UNA MIRADA A LOS CINCO PUNTOS

¿Cómo implementar el Acuerdo de Paz en Bogotá?

Por ser la capital, Bogotá debe dar el ejemplo en la implementación de los acuerdos de La Habana. Para los expertos, al igual que las zonas apartadas, debe trabajar en el fortalecimiento del área rural, la prevención del consumo, la participación política y la reparación de víctimas.

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Hay una verdad que cada día parece tener más peso: los bogotanos aún no sienten cercano el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. En el imaginario de sus habitantes, la responsabilidad de la capital está únicamente en la recepción de víctimas y las posibles consecuencias que puede acarrear el fin del conflicto a la seguridad ciudadana. (Lea: La capital, en deuda con las víctimas)

Sin embargo, para los expertos, la ciudad tiene que trabajar arduamente en otros frentes que atraviesan sus dinámicas económicas, sociales e incluso culturales. Por ejemplo, debe fortalecer un campo al que durante décadas ha desconocido, a pesar de que ocupa la mayor parte de su territorio. En cuanto a las víctimas, no sólo debe atenderlas, sino también ayudarlas en la búsqueda de la verdad. Y si se pasa al capítulo de drogas, debe emprender una lucha contra el microtráfico y el consumo, sobre todo entre jóvenes y niños. En el caso de la participación política, surgirán movimientos que querrán abrirse paso en los espacios de la representación de ciertos sectores de la sociedad.

El Gobierno ha insistido en que los acuerdos son para toda la nación y que cada territorio debe trabajar para leerlos según su contexto. Bogotá no es la excepción. No sólo porque es la capital, sino porque aquí se encuentra la mayor oferta institucional y es el músculo financiero del país. Sobre ella recae la responsabilidad de que lo pactado funcione y salga adelante.

Desde distintas perspectivas, los expertos analizan cómo se pueden implementar los acuerdos y cuáles son las tareas de la ciudad de cara al posconflicto.

1. Cerrar la brecha entre el campo y la ciudad

Bogotá tiene un área rural de 121.474 hectáreas, que se distribuyen en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero y Sumapaz, la más extensa y la que durante décadas llevó a cuestas el conflicto armado. Era un corredor estratégico de las Farc, pues limita con los departamentos de Meta, Huila y, en un punto estrecho, con Tolima, lugares en donde esa guerrilla ha tenido presencia histórica. (Lea: Las dificultades que atraviesan las víctimas en Bogotá)

De acuerdo con el Distrito, en estos espacios residen 16.787 personas, casi todas dedicadas a la agricultura. Por eso, dice Juan Miguel Durán, secretario de Desarrollo Económico, el primer punto de los acuerdos de paz es tan pertinente para Bogotá que ahora debe cumplir con una reforma rural integral, que incluya, entre varios aspectos, formalización de la propiedad, catastro rural, zonas de reserva campesina, tecnificación del campo y mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. 

Durán explica que en la ciudad ya se están impulsando nuevas estrategias, como la producción alternativa y la consolidación de mercados campesinos, antes de que la firma fuera un hecho. Sin embargo, considera que la negociación le da más importancia a la labor que adelanta la capital y que podría servir para otras urbes en el país. 

Aunque el área rural abarca la mayor parte del territorio capitalino, para Durán, los bogotanos no conocen su riqueza agrícola y hoy están en deuda de reivindicar a los campesinos, encargados de su seguridad alimentaria. “La ruralidad tiene tal capacidad de producción que no sólo le provee alimentos a Bogotá, si no que genera para ella el agua que se consume en la parte urbana, y ayuda a compensar la contaminación y la polución que generan la industria y el consumo”. 

Para el secretario, el tratado de paz es un sacudón para que las instituciones gubernamentales inviertan más en el campo y para que los ciudadanos compren productos locales y sea más conscientes de labor del campesino, tan demeritada en ocasiones. Solo así, asegura, se podrá generar empleo, disminuir los índices de pobreza, cuidar los recursos naturales y tecnificar el campo, como hoy obliga cumplir el punto uno del acuerdo.

Libia Villalba, edil de la localidad de Sumapaz y campesina, es optimista con la firma de la paz. Cree que, después de este proceso, la gente por fin se acordará de los campesinos, que “siembran sin mayores recompensas”. Cuenta que en una carga de papa invierten $300.000 y cuando la venden no reciben ni la mitad. Por eso, hoy, muchos viven en la pobreza. 

“Tenemos muchos problemas: el alto costo de los insumos, la falta de vías terciarias, la ausencia de un apoyo económico a procesos productivos, la falta de espacios para vender sus productos, los altos costos de los intermediarios y del transporte para trasladar sus alimentos, apropiación ilegal de predios y déficit de infraestructura pública”, agrega Villalba. A pesar de esto, resalta que, en educación y salud, la atención ha mejorado. 

