ANT dice que es necesario para lograr la paz

¿Borrón y cuenta nueva en materia de tierras?

El Gobierno dio a conocer los puntos claves del proyecto de ley de tierras que está para consulta previa. Sanear la acumulación de baldíos por medio de un pago es uno de los que levantan ampolla.

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El proyecto de ley modificaría la emblemática Ley 160 de 1994, pero no la derogaría. / EFE

Hace cerca de un mes, antes de que Aurelio Iragorri dejara el Ministerio de Agricultura, El Espectador publicó apartes del borrador del proyecto de ley de tierras que, por iniciativa del Gobierno, estaba avanzando, con el fin de radicarlo en el Congreso de la República como ley ordinaria. Es decir, no por vía del fast track. Este proyecto pretende cambiar la emblemática norma de reforma agraria de 1994, “actualizarla”, según el Ministerio, y, claro, adoptar medidas a la luz del Acuerdo de Desarrollo Rural alcanzado en La Habana.

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Hoy, Aurelio Iragorri ya no está. En su reemplazo, el pasado 9 de octubre se posesionó Luis Guillermo Zuluaga. Sin embargo, el encargado de socializar con los medios de comunicación los puntos claves del proyecto esta semana fue el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados. Según él, la propuesta contiene más garantías en un tema polémico como la extinción de dominio, por ejemplo. Se refiere a lo que en el Ministerio han llamado “la tarjeta amarilla”.

Esto es: si la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encuentra una tierra que su dueño no aprovecha económicamente desde hace tres años o más, sin una justificación —por ejemplo, el trámite de un permiso—, la persona tendría máximo tres años para poner su propiedad a producir, incurriendo en una multa de todas formas. En caso de que la razón para la no explotación sea la falta de recursos o de apoyo técnico, Andrés González, asesor del director de la ANT, Miguel Samper, recuerda que la política va de la mano con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En dicho marco, “a esas familias se les piensa dar una intervención integral. Quien no puede explotar su tierra puede ser beneficiario de otras figuras que no presta la ANT”. Respecto a la expropiación, los funcionarios aclararon que la esencia de esa figura no se modifica, sino que “se aclara que la aplicación será residual o de última instancia cuando no sea posible nutrir el Fondo de Tierras con otros mecanismos”.

En general, el borrador del articulado mantiene gran parte del documento conocido por este diario en septiembre pasado. Así, persisten dos de los puntos que desde hace años generan preocupación a expertos en temas agrarios y organizaciones sociales y no gubernamentales: la amnistía a la acumulación de baldíos y, ahora, el acceso a tierras del Fondo de Tierras —que fue un producto del Acuerdo de Paz— por parte de personas con grandes patrimonios. Eso permanece.

Para el primer caso se aplicaría la “regularización por confianza legítima”, que en pocas palabras, según el Ministerio, sería para campesinos que, por ejemplo, desconocían las normas agrarias y, producto de su desarrollo económico, empezaron a ocupar más tierras de las que era permitido por la ley, es decir, una unidad agrícola familiar (UAF). La UAF, dice el proyecto, se adjudicará y la persona deberá pagar por la tierra que supere esa área. Ahora bien, para que eso ocurra, el ocupante debe demostrar que se hizo a la tierra de forma “pacífica” y de “buena fe”.

Al respecto surgen muchas dudas. Para el excongresista Wilson Arias, la puerta para que se legalice la acumulación indebida de baldíos por parte de grandes empresas y grupos económicos sigue abierta. Por su parte, Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), no duda en afirmar que “ninguna de las contrarreformas agrarias había sido así de agresiva. El efecto retroactivo es: perdonemos todo y olvidemos”. Y agrega: “Así, entonces, ¿cuáles tierras vamos a recuperar?”.

González asegura que no cualquiera que hoy ponga un pie en un baldío podrá acceder a la regularización, sino sólo aquellos que tengan una tradición de por lo menos 10 años y solamente hasta cuando se expida la ley. “De una forma se puede decir que es una norma de amnistía por una sola vez”, reconoce el asesor de la ANT. Y agrega: “Si en lugar (de esta propuesta) aplicamos la Ley 160 de 1994 como está hoy, y vamos a los Llanos con Policía o Esmad a sacar a la gente para reemplazarla por otra, no vamos a lograr la paz nunca, sino una guerra. Es muy romántico, idealista e iluso pensar que uno puede aplicar una figura de recuperación de baldíos drásticamente para darles (tierra) a campesinos pobres”.

El artículo 11 señala que quienes estén ocupando tierras que figuren en el inventario entregado por las Farc tendrán una compensación por abandonarlas, sólo si son de “buena fe exenta de culpa”. Sin embargo, en el artículo siguiente, regularizar los casos de acumulación parece más sencillo, pues sólo se pide la “buena fe”. Para Mojica, en la práctica eso significa que la buena fe se “presume en las personas y basta con que digan que ocuparon el baldío por esa confianza legítima”. Es decir, eso sería suficiente en el caso de una empresa que haya acumulado UAF de forma indebida.

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Sobre la preocupación del destino de los bienes del Fondo de Tierras, Andrés González explica que habrá una especie de fila para acceder a ellos. Si bien se permite que grandes patrimonios puedan acceder a tierras, dice el asesor, ese acceso “jamás se dará si no se han satisfecho las demandas de tierras de los más pobres”. Sin embargo, Mojica señala el artículo 35, que habla del derecho a usar la tierra, mas no de poseerla.

Al respecto, el proyecto dice: “Para la asignación de estos derechos de uso se priorizarán los esquemas asociativos. Los proyectos que incorporen mayoritariamente sujetos de acceso o formalización a título gratuito (los patrimonios más bajos) no quedarán sujetos a la previa atención de la demanda de predios solicitados en propiedad”. Con esta ley, por exigir menos requisitos, según la subdirectora de la CCJ, los empresarios podrían no sentirse atraídos por las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres), otra figura polémica que fue creada el año pasado.

La discusión apenas comienza, pues este documento es un borrador que está en proceso de consulta previa. Una vez sea radicado, probablemente en la segunda o tercera semana de noviembre, lo más seguro es que el debate en el Congreso de la República sea intenso. La tierra siempre ha estado en el centro del conflicto.