“Aún no hay fecha para la entrega de alias ‘Otoniel’”: Óscar Naranjo

El vicepresidente habla del empalme con el gobierno entrante, del sometimiento del Clan del Golfo y de las disidencias.

naranjo.jpg

El general (r) Óscar Naranjo estuvo 16 meses en la Vicepresidencia. / Óscar Pérez - El Espectador

¿Qué conclusión hace del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante? Usted tuvo a su cargo elementos centrales como el futuro del Acuerdo de Paz…

Hicimos claridad en temas como la reincorporación de los excombatientes. Ese asunto es prioridad para nosotros, porque asegurar ese proceso significa que podremos contener una posible pretensión del crimen organizado de hacer una oferta a esos excombatientes para que vayan a las bandas criminales. Y a pesar de que hay disidencias —desertores de las Farc hoy cercanas a 1.200 hombres— la totalidad de ellas no están integradas por excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz. Hubo un fenómeno de 700 guerrilleros que no lo hicieron y ha habido un reclutamiento nuevo de alrededor de 500 delincuentes más.

Lea también: Los expedientes de dos líderes sociales asesinados

¿Y esa información por qué es relevante para el empalme con el nuevo gobierno?

Porque hemos quebrado ahí una especie de mito y es que el 25 % de los excombatientes se había ido en disidencia. Eso no es cierto. También hablamos de la necesidad de asegurar que, ya sin conflicto con las Farc, el programa de sustitución de cultivos en combinación con la erradicación forzosa se siga desarrollando. Lo que presentamos al nuevo gobierno es que, a pesar de que el programa apenas está creciendo, estamos frente a una solución definitiva y no de contención de los cultivos. Explicamos cómo después de haber fumigado 1’800.000 hectáreas en 16 años nunca logramos terminar con los cultivos porque la respuesta inmediata era la resiembra. Hoy lo que está mostrando la sustitución es que tenemos 77.000 familias vinculadas al programa, 47.000 ya han recibido su primer pago y estamos viendo que la resiembra es cero, en contraste con la erradicación forzosa, donde tenemos una resiembra del 25 %.

El presidente electo, Iván Duque, ha sido muy crítico frente a la forma en la que el Gobierno viene afrontando la lucha contra las drogas, al punto que no ha descartado retomar la aspersión aérea. ¿No le preocupa que Colombia dé ese paso en reversa?

Lo que explicamos es que la suspensión de la aspersión aérea no fue derivada de un acuerdo con las Farc y lo que se pactó en Cuba para nada limita la discrecionalidad del Gobierno de asperjar. Por lo tanto, es una opción que ellos tienen ahí a la mano en función de los cuidados medioambientales del plan que exige la Corte Constitucional. Sin embargo, estimamos que la erradicación forzosa, manual, más el nuevo mecanismo que está en desarrollo con drones, debería producir unos impactos fuertes. Pero respetamos cualquier decisión que el presidente electo quiera tomar en ese sentido.

¿No le causa incertidumbre el paso que pueda dar una presidencia de Duque, no sólo en la lucha contra las drogas sino con el Acuerdo de Paz en general?

Creo que hay discursos distintos. Hay un discurso de campaña, pero ya asumiendo responsabilidades de gobierno, me imagino que ese discurso se va a adaptar a unas realidades, y tengo confianza de que, como él lo ha dicho, no hará trizas el Acuerdo.

Usted me hablaba de un nuevo reclutamiento en las disidencias de las Farc y en parte es porque existe la percepción de que la implementación va lenta y no genera confianza. ¿Qué futuro le ve a ese preocupante fenómeno?

La lección que estamos teniendo es que donde las Farc eran el actor dominante ilegal, la consolidación y el control territorial por parte de la Fuerza Pública se ha facilitado. En regiones donde hay convergencia de otros grupos criminales ha habido unos brotes de violencia derivados de ese apetito de organizaciones de controlar economías ilegales. Pero le doy estos datos: cuando se firmó el Acuerdo de Paz, las Farc estaban en 285 municipios y tres años atrás estaban en cerca de 400 municipios haciendo la guerra. Hoy, tenemos problemas priorizados en 35 municipios. Y es evidente que zonas como el Catatumbo o Tumaco hacen parte de esos municipios problemáticos, pero ya no es la totalidad del país ni la cuarta parte de los pueblos de Colombia. Entonces, ha habido avances de control territorial importantes.

Cuando usted llegó a la Vicepresidencia, el presidente Santos le asignó cuatro tareas específicas y una de ellas tenía que ver con la defensa de los líderes sociales, y lo que uno ve es que los asesinan casi a diario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los matan?

