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Algunos sectores de la sociedad colombiana creen que la implementación del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc se quedó sola. Eso es lo que piensan los integrantes de Unión por la Paz, una iniciativa que nació a finales de marzo y que propende por la implementación del acuerdo de paz, por la victoria, en las elecciones presidenciales de 2018 de un candidato que esté comprometido a cumplir lo pactado y por garantizar que las negociaciones con el ELN lleguen a acuerdos.
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Para lograr esos objetivos, por un lado, crearon una página web en la cual publicarán investigaciones sobre los avances de la implementación y las consecuencias de esto en las regiones. Por otro lado, impulsarán alianzas entre candidatos que defiendan los acuerdos de paz. Además, cada tres meses le entregarán al Gobierno y las Farc unos informes que se titularán “Cómo va la paz” sobre el balance del cumplimiento de lo acordado. El primer documento fue entregado el pasado miércoles 19 de abril al vicepresidente, Óscar Naranjo, y a Pastor Alape, integrante del secretariado de las Farc.
De la iniciativa hacen parte sectores empresariales, religiosos, políticos y sociales. El comité de impulso lo encabezan el expresidente Ernesto Samper y la fundación Paz y Reconciliación del analista León Valencia. Horas después de la entrega del informe hablamos con Valencia sobre el balance que hace la iniciativa acerca del avance de la implementación. Sus palabras denotan esperanzas, por temas como el cumplimiento casi absoluto del cese al fuego, y preocupaciones, como las que se derivan de los persistentes asesinatos de líderes sociales, fenómeno del cual el analista brinda algunos indicios sobre los responsables.
¿Están preocupados por la manera como se está implementando el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc?
Sí. Hay varios lunares, por ejemplo, la muerte de líderes sociales. Eso tiene que parar. Aquí se tuvo la experiencia de la Unión Patriótica. Segundo, la demora y las improvisaciones en las zonas veredales de normalización, eso es grave porque manda un mensaje muy negativo a futuro: si esto, que era más fácil, está fallando cómo va a ser el proceso de reintegración de los combatientes en unas zonas donde hay que ofrecerles proyectos productivos, estabilidad y futuro.
El otro gran problema es la lentitud que tiene el ‘Fast track’ que de rápido va teniendo muy poco. Hay 27 leyes que deben salir de ahí y solo hay tres aprobadas. No hay un ambiente en el Congreso para acelerar el proceso, tanto que se empieza a hablar de prolongar el ‘Fast track’.
También hay mucha lentitud en cuanto al desarme de las Farc porque hay 900 caletas y faltan 41 días para que se cumpla el plazo de la dejación de armas. Desactivar 900 caletas implica unos protocolos de Naciones Unidas y no hay agilidad para eso.
Pero la gran preocupación es la reintegración de los combatientes porque dentro de 41 días hay que decirle a los hombres y a las mujeres de las Farc cuál va a ser su futuro cuando se desarmen.
¿Por qué dice que no fue bien estructurado?
Eso se hizo en el último momento, en una especie de cónclave en La Habana, y no hay un nuevo modelo de reintegración. Hay un viejo modelo que no es posible aplicarle a las Farc porque se refiere a reintegración urbana, individual y dirigida por el Estado. La reintegración de esta guerrilla será colectiva, en el campo y dirigida conjuntamente por las Farc y el Gobierno.
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¿Qué factores influyen en la violencia contra líderes sociales?
La mayoría de estos líderes sociales son de las zonas donde las Farc empezaron a marchar hacia los puntos de concentración. Segundo, hacían labores de paz y que tenían liderazgo político y social en esas zonas. Tercero, podían jugar un papel a futuro en los nuevos movimientos políticos y sociales.
En la muerte de líderes hay algo sistemático contra el proceso de paz y el Ministerio de Defensa no acepta esa realidad, dice que son casos aislados y con muchas causas distintas al proceso de paz. Eso es grave.
