Cárcel, destierro o muerte

Como líder social y sindical, ha denunciado “los daños irremediables generados por las operaciones extractivas de las empresas Pacific Rubiales y, desde julio de 2016, de Ecopetrol. Estuvo preso, fue absuelto y ahora está amenazado.

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Héctor Sánchez frente a “piscinas” de agua utilizadas por Ecopetrol para la extracción de petróleo . / Tom Laffay

Quizás esa fue la premisa que tuvo Héctor Sánchez cuando fue capturado el 4 de diciembre de 2013 mientras se encontraba reunido con trabajadores en las oficinas de Pacific Arrayanes. Ese día, miembros del CTI, de la Policía y de la Sijín esposaron a Sánchez tras endilgarle los delitos de secuestro, concierto para delinquir, amenazas y obstrucción de vías públicas, entre otros. Era el resultado de la denuncia que había interpuesto la empresa Pacific en 2011, sostiene un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Sánchez permaneció en un patio de máxima seguridad en la cárcel La Picota, de Bogotá. Diez semanas duró su encierro. El 19 de febrero de 2014 recobró su libertad, aunque el proceso siguió abierto. En agosto de 2015, el Cajar logró un fallo absolutorio de uno de los casos, después de tres años de acción judicial en su contra, por el delito de obstrucción de vías públicas.

Se considera un líder social y defensor ambiental. No obstante, sus actividades se reparten en ser presidente del Comité Ambiental, Agrario y Comunitario de Puerto Gaitán (Meta), presidente de la Junta de Acción Comunal de Rubiales y miembro de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO).

La principal bandera de Sánchez ha sido denunciar “los daños irremediables generados por las operaciones extractivas de las empresas Pacific Rubiales y, desde julio de 2016, de Ecopetrol”, resalta el informe del Cajar.

Por las denuncias interpuestas por el líder social, en agosto de 2016, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad con chaleco antibalas y guardaespaldas, para protegerse de un ataque inminente.

El 17 de diciembre de ese mismo año, ante el pedido de los abogados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, lo mismo que a otros cuatro integrantes de la Junta de Acción Comunal de Rubiales (Meta).

La última amenaza se la mandaron por medio de otro sindicalista de la USO, que fue intimidado el 25 de marzo de este año. A José Chamorro lo llamaron al celular y le dijeron: “Debe desocupar el pueblo, porque anda cerca de Héctor Sánchez”. El líder social espera la audiencia de acusación de uno de los cinco procesos que tiene en su contra por protestar en vías públicas.