La contradicción más grande que tenemos hoy es esa. A pesar de tener la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años, ha habido en los dos últimos años un incremento de asesinatos de líderes sociales. Esos líderes estuvieron durante el conflicto condenados a no elevar su voz y a no participar de la vida política y pública. Ahora están participando para promover la legalidad. Hay victimarios que corresponden al Eln y organizaciones como el Clan del Golfo que también están atacando esos liderazgos. Hay cuatro razones para este fenómeno: están asesinando a los reclamantes de tierras, a quienes promueven la sustitución de cultivos, a quienes denuncian la corrupción local y a quienes promueven la participación política en lugares donde no hubo nunca esa oportunidad.

Hablemos de esa corrupción local. El Gobierno enviará a inspectores para supervisar de qué manera la Fuerza Pública está protegiendo a los líderes sociales por supuestas mafias que estarían cooptando a la institución. ¿Qué información tiene de eso?

Lo que se dijo en la Comisión Nacional de Garantías es que era necesario asegurar que la Fuerza Pública y la institucionalidad fueran totalmente confiables y transparentes en esos territorios, y que era necesario indagar si en estos casos de asesinatos hay participación o no de algún miembro de cualquier institución. Pero no estamos hablando de una corrupción estructural. Basta ver el número de capturas que produce la Fuerza Pública, los resultados en incautación y la inmensa mayoría de los funcionarios institucionales son honorables. Pero el presidente, con buen criterio, dice “asegurémonos de que el comportamiento sea ejemplar”.

Lea también: Obispos alertan por situación en Chocó

 ¿Por qué el Gobierno no reconoce sistematicidad en los asesinatos de esos líderes sociales?

El Gobierno reconoce que hay patrones territoriales. Es decir, dependiendo de cada territorio hay una modalidad de actuación sobre los líderes sociales y unas motivaciones específicas para atacarlos y asesinarlos. ¿Por qué decimos que no hay sistematicidad? Porque ese es un concepto que implica, en términos jurídicos y políticos, que haya un determinador único, un plan nacional de exterminio, una capacidad ejecutora que recibe órdenes en una cadena de mando y control, y una población específica a eliminar. Esas cuatro condiciones no se cumplen para decir en términos estrictos que hay una sistematicidad. Pero reconocemos que sí hay patrones territoriales, microfocalizados que tenemos que atender. El hecho de que no se reconozca la sistematicidad no quiere decir que no estemos detrás de los determinadores.

El Clan del Golfo, uno de los actores que está asesinando a líderes sociales, está listo para someterse a la justicia. ¿Cuáles son los tiempos para que se complete este proceso?

Con la nueva Ley de Sometimiento se prevén distintos tiempos: que haya una solicitud formal de sujeción a la ley por parte de la organización criminal y esa solicitud debe cumplir unos requisitos, que van desde la composición, los bienes, las estructuras, sus integrantes. Esperamos que esa organización, a través de los representantes legales, presente esa solicitud. Al día de hoy, esa solicitud formalmente no nos ha sido presentada. Una vez sancionada la ley, lo que nos han dicho es que están trabajando el documento de solicitud.

¿O sea que todavía no hay una fecha establecida para la entrega de alias “Otoniel”?

No, no todavía.

¿Y no será que se echan para atrás él y los demás miembros del Clan del Golfo?

Lo que se nos informó desde que se sancionó la ley es que ellos mantenían su decisión de usar el instrumento legal previsto para presentarse ante la justicia.

¿Con qué otra organización criminal han tenido acercamientos?

Solamente con el Clan del Golfo.

¿Se beneficiarán las disidencias de las Farc de este proyecto?

No. Las disidencias de las Farc tienen que enfrentar la persecución policial, militar y judicial, porque uno de los requisitos que plantea la ley es que el Consejo de Seguridad Nacional deberá tipificar cuál es el tipo de organización que sería beneficiaría del tratamiento de sometimiento a la justicia.

¿Y cómo determinar qué tipo de organización son las disidencias de las Farc?

Lo que dice la ley es que hay dos tipos de organizaciones que pueden acogerse a la justicia usando esta norma: los Grupos Armados Organizados y los Grupos de Delincuencia Organizada. Lo que puedo decir es que mientras el gobierno de Juan Manuel Santos esté en ejercicio, no habrá espacio a los desertores o disidentes para que usen ese instrumento. Esa es una facultad discrecional que aplicará el Gobierno, dependiendo de la tipología que establezca el Consejo de Seguridad, pero la certeza es que durante este Gobierno no se aplicará ese mecanismo para las disidencias.

¿Cómo será, en términos generales, el proceso de sometimiento?

