Capítulo 5: El camino hacia la paz en Colombia

Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”

Durante el cuatrienio, 1998 a 2002, el proceso de paz fue protagonista. Pero después de muchas crisis, se rompió la negociación que legó enseñanzas y un acuerdo humanitario por la libertad.

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El 7 de enero de 1999, comenzó el proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc.
Archivo - El Espectador

La historia del proceso de paz de la era Pastrana comenzó cuatro días antes de que fuera elegido presidente de Colombia. El miércoles 17 de junio de 1998, cuando el entonces candidato divulgó fotografías de un encuentro suyo con los máximos jefes de las Farc, Manuel Marulanda Vélez y Víctor Rojas o “El Mono Jojoy”. Pastrana apareció acompañado de su asesor Víctor G. Ricardo.

Este as político, a escasas horas de la segunda vuelta electoral, fue determinante en las urnas y, de paso, anticipó la primera decisión que iba a adoptar Pastrana una vez elegido: el proceso de paz, previa desmilitarización de una vasta zona del territorio nacional. Paradójicamente, ese mismo día, trascendió un comunicado de las Farc tomando partido en el debate electoral en su recta final.

En dicha declaración, además de una crítica al gobierno Samper, manifestó que, con fines electorales para ganar votos y garantizar su triunfo, el candidato Horacio Serpa estaba ofreciendo despejar un municipio para iniciar diálogos con los alzados en armas, a pesar de que durante 12 años había hecho parte de varios gobiernos liberales que nada podían mostrarle al pueblo en materia de paz.

Como estaba pronosticado, el 21 de junio de 1998, Andrés Pastrana fue electo presidente y 20 días después, de nuevo acompañado por Víctor G. Ricardo, sostuvo una nueva reunión con Manuel Marulanda y “El Mono Jojoy”, al término de la cual anunció su compromiso de despejar militarmente cinco municipios del territorio nacional para instalar una mesa de negociación con las Farc.

En medio de la arremetida subversiva para sumar prisioneros de guerra a la lista de canjeables, el 11 de agosto Pastrana anunció su decisión de desmilitarizar los municipios de La Uribe, Mesetas, Vistahermosa y Macarena en el Meta, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Los primeros contactos y gestiones para concretar el despeje quedaron a cargo del comisionado de paz, Víctor G. Ricardo.

No obstante, a pesar de que el anuncio del despeje provocó polarización política, las Farc sorprendieron con una propuesta adicional aún más polémica. Su máximo jefe Manuel Marulanda envió una carta al Congreso de la República para proponer el trámite de una ley que formalizara el canje permanente de prisioneros de guerra por guerrilleros presos en las cárceles del país.

“Si los tres poderes no ponen obstáculos, pronto recobraran la libertad soldados y guerrilleros, logrando satisfacer el clamor de las madres, familiares, amigos y Colombia entera”, escribió Marulanda. El gobierno respondió solicitándole a las Farc una lista de guerrilleros presos para saber de quienes se trataba el canje. El 5 de octubre, las Farc le presentaron una lista de 452 insurgentes.

Ese listado quedó en manos de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas, circunstancia que el Estado aprovechó para conocer los nombres de muchos insurgentes de los que no tenía clara su responsabilidad judicial. Al mismo tiempo, quedó claro que, en principio, las Farc estaban dispuestas a dejar en libertad a 245 soldados y policías retenidos en diversas acciones de guerra en los últimos meses.

El 14 de octubre de 1998, a través de dos resoluciones, el Gobierno Pastrana formalizó la iniciación del proceso de paz, le reconoció carácter político a esta organización armada y a varios de sus principales jefes les dio reconocimiento como negociadores de paz. Desde ese momento, Colombia se vio inmersa en una controversia sin fin por la zona de despeje que comenzó a operar desde finales de noviembre.

Con la presencia de personalidades nacionales e internacionales, el 7 de enero de 1999, comenzó el proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc. A pesar de que Manuel Marulanda no acudió a la apertura de la negociación en San Vicente del Caguán y dejó la silla vacía que se convirtió en un símbolo de la fallida negociación, el Gobierno Pastrana reiteró su voluntad de alcanzar la paz.

En una semana, cuando Gobierno y guerrilla expusieron sus agendas, quedaron en evidencia las diferencias y afinidades de las partes. Mientras el Ejecutivo planteó un decálogo de reforma política, fortalecimiento de la justicia, protección de los derechos humanos, reforma agraria, sustitución de cultivos ilícitos y lucha contra el paramilitarismo, las Farc sacaron a relucir unos objetivos mayores.