Villalba explica que hasta el momento se han constituido dos zonas de reserva campesina en Sumapaz, pero no han recibido ayuda gubernamental para impulsarlas. Espera que, con el primer punto del acuerdo, la situación cambie, como prometió el Gobierno, y que el Distrito también se una a esta causa para ofrecer productos más amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, considera que el acuerdo puede ayudar a la legalización de los predios, uno de los mayores problemas: “Los campesinos no pueden acceder a este servicio y no tienen cómo comprobar que es su territorio, porque para eso se necesitan abogados y muchos apenas tienen dinero para vivir”. 

Villalba asegura que la tarea de los bogotanos es eliminar esa brecha entre la población urbana y rural, para que se vea a los campesinos como “los aliados, los amigos, que les ponen los tres platos de comida”. Y parte del cumplimiento para posicionar su labor es adquirir sus productos. 

2. La participación política será más competitiva

La apertura democrática para la construcción de paz contempla el acceso de nuevos movimientos al sistema político. Si bien las Farc contarán con al menos 10 escaños en el Congreso (cinco en Senado y cinco en Cámara de Representantes), a nivel local las colectividades emergentes gozarán de garantías de participación, pero competirán bajo las mismas condiciones con los demás partidos. 

Para Jaime Caycedo Turriago, secretario del Partido Comunista y exconcejal de la ciudad, esas nuevas fuerzas tendrán, a partir de 2018, el desafío de representar a la franja de la sociedad que no siempre se expresa a través del voto. “Muchos de esos movimientos políticos que antes actuaban en la clandestinidad, en la Bogotá periférica y profunda de las localidades, ahora podrán hacerlo de manera pública y abierta”, señala.

Sin embargo, las colectividades se enfrentarán con aquellas que cuentan con un capital electoral consolidado, que se ha concretado en curules en las juntas de acción local y en el Concejo de Bogotá. Aunque Caycedo reconoce que hay maquinarias fuertes, no descarta que pueda producirse una sorpresa una vez tengan cabida nuevos actores. “Hay una potencialidad para que estos sectores puedan manifestarse políticamente. Y seguramente habrá que competir con fuerzas muy poderosas, pero en la ciudad hay electorado que piensa, que no está ligado a maquinarias tradicionales que la han gobernado”.

El concejal Antonio Sanguino (Alianza Verde) asegura que en Bogotá se les deben dar todas las garantías a los nuevos partidos (entre ellos a aquel que surja del proceso de desarme de las Farc), los cuales tendrán que hacer campaña y proselitismo en las localidades, recoger votos y ganar adeptos. “Las curules a las que tendrán acceso las Farc llevan a que, desde lo local, ellos también salgan a buscar votos. Eso los obligará a pronunciarse sobre los temas que atañen a la ciudad y lo más previsible es que salgan a defender los puntos del Acuerdo”. El cabildante considera que se debe avanzar en la instalación del Consejo para la Paz como mecanismo de participación y construcción de paz en la ciudad.

3. A atacar el consumo de drogas 

Aunque el capítulo de drogas es muy amplio y no afecta a Bogotá en algunos acuerdos, como la sustitución de cultivos, hay otros en los que la capital debe llevar la batuta. Ese es el caso del consumo de drogas ilícitas, visto como un problema de salud pública, cuya solución requiere un trabajo de autoridades y comunidades. 

De eso está seguro Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, quien cree que la tarea, ahora, es fortalecer los programas de prevención y atención al consumidor, sobre todo en poblaciones vulnerables, como los habitantes de calle.
 Para Garzón, hay avances en materia de ataques a bandas de microtráfico. Un ejemplo claro de eso es el desmantelamiento del Bronx, la olla más grande del país. 

Por eso piensa que, sin descuidar esas estrategias de seguridad ciudadana, la capital debe enfocarse en la prevención y atención al consumidor, en las que todavía no se ven resultados contundentes. De hecho, en los últimos estudios realizados en la ciudad se demuestra que se incrementó el consumo de bazuco, cocaína y, principalmente, marihuana. En cuanto al bazuco, le preocupa que las autoridades no hayan hecho un diagnóstico de su impacto.

María Mercedes Dueñas, jefe del Área de Prevención del Consumo de Drogas de Naciones Unidas, considera que es relevante que, como lo estipula el acuerdo, esas estrategias de prevención se construyan junto con los jóvenes y los niños, que ahora son los más afectados. 