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¿Cuáles estructuras pueden estar detrás de los asesinatos?
En algunos sitios las tenemos identificadas. Normalmente lo que vemos es una coalición de actores ilegales con actores políticos legales para impulsar estas muertes. Por ejemplo, en el Urabá chocoano algunos líderes políticos, personas en la legalidad, están influenciando y pagándole a gente del Clan del Golfo para que mate líderes sociales. En Caquetá el asesinato de líderes tiene mucho que ver con la disputa política local, gente que participó en las elecciones locales de 2014, y que podría amenazar el poder político establecido en zonas como San Vicente del Caguán. Algunos asesinados eran reclamantes de tierras.
¿Existen hoy relaciones entre el poder político regional y estructuras armadas criminales?
Sí, y a veces ha habido una pasividad del Estado y de la Fuerza Pública. Cuando reacciona a fondo el Estado y la Fuerza Pública esto tiende a aminorarse.
¿Se han podido establecer alianzas entre estas élites regionales y élites nacionales?
La vocería contra los acuerdos de paz está muy identificada nacionalmente: el Centro Democrático y la mayoría del Partido Conservador. Hay una especie de flujo de consignas, de críticas y de oposición en las negociaciones de paz. Muchos sectores aprovechan para, en nombre de la crítica, hacer cosas indebidas. Por ejemplo, en el mes previo al plebiscito hubo un crecimiento enorme de asesinatos de líderes sociales.
En el Urabá chocoano ustedes ya han identificado unas dinámicas…
Sí, unos vínculos entre élites políticas y empresariales que aúpan y les pagan a las bandas criminales del Golfo para que cometan esos asesinatos.
¿Políticos de cuáles partidos y empresarios de cuáles sectores?
Normalmente es gente que se ve afectada por la restitución de tierras y gente que ve amenazado su proyecto político en la región por la emergencia de nuevas fuerzas. Nosotros le hemos dado al Gobierno, en privado, indicios de por dónde vienen esas balas.
¿Y en público no se puede decir?
No, porque no nos interesa armar una controversia política, sino que haya eficacia en que eso no siga.
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¿Cuáles son los factores para los retrasos en la adecuación de las zonas veredales?
Lo que hubo fue una improvisación y una irresponsabilidad enorme del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo. No hay disculpa porque el pacto de las zonas veredales se hizo el 23 de junio de 2016 y el gerente se nombró hasta diciembre cuando las zonas debían arrancar el 31 de enero. El Estado no se preparó. Además, se contrataron empresas que no estaban capacitadas para hacer eso con prontitud.
¿Qué interpretaciones hacen ustedes de la contratación de empresas sin experiencia?
Ahí hay un campo de investigación amplio. Los contratos con esas empresas son igualitos todos, prácticamente solo cambia el nombre de la empresa, las mismas palabras de principio a fin, se hicieron de manera rápida, sin un concurso y de manera irresponsable. Eso es extraño porque acá hay mucha gente con experiencia para hacer esa infraestructura.
Hay tres puntos críticos en el país: el Catatumbo, Nariño y Chocó ¿Qué análisis hacen ustedes de esas regiones?
El Estado tenía la obligación de hacer un copamiento de esas zonas de las que salían las Farc. Estaba documentado que cuando la guerrilla saliera de los territorios otros actores iban a intentar capturar las rentas y los mercados ilegales. No se tomaron las previsiones para movilizar rápidamente las fuerzas para llegar a esas zonas y para hacer una presencia más integral del Estado.
El ministro Luis Carlos Villegas dice que la batalla por las zonas que ocupaban las Farc está ganada ¿Qué opina?
Él le envió una carta larga a la Fundación Paz y Reconciliación cuando producimos un informe sobre las zonas de las que salían las Farc explicándonos el dispositivo para coparlas. El dispositivo es bueno, pero está en el papel porque implica transformaciones en la Policía que son lentas. En el caso del Chocó, por ejemplo, no hay ninguna variación de presencia de la Fuerza Pública y hay una cohabitación con las bandas criminales y una permisividad en Quibdó y en las zonas aledañas. Aunque hay partes donde lo han puesto en la práctica, Tolima y Huila.