Solución política al conflicto, destinación del 50% del presupuesto al bienestar social, redistribución del ingreso, política agraria con democratización de los créditos, reglas clara para la explotación de recursos naturales, relaciones internacionales fundamentadas en la libre determinación de los pueblos, Fuerzas Armadas destinadas a la custodia de la soberanía, y solución al problema de las drogas.

A pesar del entusiasmo de los primeros días, antes del primer mes de las negociaciones se presentó el primer obstáculo que vaticinó que el proceso no iba a ser un lecho de rosas. En la primera semana de febrero de 1999, las Farc anunciaron que no retomaban las conversaciones hasta que el Gobierno no demostrara resultados efectivos en la lucha con los paramilitares.

Los diálogos quedaron congelados y empezó un rifirrafe político que se agravó la primera semana de marzo, cuando trascendió que las Farc habían secuestrado y asesinado a tres ambientalistas de Estados Unidos que cumplían labores humanitarias en la comunidad de los U’was en Arauca. La guerrilla expresó sus condolencias al gobierno de Estados Unidos, pero Washington comenzó a tomar distancia.

El secuestro y asesinato de Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay suscitó un largo forcejeo entre Gobierno y guerrilla, alentado por posiciones extremas en la opinión pública. En medio de las acusaciones y señalamientos, las Farc sacaron a relucir una de sus estrategias para balancear la controversia: las pruebas de supervivencia de los prisioneros de guerra.

La prematura crisis del proceso de paz se prolongó hasta el mes de abril, pero apenas regresaron las negociaciones a la zona del Caguán se desató otra polémica interminable: la continuidad del despeje. Sobre todo después de que el Gobierno alcanzó a sugerir su prórroga indefinida. Este comentario provocó una masiva renuncia de militares, que el Gobierno tuvo que afrontar con apremio.

Desde ese momento en adelante, cada que se aproximaba el fin del despeje y su inminente prórroga, se formó una nueva crisis, aumentada por los constantes hechos de violencia porque la confrontación armada entre el Estado y las Farc nunca se detuvo. Al final, hacia el mes de julio de 1999, las partes aceptaron una verificación internacional, pero al mismo tiempo las Farc demostraron que su prioridad era el canje.

El resto de 1999 se desarrolló en las mismas condiciones: escasos avances en la negociación y demasiado ruido político. No obstante, para enero de 2000, la expectativa por la paz se había reanudado, con dos hechos de impulso: la inauguración de una sede permanente de los diálogos de paz llamada Villa Nueva Colombia, y una gira de 33 días por Europa de delegados de las Farc y el Gobierno.

Fue un mes en el que un grupo de voceros del Gobierno, acompañado de comandantes de las Farc, visitaron varios países del viejo continente para estudiar esquemas de gobierno y escuchar a voceros de la comunidad internacional. Entre tanto, en Colombia, el drama de los militares y policías cautivos en las cárceles de la selva alcanzaba niveles de desesperación colectiva entre los ciudadanos.

Así fue como, liderados por la activista Marleny Orjuela y su Asociación de Familiares de la Fuerza Pública retenidos por la guerrilla (Asfamipaz), un grupo de ciudadanos se tomó pacíficamente la iglesia del Divino Niño en el barrio 20 de Julio, en Bogotá. El drama aumentó cuando se conocieron imágenes de los policías y militares cautivos, por lo cual la negociación de paz se volvió monotemática.

Cuando el estancamiento de la mesa principal ya era escandaloso, el Gobierno decidió plantear un relevo de negociadores y el Comisionado de Paz Víctor G. Ricardo entregó su posta a Camilo Gómez Alzate, quien de entrada afrontó tres momentos críticos. Primero, el anuncio del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, plataforma política de las Farc, sin que se registraran muchos avances.

En seguida, el anuncio de las Farc de poner en marcha su “Ley 002”, a través de la cual  instó a todas las personas y empresas nacionales y extranjeras con patrimonio mayor a un millón de dólares, a pagar un impuesto del 10% de sus caudales a la guerrilla. El castigo previsto para quien incumpliera la disposición era el secuestro. Como era lógico, el anuncio, reanimó la crisis eterna.

En septiembre de 2000, cuando era movilizado entre Neiva (Huila) y Florencia (Caquetá) para una diligencia indagatoria, el miliciano del frente Teófilo Forero de las Farc, Arnobio Ramos, alias “Molleja”, secuestró un avión de la empresa Aires y lo desvió a la zona de distención. Otra vez, la pelea política y mediática, mientras seguía creciendo el número de prisioneros de guerra en manos de las Farc.

A comienzos de 2001, cuando todo hacía pensar que el proceso de paz tenía sus días contados, el jefe de las Farc, Manuel Marulanda planteó un encuentro definitivo para concretar un acuerdo humanitario y descongelar la mesa de diálogo. Esa cita tuvo lugar en febrero en la inspección de Los Pozos, de San Vicente del Caguán y retomó la discusión más requerida por la sociedad: el cese de fuegos y hostilidades.