La organización criminal, a través de sus abogados, hace una solicitud formal que debe llenar 13 requisitos como: señalar la manifestación expresa, libre y voluntaria de acogerse a la ley y cómo está compuesta la estructura, cuántos integrantes tiene, cuáles son sus activos ilegales. Debe dar información sobre la ubicación de personas que hayan desaparecido y las redes de apoyo que los ha financiado. Esa solicitud la estudia el Gobierno y éste determina si es viable o no seguir con el paso siguiente. El tercer paso es una localización en un punto específico a cargo del Gobierno Nacional para facilitar que fiscales, jueces de control de garantías, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Registraduría y otras instituciones atiendan a esas personas que se quieren someter. Y luego hay un espacio temporal para que la Fiscalía vaya resolviendo la situación jurídica. Posteriormente, lo que está previsto es que la pena sea cumplida en granjas agrícolas y el Gobierno ha asignado las granjas agrícolas penitenciarias de Acacías y de Aburrá.

¿Qué va a pasar con alias “Guacho”? El panorama es aterrador. La semana pasada fueron asesinados tres miembros del CTI, antes a los periodistas ecuatorianos y a una pareja de ese país…

No nos podemos confundir. Es verdad que alias Guacho se convirtió en una especie de símbolo mafioso, pero en mi opinión, es un elemento instrumental al servicio de estructuras transnacionales del delito. Es decir, estamos hablando de un fenómeno más complejo que el de un rebelde desertor de las Farc. Estamos hablando de unos intereses mafiosos que durante años consolidaron un imperio dedicado al tráfico a gran escala de cocaína. Soy el primero en lamentar lo que sucede, pero si la Fuerza Pública, la Fiscalía, si el Gobierno no estuviera interviniendo Tumaco con intensidad, el narcotráfico allí estaría en zona de confort, no habría un solo muerto ni ningún incidente. Esta es la respuesta de la mafia a un proceso disruptor de esa zona de confort. Hoy, esas organizaciones son grupos desesperados, en fuga, recurriendo a la barbarie para tratar de impedir el avance de la Fuerza Pública.

Haciendo un balance general de su gestión, ¿qué logros deja su Vicepresidencia al concluir el Gobierno?

Sin triunfalismos, fueron 16 meses de una Vicepresidencia que se convirtió en el punto de encuentro del desencuentro. Por acá desfilaron los más grandes y más problemáticos asuntos que tienen las regiones por resolver y fue ese punto de encuentro para establecer un diálogo cercano con las comunidades, con las autoridades. Diría que ahí hay un sello especial de la Vicepresidencia en su cercanía a esa Colombia profunda de comunidades que nunca tuvieron interlocutor presidencial, vicepresidencial o ministerial. Tengo la satisfacción de haber salido en esos 16 meses en más de 115 viajes por el país, que me permitieron visitar, en 29 departamentos, cerca de 40 municipios y muchas veredas a donde nunca había llegado un funcionario público distinto a un soldado o a un policía. Y por otro lado, tengo la satisfacción de haber puesto en marcha mecanismos de creación de confianza en la institucionalidad. Cuando uno revisa el proceso que tienen los 15 alcaldes de la región del Catatumbo, la provincia de Ocaña y el sur del Cesar, con tanto entusiasmo pensando en la superación de sus problemas no solamente con una óptica militar, creemos haber contribuido. Y cuando veo a cientos de campesinos que cuando veían al general Naranjo en su vida pasada le reclamaban por qué los estaba fumigando y no les daba una alternativa, hoy siento que ha regresado para darles esa alternativa.

Lea también: En el sur de Córdoba hay complicidad entre las autoridades y los grupos ilegales: líder social

Sobre la oposición, Marta Lucía Ramírez y su futuro

¿Han sido injustas las críticas de la oposición frente a la gestión del Gobierno?

Hoy los colombianos tenemos un déficit de confianza entre nosotros. Cualquier proyecto político debería privilegiar la creación de confianza, y eso significa que la oposición política y las visiones políticas estén basadas en la verdad, en el respeto, y no en la descalificación y la mentira. Yo esperaría que esta etapa que viene sea para que la verdad se restablezca, porque lo que sí he notado, y con mucha tristeza lo digo, es que la mentira se tomó la opinión y el mundo virtual.

¿Le genera tranquilidad que Marta Lucía Ramírez sea quien lo reemplace en el cargo?

Sí, me da tranquilidad.

¿A qué se va a dedicar?

Lo que puedo anticipar es que no tengo ninguna ambición política o electoral. Lo que preferiría después de 42 años de servicio público es contribuir con reflexiones en el mundo de la academia o en grupos de liderazgo regional para que no tengamos una visión apocalíptica del país. Francamente, creo que Colombia va por el camino correcto, que estamos mejor que antes, y me preocupa que haya visiones catastróficas del país. Un liderazgo responsable es un liderazgo que crea confianza en el futuro. Me dedicaré a pregonar que es necesario confiar y respetar.

¿Será que el próximo gobierno ejercerá ese liderazgo responsable?

Creo que habrá una ciudadanía vigilante. Hay una democracia fortalecida y vigorizada. Han aparecido nuevas fuerzas políticas, hay un sentimiento renovado de los jóvenes para participar en política y, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que esta democracia, con la participación activa de los ciudadanos, tiene que funcionar mejor.