fiscalía, el autor material del ataque está identificado como José Aldemar Rojas./Mauricio Alvarado.

Aunque aún es prematuro determinar la autoría intelectual del atentado con carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander este jueves en Bogotá, el cual deja un saldo de 21 muertos y más de 60 heridos, la Defensoría del Pueblo había advertido en diciembre de 2018 sobre los posibles ataques con artefactos explosivos, que se podrían presentar, principalmente, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, en el sur de la Capital. Este centro académico de la Policía Nacional queda a dos cuadras de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

Según la Alerta Temprana 086 del 13 de diciembre de 2018, son seis los grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC y las Farc, los que estarían reacomodándose en este territorio con amplios sectores rurales y corredores viales que favorecen la comunicación desde y hacia las provincias de Soacha y oriente en Cundinamarca, la región del Sumapaz y los Llanos Orientales.

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En suma, los grupos posdesmovilización de las AUC serían “Clan del Golfo”, las Águilas Negras Bloque Capital y los Rastrojos Comandos Urbanos. Particularmente en Usme, el riesgo es latente por la presunta incursión de la estructura armada llamada “Los Paisas”. Todos ellos, en busca de controlar las líneas y circuitos dedicados a la venta de droga en Ciudad Bolívar y Soacha (Cundinamarca).

Por su parte, frente a los grupos posdesmovilización de las Farc, el documento de más de 50 páginas hace especial énfasis en el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que actúa en la capital y converge en el llamado ‘Frente Urbano de Guerra Nacional’. “A este grupo se sumaría la posible presencia de integrantes de milicias u otras facciones declaradas en disidencia de las FARC-EP, quienes se habrían manifestado en oposición a la implementación de los acuerdos de paz en esta y otras ciudades del país”, dice la Alerta de la Defensoría del Pueblo.

El documento se detiene sobre la actuación del ELN, pues, dice la Alerta, que, si bien el “Frente de Guerra Urbano” durante el 2017 y 2018 no registró hechos de violencia o atentados con artefactos explosivos en la capital, cabe señalar que la Defensoría ha advertido un incremento de su repertorio de violencia asociado al uso de explosivos en diversos lugares de la ciudad, varios de estos ubicados en zonas periféricas y relacionados, en algunos casos, a las vicisitudes del proceso de negociaciones. “Este riesgo de fortalecimiento de estructuras urbanas del ELN es latente, si se tiene en cuenta que en la actualidad se haya suspendida la fase pública de negociación de ese grupo armado ilegal con el Gobierno nacional”, resaltó la entidad del Ministerio Público.

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De hecho, resalta el antecedente de la captura en el centro de Bogotá, de uno de los presuntos responsables del atentado contra la Estación de Policía en Barranquilla, Rafael Antonio Botero Restrepo, alias Iván o Tista, “quien actualmente se desempeñaba como miembro de la Dirección Nacional del ELN y era el coordinador principal del Frente de Guerra Urbano a nivel nacional”, resalta hoy la página web del Ejército Nacional.

Finalmente, el documento de la Defensoría del Pueblo enfatiza en dos nuevos actores armados que harían presencia en la capital del país. Por un lado, la presencia de milicias que pertenecieron a las FARC-EP (desmovilizadas a mediados de 2017) y que se habrían apartado de lo acordado entre el Gobierno Nacional y el entonces grupo armado ilegal.

Según lo advirtió la Defensoría, “hasta el mes de noviembre de 2018 han aparecido en Bogotá y sus alrededores supuestos comunicados suscritos por quienes se presentan como ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo Milicias Bolivarianas de Bogotá’, que señalan incluir a “milicianos y milicias, guerrilleros y guerrilleras, mandos medios, militantes de partido, movimiento bolivariano”, y quienes se han declarado en oposición al Acuerdo Final. “Señalan como traidores a quienes lo suscribieron y cuestionan el incremento del presupuesto para la guerra”, resalta el documento.

Igual riesgo persiste por cuenta del uso de artefactos explosivos por parte de quienes han sido denominados ‘Movimiento Revolucionario del Pueblo’ (MRP), presunta agrupación que, en diferentes puntos de la ciudad, ha sido señalada como supuesta responsable de atentados y la generación de terror en la población civil a través de esta conducta.

Así las cosas, lo que advierte el documento, es que una vez firmado el acuerdo de paz con las Farc, el gobierno debió haber tomado el control de estos territorios, no solo con el pie de fuerza militar, sino también, con todas las instituciones del Estado, ausentes durante décadas de conflicto.