En dicho acuerdo se dispuso además agilizar la concreción del acuerdo humanitario para que los soldados policías retenidos retornaran a sus hogares, a cambio de la libertad de guerrilleros presos en las cárceles. El pacto incluyó además la creación de una comisión para impedir que en lo sucesivo se pudieran presentar dificultades que paralizaron la buena marcha de las negociaciones.

En la práctica, el acuerdo de Los Pozos, suscrito el 9 de febrero de 2001, despejó el camino hacia el acuerdo humanitario. A partir de ese momento, se iniciaron los análisis jurídicos, hasta que el 2 de junio se firmó un pacto para dejar libres a 42 soldados y policías enfermos, a cambio de la excarcelación de 15 guerrilleros presos, siempre y cuando no regresaran a las filas de la insurgencia.

Tres días después, con la liberación del coronel de la policía Álvaro León Acosta, se inició el cumplimiento del pacto humanitario. Luego, por decisión unilateral de la guerrilla, a partir del 28 de junio, decenas de prisioneros de guerra de las Farc volvieron a sus hogares. Fueron 323 hombres de la Fuerza Pública a cambio de 14 guerrilleros que salieron de la cárcel. Todo se hizo con base en el Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, de manera estratégica, la guerrilla se abstuvo de entregar a los suboficiales y oficiales en su poder. Pronto el país constató que las Farc ya habían puesto en marcha su nueva ofensiva para el intercambio de uniformados por guerrilleros presos. El jefe guerrillero Víctor Rojas o “El Mono Jojoy”, ya lo había advertido: “Si no se puede la ley de canje, tocara que algunos de la clase política acompañen a los soldados”.

De esta manera, en pocos meses las Farc comenzaron a  sumar a su lista de canjeables a dirigentes políticos. Primero el exministro de Desarrollo Fernando Araújo. Después el congresista Luis Eladio Pérez. Más tarde el exgobernador del Meta, Alan Jara. En julio de 2001, un grupo armado se tomó por asalto un edificio en Neiva y se llevó cautivos a la excongresista Gloria Polanco y sus dos hijos.

El segundo semestre de 2001 fue de sucesión de apremios, en medio de la alarma política por la oleada de secuestros de dirigentes públicos. En desarrollo de esta ofensiva, el 24 de septiembre, cuando regresaba a Valledupar, fue secuestrada  la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera. Seis días después su cadáver apareció con un disparo de bala en la cabeza, lo cual dio pie a mutuas acusaciones.

No obstante, este episodio fue la antesala del final. Aunque el Gobierno impulsó una reunión del Frente Común por la Paz, integrado por líderes de las distintas fuerzas políticas para tratar de salvar el proceso, su suerte ya estaba echada. La última carta quedó en manos de una Comisión de Notables creada tres meses antes para tratar de encontrar soluciones a una negociación moribunda.

La Comisión, integrada por el exmagistrado Vladimiro Naranjo, el médico Alberto Pinzón y el periodista Carlos Lozano, planteó urgentes cambios en la negociación, y la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente con amplia participación de la guerrilla. A su vez, los negociadores del Gobierno insistieron en que solo un acuerdo del cese al fuego salvaba el proceso.

El 5 de octubre de 2001 se firmó el acuerdo de San Francisco de la Sombra, último esfuerzo del proceso de paz. En dicho documento, las Farc rechazaron el secuestro, se comprometieron a prohibir las “pescas milagrosas”, y aceptaron un cronograma para encarar de inmediato el estudio de una tregua. El año concluyó con la polarización del país y el presagio de que la negociación había entrado en una definitiva cuenta regresiva.

El 20 de febrero de 2002, las Farc secuestraron un avión de la empresa Aires que había despegado de Neiva. En él viajaba el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Jorge Eduardo Gechem,  quien fue secuestrado. Esa fue la gota que rebosó la copa y el pretexto que necesitaba el Gobierno para dar por cancelado el proceso de paz. Ese mismo día, el presidente Pastrana anunció la decisión.

Al día siguiente, la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, y su asesora Clara Rojas, fueron secuestradas en una carretera en Caquetá. Ese fue el epílogo del proceso de paz. Tres meses después, el fracaso de la negociación alteró significativamente  el rumbo de la política. En mayo, en primera vuelta, fue electo Álvaro Uribe. Su bandera para ganar fue la guerra a las Farc. 

 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

  1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
  2.  El exterminio de la UP
  3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
  4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
  5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
  6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
  7. La hora de la paz y el tiempo de Santos