Por homicidio, concierto para delinquir y tortura

Caso Bellacruz, crimen de lesa humanidad

El Espectador conoció la decisión que declara imprescriptible la investigación por actos de violencia contra campesinos de dicha propiedad, en tres municipios  del sur del Cesar.

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La hacienda Bellacruz está ubicada en el sur del Cesar y tiene 8.850 hectáreas. / Unidad de Restitución de Tierras

Si hay un capítulo judicial que resuma el devenir del conflicto armado en Colombia y la confrontación por la propiedad y el acceso a las tierras, este es el de la hacienda Bellacruz, un extenso predio situado en el sur del departamento del Cesar. Del tema comenzó a hablarse en los años 60 y desde entonces en cada década se ha añadido una secuencia de hechos que lo han agravado. La noticia ahora es que la Fiscalía decidió investigar como crimen de lesa humanidad lo que aconteció en la zona a partir de 1996, cuando por medio del desplazamiento forzado o el homicidio, entre otros delitos, se fraguó una acción sistemática de violencia contra la población campesina.

La decisión fue adoptada por una fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tras una misión de trabajo que comenzó en el estudio de las denuncias que se presentaron a principios de 1996 por atropellos de civiles armados contra campesinos que habían ocupado algunos predios en el municipio de La Gloria, perteneciente a la hacienda. Esta pesquisa permitió establecer la necesidad de incorporar al proceso varios expedientes conexos por homicidio de líderes desplazados de Bellacruz. De igual manera, se añadieron otros expedientes por incursiones paramilitares que provocaron desplazamiento forzado en la región.

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Sin embargo, la historia de la hacienda Bellacruz se remonta a mediados de los años 40, cuando el negociante de tierras Alberto Marulanda Grillo se asentó en el sur del Cesar, donde compró casi 100 hectáreas entre los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya. A finales de los años 50, en medio de la violencia partidista, la propiedad había duplicado su extensión. Entonces ocurrió el suceso que puso a la hacienda en el foco del país. Corría el año de 1969 y, en desarrollo de un debate político en el Congreso, trascendió que la hacienda Bellacruz había vendido al Estado algunos terrenos con fines de reforma agraria, pero con evidentes sobrecostos.

En su momento, el trasfondo de esta negociación se conoció como el escándalo Peñalosa-Vives, porque enfrentó al entonces ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa Camargo, con el congresista José Ignacio Vives. El asunto se volvió debate contra el gobierno de Carlos Lleras y Vives terminó procesado por la justicia. Pero la controversia de fondo alrededor de la hacienda Bellacruz no se resolvió; por el contrario, la pelea siguió de largo y una nueva generación de campesinos alegando títulos agrarios se enfrentó a Carlos Arturo Marulanda Ramírez, hijo del primer Marulanda.

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A mediados de los años 80 la disputa se acrecentó, pero Marulanda Ramírez pasó de político a ministro de Estado en 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco. Como era de esperarse, pronto salió a relucir la hacienda Bellacruz y a los señalamientos a Marulanda se sumaron denuncias por contrabando de carne a Venezuela. Los campesinos volvieron a apelar la ocupación, y la respuesta fue la misma: el desalojo, ahora con certificaciones de que se trataba de una zona de reserva forestal o tierras protegidas por organismos oficiales. Marulanda dejó el ministerio y se convirtió en embajador en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea.

En esta labor estuvo hasta 1997, cuando ya se habían desencadenado los hechos que ahora la Fiscalía busca esclarecer en un expediente catalogado como crimen de lesa humanidad. En principio fue el crimen del docente Jaime Laguna, el 8 de mayo de 1996. Luego, el asesinato de Eliseo y Eder Narváez, líderes de recuperación de tierras en Bellacruz, el 4 de junio. En noviembre de 1996 fue muerto Jesús Toscano. Días después se produjo la muerte violenta de Diosenel, Dinael y José del Carmen Toscano. También sobrevino el ataque de hombres armados contra familias campesinas asentadas en la hacienda, en mayo de 1997, acompañado de atropellos.

Ante la sucesión de denuncias, acompañados de protestas en Bruselas, Carlos Arturo Marulanda renunció en noviembre de 1997. Meses después, la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez tomó cartas en el asunto y no solo capturó al hermano del exembajador, Francisco Alberto Marulanda Ramírez, sino que en enero de 1999 ordenó la detención del exministro. No obstante, gracias a su pasaporte diplomático, Carlos Arturo Marulanda eludió la justicia moviéndose por varios países. Finalmente, en julio de 2001 fue capturado en España y extraditado a Colombia. Solo duró unos pocos días en prisión porque rápidamente fue absuelto por la Fiscalía de Luis Camilo Osorio.

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A pesar de que su hermano Francisco Alberto Marulanda fue condenado en julio de 2003 a 18 meses de prisión, el Tribunal Superior del Magdalena lo absolvió en segunda instancia. Tiempo después el jefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, admitió que los hermanos Marulanda le pagaron para desplazar a 64 familias. Otro paramilitar conocido como Rancho, agregó que recibió dinero para constituir un frente de las autodefensas en la hacienda. Los testimonios permitieron ubicar a Manuel Alfredo Rincón, alias Manaure, capturado en 2012. Este sujeto reconoció que había sido contratado por los hermanos Marulanda para sacar a los campesinos de la hacienda.

A pesar de esta larga historia, nunca se ha aclarado todo el capítulo de la hacienda Bellacruz. La decisión que adoptó la Fiscalía dice que se trata de un caso con intereses económicos privados para legalizar predios, posible conflicto de intereses de funcionarios estatales y, definitivamente, casos de homicidio, concierto para delinquir y torturas que obligan a reevaluar lo sucedido. Además del tema agrario en sí mismo y sus implicaciones, se ordenó esclarecer la responsabilidad de los partícipes de los hechos, que implican a Edinson Ladino, teniente coronel (r) de la Policía, capturado el 10 de agosto pasado, pero se espera que el caso avance a los determinadores. El abogado de las víctimas, Eduardo Carreño, celebró la decisión y dijo que espera que se avance en la identificación de otros implicados.

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