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En el marco de las discusiones sobre el fin de la guerra con las Farc, quizá uno de los temas que más se han abordado es el del llamado “dividendo de la paz”. Es decir, ¿qué y cuánto ganaría la economía colombiana con un país en paz? Es evidente que, en muchos sentidos, el fin del conflicto armado permitiría llegar a zonas históricamente segregadas: para invertir, para proveer bienes públicos, para investigar, entre otras posibilidades.
De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria, “el dividendo económico de la paz se refleja en un crecimiento adicional del PIB de entre 1,1 y 1,9 puntos porcentuales por año. Por el lado de la demanda, la mayor confianza sobre las economías posconflicto genera un aumento de 2,5 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del consumo de los hogares”, por mencionar algunas de las repercusiones que contó el DNP en este contexto.
Gaviria, en definitiva, confía en que “tras la terminación del conflicto viene una importante mejora en la confianza, lo que se constituye en el principal dividendo de la paz”. Sin embargo, un documento que próximamente será publicado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional propone que los beneficios del fin del conflicto armado no son algo automático.
El autor, Álvaro Martín Moreno, sostiene que deben darse condiciones que propicien un crecimiento económico que permita reducir “desigualdades en el largo plazo y que respondan eficazmente a las demandas de los sectores populares y de las víctimas del conflicto armado”. En definitiva, son cambios estructurales que se desmarquen del conservadurismo político y el neoliberalismo económico que han predominado desde los años noventa, un proyecto en el que, para Moreno, se desdibujan las diferencias entre las facciones santistas y uribistas, tan polarizadas cuando del Acuerdo de Paz con las Farc se trata.
Esos cambios estructurales, según el documento Desigualdad y macroeconomía del conflicto armado al conflicto distributivo, están determinados por tres condiciones principalmente. En primer lugar, por una necesidad de regresar a la edad de oro de crecimiento, que, de acuerdo con el autor, vivió América Latina entre las décadas de los cincuenta y sesenta. “El gobierno debería adelantar políticas industriales y comerciales estratégicas con el fin de reducir el peso de los sectores minero y financiero, para jalonar el crecimiento con los verdaderos motores del desarrollo inclusivo: el sector industrial y el sector agropecuario”, dice el documento.
Esto último va relacionado con lo que, en segundo lugar, dice Moreno que debe ocurrir: una “desconcentración del poder político y económico”. La caída del peso del sector minero en el PIB reduciría la concentración de rentas y hasta el impacto medioambiental, y en cuanto al financiero sostiene que debe mantenerse “regulado en sus justas proporciones, con el fin de que cumpla con el objetivo de ofrecer los recursos de crédito para el financiamiento de la inversión productiva”.
En último lugar propone “la consolidación de un régimen liderado por los salarios”, en busca de un aumento en el consumo. “La apertura económica justificó la adopción de medidas drásticas de flexibilización del mercado laboral, con el fin de contener los salarios, reduciendo de esta manera las presiones de costes para las empresas. Las políticas monetarias se orientaron esencialmente a controlar la inflación, manteniendo la tasa de interés real por encima del crecimiento de la productividad, lo que redujo la participación de los salarios en el PIB”, señala el economista.
El punto de vista de Moreno se suma a los aportes que desde la academia se han querido hacer de cara al “dividendo de la paz”. A mediados del año pasado, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes presentó Paz y PIB, un documento que planteaba que para que se materialice dicho dividendo es necesario que los sectores agropecuario e industrial cuadrupliquen su tasa de crecimiento.
Investigadores de la Universidad de la Sabana, la Javeriana y el Cerac, por mencionar otro ejemplo, también han sostenido que los beneficios del posconflicto no vienen por añadidura. “Si la economía colombiana es incapaz de absorber la mano de obra desmovilizada de este grupo guerrillero, así como parte del Ejército colombiano que existe con el objetivo de combatirlo, entonces podría aparecer un aumento de la actividad delincuencial en el país”, señaló el documento titulado Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia.