Comunidades del Catatumbo le dan ultimátum al Epl

Hasta hoy, este grupo tiene plazo para levantar el paro armado, que lleva 9 días. De lo contrario, las comunidades formarán corredores humanitarios para romper el confinamiento al que están sometidas. Piden diálogo con las guerrillas.

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Asamblea comunitaria en El Tarra, que se desarrolló el domingo 22 de abril. / Sonia Cifuentes- Asociación Minga

La Comisión por la Vida, una iniciativa que agrupa a varias organizaciones sociales del Catatumbo, le exigió al Epl que finalice el paro armado que decretó el pasado 15 de abril. Los habitantes de municipios como San Calixto, Hacarí, El Tarra, Convención y Teorama (Norte de Santander) están confinados, no tienen acceso a víveres ni a medicinas porque todo el comercio está cerrado y ningún vehículo puede transitar.

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Esa guerrilla tiene plazo hasta hoy para contestar el clamor de las comunidades. “Esperamos una respuesta pública a esta solicitud a más tardar el martes 24 de abril. De lo contrario, las comunidades harán corredores humanitarios para garantizar el acceso a nuestros derechos”, dijeron en un comunicado.

La Comisión por la Vida está compuesta por organizaciones del territorio tales como el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento Constituyente Popular (MCP) y algunos delegados del pueblo indígena barí.

Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat, dice que para que esos corredores entren a operar necesitarían el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. “Nos preocupa que todas las misiones de la ONU estén suspendidas”, enfatiza.

Esta comisión llevó esta y otras propuestas a la reunión que se dio ayer con funcionarios del alto Gobierno. Insistieron en que la solución a la guerra que se desarrolla en el Catatumbo sea por la vía negociada. No quieren que desde Bogotá se imponga una salida militar. “Eso solo agrava y agudiza la situación”, dicen.

Esas fueron las conclusiones de la asamblea en la que participaron unas 5 mil personas en El Tarra, el domingo pasado. Ese día, desafiando la orden del Epl de no salir de sus casas, estos pobladores viajaron en caravanas con banderas blancas por las trochas de Norte de Santander para plantear salidas a la violencia que los aqueja.

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Desde que empezó la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), el 14 de marzo, se han desplazado forzosamente unas 6 mil personas, 44 mil niños están sin clase y cifras extraoficiales indican que 30 hijos de esa región han muerto a causa de la violencia.

Piden diálogo

La idea de las organizaciones sociales es que se establezca una Comisión de Mediación entre las guerrillas. Están esperando que el Consejo Departamental de Paz eleve consultas al Gobierno para establecer el espacio de diálogo, que estaría encabezada por la Iglesia católica y contaría con la presencia del gobierno departamental, organizaciones defensoras de derechos humanos, el pueblo barí y los representantes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión por la Vida: por Ascamcat, Juan Carlos Quintero; por parte del Cisca, el senador Alberto Castilla, y por parte del MCP, José Edubin Ovallos.

La Comisión le pidió al Gobierno que reconozca lo que está pasando en la región. Han visto que el Estado minimiza la situación. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que no entendía la decisión de cancelar las clases en 80 escuelas ubicadas en Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorama, Tibú, Ábrego, Ocaña y Sardinata. Otro ejemplo es que el comandante del Ejército Nacional, Ricardo Gómez Nieto, aseguró que no había podido evidenciar que una guerra se desarrollara en el Catatumbo. Mientras tanto, la gente se desplazaba, el comercio estaba cerrado y varias personas caían asesinadas.

En la reunión de ayer en Ocaña también buscaban que el Estado reconociera políticamente a la Comisión. “Obtuvimos el visto bueno del Ministerio del Interior y de la Vicepresidencia. Dijeron que van a interlocutar con nosotros”, cuenta Ismael López, representante del Cisca.

Alivios humanitarios

Algunas poblaciones del Catatumbo han quedado desoladas porque la gente intenta huir de la guerra. Sin embargo, como medida para que no salgan de la región, se han establecido refugios humanitarios. A estos espacios llegan las poblaciones que tuvieron que dejar sus casas. Uno de los llamados que les hizo la Comisión a los grupos armados es a que respeten esos refugios. A su vez, pidieron respeto por la labor de los líderes sociales en la región.

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Como lo había señalado Colombia 2020, el Eln está minando los caminos por los cuales transita, para impedir el avance del Epl. Por eso una de las peticiones que elevó la comisión es “suspender el minado de los territorios”. Pidieron respeto por la labor de la misión médica, que no se viole el derecho al acceso a la educación de los niños y que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Las cifras de los muertos en medio de la guerra hasta ahora son extraoficiales. “Los cadáveres se están enterrando sin ningún protocolo”, cuenta López. Una petición de la Comisión es que se establezcan protocolos para el levantamiento y la identificación de las personas que son asesinadas.

Otras soluciones

La Comisión tiene varias propuestas que abordan problemas que llevan décadas en el Catatumbo. Por ejemplo, piden que se cumpla con el Acuerdo de Paz que suscribió el Estado con las Farc.

Por otro lado, piden que se realice un Gran Encuentro Regional por la Convivencia, el Desarrollo, la Unidad, la Paz y la Reconciliación del Catatumbo, en el cual se abordarían temas cruciales para que la paz por fin aterrice en esa región: la sustitución de cultivos de uso ilícito, desarrollo con enfoque territorial y la delimitación territorial.

La coca es un tema imprescindible para alcanzar la paz en el Catatumbo. Según la medición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la región pasó de tener 6.358 hectáreas en 2011, a 24.587 en 2017. “Esperamos que escuchen las propuestas de política pública de los sectores sociales del Catatumbo”, señala Quintero.

En cuanto a la delimitación territorial, en la región existen tensiones entre la población campesina y los indígenas barí asentados allí.

El llamado a los armados fue contundente: “ustedes siempre han dicho estar del lado del pueblo, y hoy el pueblo les exige respeto”.

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