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La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc significó en su momento tranquilidad para los defensores de Derechos Humanos, específicamente para los que luchan por la recuperación de las tierras usurpadas durante la guerra, quienes tenían la esperanza de que, junto a sus comunidades, retornarían para construir una nueva vida en su antiguo hogar. Sin embargo, ha sido difícil ya que algunos han sido amenazados por insistir en la titulación o porque están desplazados.
De hecho, la investigación ‘Los riesgos de los Defensores del Derecho a la Tierra y el Territorio en el escenario de posacuerdo de paz en Colombia’, desarrollada por Protection International, y Pensamiento y Acción Social; identifica que los principales riesgos que viven los líderes de Córdoba, Magdalena Medio y Costa Pacífica del Cauca están relacionados con la lucha por la tierra.
El escenario del posacuerdo en Córdoba
El departamento de Córdoba fue una de las cunas del conflicto armado en Colombia. Este territorio, estratégico por su ubicación, ya que tiene salida al río Sinú y conexión directa con la región Caribe, ha lidiado con la presencia de grupos ilegales como las Farc y el Epl. Posteriormente, con la desmovilización de las (traduce) AUC en 2005, fue el segundo departamento en recibir el mayor número de exparamilitares.
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La comunidad cordobés pensó que con la firma del acuerdo de paz las disputas territoriales iban a terminar. No obstante, la lucha se intensificó porque, si bien las Farc se desmovilizaron, otros grupos ilegales llegaron a manejar el departamento lo que ocasionó una nueva fase de desplazamientos, exilio de varios líderes sociales y recrudecimiento de la violencia en la región, que, en 2018, dejó un saldo de ocho defensores asesinados.
La fragilidad en la implementación del acuerdo hace más difícil la tarea de los líderes porque no tienen las garantías de seguridad para ejercer su labor. La citada investigación, deja en evidencia que hoy entregar un título de propiedad a una persona de la zona equivale a la entrega de una sentencia de muerte. Razón por la cual, tantos líderes han decidido trabajar en silencio.
“La mayoría de los líderes deben luchar a escondidas porque no hay garantías de protección. Hay miles de familias que reclaman sus tierras, pero son amenazadas hasta el punto de que prefieren callar e irse a otro lugar”, declaró Rogeres Higuita Ferrar, líder del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC). A su turno, otro líder afirmó: “Aquí no podemos decir que la tierra es nuestra porque es un problema grande, ya que todos quieren tenerla”.
La disputa por el control territorial por parte de los grupos armados ilegales en la región provocó en 2018 el desplazamiento forzado de 243 familias, que hasta la fecha no han retornado porque aseguran que no cuentan con las garantías para hacerlo.
La judicialización de los líderes
El Magdalena Medio ha sido unas de las regiones más golpeadas por el flagelo de la violencia. Por ese territorio han transitado los grupos ilegales más grandes del país como las Farc, el Epl y Eln, y las bandas criminales como Águilas Negras y Clan del Golfo, quienes querían radicarse en la zona para financiar la guerra a través de la riqueza petrolera de la región.
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Datos de esta investigación, revelan que en 2015 el Magdalena Medio tenía una extensión territorial de 3,4 millones de hectáreas, de las cuales, el 64% estaba dedicado a actividades extractivas, un 12,20 % a la explotación de hidrocarburos, un 4% a cultivos de palma aceitera y un 1,03 % a títulos mineros en explotación.
Todos estos factores han generado que desde la década de los 80 las comunidades luchen por los derechos humanos. Los líderes del Magdalena Medio se caracterizan por defender el acceso a la propiedad, ya que los grupos criminales se han adueñado de ellas; el uso de la tierra, que es utilizada para la extracción petrolera; la formalización de la propiedad, que ha sido uno de los principales problemas porque fueron desplazados de sus tierras y en muchas ocasiones las vendieron para salvar sus vidas; y, por último, la titulación que genera una de las mayores amenazas y persecución judicial.
En esta región del país no amenazan a los líderes, sino que los judicializan, dice el informe. Álvaro García, líder de la zona, cuenta que en 2016 fue judicializado de manera injusta y estuvo un año y medio en prisión en Barrancabermeja (Santander) por defender sus derechos. Ante esto, Iván Mederos, de la corporación regional para la defensa de los Derechos Humanos, asegura que las personas al denunciar que están siendo desalojadas de sus territorios, las autoridades les piden pruebas objetivas y como no las tienen “los catalogan como criminales”. “No hay acceso real a la justicia. El 90% de los casos han sido archivados”, reitera.
Aquí el panorama es igual que en Córdoba, las estructuras criminales se han reconfigurado en la zona después de la salida de las Farc, muchas de ellas, los sicarios a sueldo de grandes propietarios de tierras que se la disputan con los campesinos reclamantes y despojados. “Varios líderes nuestros, que reclaman el derecho a su tierra, sufren grandes represalias y en vez de que el Estado los ayude, éste los condena”, indicó Irma Perilla perteneciente a la organización de Pensamiento y Acción Social.
La tierra como identidad
Otra de las regione estudiadas en la investigación fue la costa Pacífica caucana, territorio que tiene una población aproximada de 68 mil personas, de la cuales, el 90 % son afrodescendientes. El otro 10 % se distribuye entre indígenas, raizales y blancos. El conflicto
armado ha aislado a esta región del país, pues las veces de Estado la han hecho los líderes sociales y la justicia ha sido aplicada por los grupos ilegales.
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Actualmente, operan más de 11 grupos armados cuyo accionar delictivo se basa en la guerra por el territorio. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 25 de febrero de 2019, 107 líderes han sido víctimas de violencia. De estos, 17 casos se registraron en Cauca.
El principal problema que enfrentan los líderes está relacionado con su identidad cultural porque, de acuerdo con ellos, cuando son desplazados de sus tierras van perdiendo su autonomía. Por esta razón, la defensa de su territorio por el desarrollo de minería ilegal con máquinas amarrillas, los ha puesto más en riesgo y ha socavado las tradiciones de estas comunidades.
“Nuestra identidad depende del territorio, estamos conectados a la tierra, pero, ahora, estamos a punto de desaparecer porque no la tenemos”, manifestó Orlando Pantoja, líder de la coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro de la costa Pacífica del Cauca (Cococauca). “Hay más de mil formas de matar y esta es la más cruel”, manifestó otro líder de la organización.
El conflicto no se terminó en estos territorios, sino que se transformó. El hueco que dejaron las Farc fue ocupado por nuevos grupos ilegales que siguen sembrando el terror como método de control territorial. “La tarea del posacuerdo que iba a significar la paz para nosotros, lo único que nos ha traído son constantes luchas y desplazamientos por defender nuestros derechos”, concluye un líder del Madalena Medio.