¿Se puede estar ante un fenómeno como la entrada del Bloque Pacifico al Chocó en los años 90?
Sí. Chocó es un hervidero porque se ha convertido en una disputa enorme de mercados ilegales, allá se están disputando el oro, el narcotráfico, las maderas y hay un desplazamiento de las elites antioqueñas hacia los negocios de allá, un poco de la mano de ilegales.
¿Hay aspectos esperanzadores en la implementación del acuerdo?
Sí, por ejemplo, el cese bilateral de hostilidades definitivo se ha cumplido en un 99%, solamente ha habido tres incidentes entre la Fuerza Pública y las Farc. Eso no es fácil de lograr. En los anteriores procesos de paz en Colombia fracasaron los ceses bilaterales.
Lo segundo es que en los 281 municipios donde ha estado el conflicto en los últimos 30 años después de iniciadas las negociaciones y, sobretodo, después del cese bilateral ha caído de manera vertical el homicidio, los secuestros y el desplazamiento forzado. Los únicos factores ilegales y de violencia que están creciendo, y que obedece a factores a veces muy distintos de las negociaciones de paz, son los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Todos los factores de violencia se están reduciendo en esas zonas de una manera ostensible. También hay avances en acuerdos como la Justicia Especial para la Paz, refiriéndose al acto legislativo que se aprobó.
¿Cómo van a rodear la Mesa de Quito?
Una primera tarea es contribuir a la participación de la sociedad civil. Esa mesa necesita mucho apoyo político. Hay que buscar que surjan líderes que apoyen ese proceso de paz para ayudar a resolver momentos de tensión.
Además, es muy importante, por la tradición del Eln, tener a la llegada del Papa a Colombia acuerdos que le den un salto a la negociación. Ojalá que sea un cese bilateral de hostilidades y que se alcancen acuerdos que hagan irreversible el proceso para que no estén bajo el peligro de la confrontación
¿Por qué creen que la llegada del Papa es un momento crucial para ese proceso?
Para nadie es un secreto la gran influencia de la Iglesia Católica en la guerrilla del Eln. Nacieron de la mano del sacerdote Camilo Torres Restrepo, durante muchos años tuvieron como jefe máximo al padre Manuel Pérez Martínez y en el seno del Eln hay una gran tradición religiosa. El comandante actual, Nicolás Rodríguez Bautista, siempre ha tenido un afecto especial por las gestiones de la Iglesia. Esperamos aprovechar eso que respetan y admiran tanto como un punto clave para dar un salto en esas negociaciones de paz.
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Claudia López declinó a la invitación a una reunión de Unión de Paz por la presencia de Ernesto Samper ¿Qué le responde usted a las personas con inquietudes similares?
Esto es un tema de apoyo a los acuerdos y de transformación del país en función a estos acuerdos, para eso reunimos gente diversa con diferencias políticas importantes. Si bien está Ernesto Samper por el otro lado está Iván Cepeda, Jorge Londoño, empresarios como Gonzalo Restrepo. Nosotros no le ponemos condiciones políticas a nadie, simplemente decimos que los que puedan apoyar la implementación de los acuerdos son bienvenidos. No es una coalición política contra la corrupción, el énfasis de Claudia López es ese.
¿Cómo hacer para que las iniciativas por la paz sean incluyentes?
Hay un sector que tienen indiferencia, ignorancia o desconfianza sobre el proceso de paz. Esta iniciativa quiere convencer a estos sectores. La sociedad colombiana se demorará mucho tiempo para estar unida como una totalidad ante este proceso de paz, pero sí es posible atraer a los sectores más desconfiados y de buena fe que tienen dudas sobre el proceso. Vamos a disputar la opinión pública.