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El reciente atentado ocurrido contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, que dejó 21 muertos y más de 60 heridos. sumado a los siete asesinatos de líderes sociales ocurridos en el inicio de este año y la masacre perpetrada en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), entre otros, son hechos que estremecen al país. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, respondió un cuestionario enviado por El Espectador, en donde advierte que aún hay zonas que se encuentran en riesgo y señala qué grupos ilegales pueden estar tras estos actos violentos.
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Bogotá no sufría un atentado de esta magnitud hace mucho tiempo. ¿Cuál es su consideración?
Bogotá siempre será un objetivo de alto valor para los grupos armados ilegales. En los últimos años, registramos el atentado contra el centro Andino y la Plaza de Toros de Bogotá, por supuesto de una magnitud mucho menor a lo que vivimos hoy. Es altamente preocupante la capacidad de hacer daño que tienen estos grupos, generando zozobra en la población y robándonos la esperanza de continuar en la senda de construcción de paz. Repudio vehementemente lo acontecido, porque Colombia se merece la paz y no la guerra.
En diciembre del año pasado, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 086, en donde advertía posibles ataques con artefactos explosivos, que se podrían presentar, principalmente, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, en el sur de la capital. ¿Estas alertas fueron atendidas?
En el mes de diciembre del año pasado, una vez emitida la alerta, el Ministerio del Interior convocó a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el propósito de articular a las instituciones y así mitigar el escenario de riesgo descrito en esta alerta. En efecto, allí consignamos que en Bogotá los actores armados, que no operan bajo la modalidad de cuadrillas que patrullan uniformados y exhibiendo sus armas, sino bajo acciones estratégicamente diseñadas para generar terror en la sociedad, podrían contemplar el uso de artefactos explosivos para causar un daño en la población. No somos una agencia de inteligencia, ni quiero decir que anticipamos el atentado contra la Policía, pero sí que nuestros análisis e investigaciones sociales —que sirven de base para la construcción de los escenarios de riesgo plasmados en las alertas tempranas bajo un enfoque de derechos humanos— se acercan a la realidad. Por lo tanto, hay que creerles y atenderlas.
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¿Hay otras alertas de este tipo a lo largo del país?
En el año 2018 se emitieron 86 alertas tempranas en todo el país, algunas de ellas en ciudades capitales como Cali, Medellín y Barranquilla. El común denominador es la presencia de actores armados interesados en controlar los corredores, las finanzas y el narcotráfico, que no es microtráfico, como se suele identificar.
Hoy se habla mucho de las disidencias de las Farc. ¿Son ellos la única amenaza para el país?
De acuerdo con el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), durante 2018 tuvimos acciones violentas por parte de diferentes grupos armados ilegales en el país, de los cuales sobresalen cuatro. En primer lugar, los grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo denominaciones como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y Puntilleros. En segundo lugar el Eln, que presentó un aumento de hostilidades frente a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. En tercer lugar, el Ejército Popular de Liberación (Epl), presente en la zona del Catatumbo. Por último, los grupos disidentes de las Farc, que se han reconstituido con el fin de apoderarse de las rentas ilícitas dominadas por sus antecesores.
¿En dónde está golpeando esa violencia con mayor fuerza?
Las zonas más afectadas por la violencia en el país, de acuerdo con la información que registra nuestro monitoreo y el acompañamiento que hacemos como Defensoría del Pueblo en terreno, son el Andén Pacífico en las costas de Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, donde se presenta una problemática humanitaria que requiere atención inmediata del Estado para superar la crisis y disolver los grupos armados ilegales, que aumentan el escenario de riesgo en esta zona. Luego está el Catatumbo, que sufre constantes confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl) y la Fuerza Pública. Es preocupante también la situación del Cauca y Bajo Cauca antioqueño, sometidos al dominio de los cultivos ilícitos, el tráfico de drogas y la minería ilegal. Y Arauca, que registra presencia constante del Eln y ha sufrido atentados contra la población civil.
¿Cree que la respuesta del Gobierno ante esas alertas ha sido satisfactoria?
En términos generales, el Gobierno Nacional emprendió la ruta prevista en el Decreto 2124, mediante la conformación y convocatoria de los comités intersectoriales. No obstante, es de vital importancia que estas convocatorias tengan como consecuencia la implementación de una ruta de respuesta inmediata, como lo advierte el propio decreto, y con ello evitar que estos espacios de prevención sean un escenario de controversia de sus contenidos y no de gestión inmediata. Esta situación ha sido una constante desde enero de 2018 y denota con claridad la necesidad de cambiar la política de prevención de la violación de los derechos humanos en el país.
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En diciembre usted denunció que el Gobierno no tomó en cuenta la alerta emitida por la entidad en Mapiripán (Meta), tras la masacre ocurrida en la zona. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno a este llamado?
Pocos días después de emitir esta alerta, el presidente de la república convocó el Primer Comité del Plan de Acción Oportuna (PAO), sobre el cual el Gobierno dio instrucciones precisas a sus altos funcionarios frente a las recomendaciones presentadas por la Defensoría del Pueblo sobre el escenario de riesgo observado en Mapiripán. Confiamos en que el Gobierno Nacional ubicará en primer nivel de atención de las instancias que contempla la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, la garantía de los derechos de las personas y el respeto a la dignidad humana, un compromiso adquirido por el presidente de la república.
Ahora que comienza un año nuevo bastante violento, ¿qué balance quedó en 2018 en materia de orden público?
El balance general de orden público en 2018 en Colombia presenta cifras favorables, con ocasión de la implementación del Acuerdo final de Paz. Lamentablemente la excepción es la imperante violencia desatada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, hechos que la Defensoría ha advertido desde marzo de 2017 a través de informes de riesgo y alertas tempranas, que definen la necesidad de focalizar la atención del Estado en este grupo poblacional