Para Dueñas, ese proceso debe estar acompañado de un fortalecimiento en el sistema de salud, que aún no responde a las necesidades de quienes consumen o están en riesgo de hacerlo. Si existiera una respuesta institucional más rápida, se evitaría la llegada de casos crónicos, que sí necesitarían otro tipo de atención, incluso, más costoso.

Dueñas señala que el principal problema de la ciudad es el consumo inicial, debido a la gran oferta en el mercado y la normalización de la compra de drogas. Aunque no deja de ser un asunto preocupante en adultos, le parece que este problema debe atacarse cuanto antes en los menores de edad y sus entornos escolares. 

 4. Víctimas y justicia 

La capital es la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto armado: 351.000. También ha sido la que más pasos ha dado para atenderlas. No en vano hoy existe la Alta Consejería para las Víctimas, institución con la que Bogotá estructura su estrategia para atenderlas. Sin embargo, aún falta camino. Para Angélika Rettberg, directora de la maestría Construcción de Paz, de la Universidad de los Andes, todavía estamos en deuda con ellas. Le preocupa que el país no haya dimensionado el número de víctimas que debía atender: “La ley que se diseñó fue para cinco millones y hoy tenemos ocho millones”. (Lea: El estigma: el obstáculo de la reintegración)

A eso le suma la falta de celeridad en los procesos de atención que, aunque se hace un esfuerzo, tienen varios problemas. “Bogotá es la capital. Es la ciudad con mayor oferta institucional y es la que mayor contribución hace al PIB nacional. En ese sentido, esperamos que use ese músculo financiero e institucional para agilizar la tarea. Debe dar ejemplo al país en las políticas que adopta y los recursos que destina, sobre todo en la estrategia de atención a víctimas, en la que sin duda es líder”. 

Aunque es un punto importante en el capítulo de las víctimas, Bogotá también debe aportar a otros aspectos acordados en la negociación de La Habana. Por ejemplo, para Rettberg, podría aportar sus archivos de los sucesos más importantes del conflicto armado: “Si hay un respaldo del Gobierno para que se vinculen a la tarea de construir la verdad, Bogotá podría ayudar mucho por su capacidad y sus recursos intelectuales, logísticos y físicos”. 

Por su parte, César Rodríguez Garavito, director de DeJusticia, asegura que Bogotá debe seguir avanzando en el trabajo de difusión de los programas a los que acceden las víctimas del conflicto y redoblar esfuerzos para garantizarles el acceso a las instituciones. “Todo el andamiaje de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, etc. tiene una estructura nacional. Sin embargo, va a haber, por definición, millones de personas en las principales ciudades que van a tener que hacer sus reclamaciones en territorios distintos a los que sucedieron las violaciones de derechos humanos”.

Pero el hecho de que la lógica del acuerdo consista en llevar el Estado a aquellos lugares más afectados por el conflicto, deja en una zona gris a quienes se fueron de aquellas zonas. “Hay que hacer un esfuerzo muy grande en pedagogía para las víctimas que, por una u otra razón, se instalaron en las ciudades y no piensan volver a los territorios”. 

5. Fin del conflicto y verificación

“Bogotá es la sede de las misiones de la ONU. Es el lugar donde operan las principales instituciones del Estado colombiano. Desde aquí se puede controlar y ejercer presión en campamentos, zonas veredales y municipios que salgan adelante después de la dejación de armas”. De esta forma, Angélika Rettberg, directora de la maestría Construcción de Paz, de la Universidad de los Andes, resume el papel de la capital en el último punto del Acuerdo de Paz: implementación, verificación y refrendación.

Para Rettberg, Bogotá es uno de los casos más exitosos en facilitar procesos de desarme y verificación. Sin embargo espera que eso no se constituya en un incentivo para que desmovilizados vengan a la capital: “Por fortuna, las Farc han dicho que quieren quedarse en el campo, desarrollando sus proyectos productivos rurales, y creo que desde Bogotá esas iniciativas deben fomentarse para evitar que residan aquí”.
Por otro lado, el campo bogotano, de hecho, ya está trabajando para dejar atrás las secuelas del conflicto. (Lea: En Sumapaz están listos para borrar las huellas de la guerra)

La localidad de Sumapaz, históricamente afectada por la presencia de los actores armados, comenzará en agosto las labores de desminado humanitario que se realizarán en dos puntos de la cuenca del río Blanco y en uno de la cuenca del Sumapaz.“El presupuesto, según los operadores, puede ascender a US$1,7 millones (casi $5.000 millones). Este domingo, en la vereda Nazareth, haremos el anuncio a la comunidad, que está siendo capacitada tanto en este tema como en cada uno de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc”, indicó Francy Liliana Murcia, alcaldesa local.