Así evaluaron las organizaciones sociales el Examen Universal de derechos humanos de Colombia

Si bien reconocen que se ha avanzado en cuestión de derechos humanos, y más tras el acuerdo de paz, también insisten en que falta mucho por hacer. Creen que hizo falta recomendaciones para evaluar el papel de las empresas en la violación de los derechos humanos y la regulación de las agencias de inteligencia del Estado. 

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Organizaciones que representan a distintos sectores de la sociedad civil de Colombia se reunieron para escuchar los resultados del examen sobre derechos humanos / Foto @Coljuristas

A las ocho de la mañana de este 10 de mayo en Colombia, cuatro horas después de la finalización del Examen Periódico Universal (EPU) de la Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), voceros de algunas organizaciones sociales se reunieron en el Centro de Convenciones AR de Bogotá para conocer las recomendaciones que los 86 países miembros de la Onu le hicieron a Colombia en tema de derechos humanos. 

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Tras discutir las más de 200 recomendaciones y felicitaciones por el proceso de paz que hicieron los Estados miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las organizaciones reconocieron que hay avances por el acuerdo con las Farc pero que aun así “persisten las violaciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres, niños y niñas, líderes de derechos humanos y poblaciones étnicas”, expresaron en conjunto a través de un comunicado.

“Colombia ha hecho mucho en materia de derechos humanos en estos cinco años. Pero las 500 organizaciones que trabajamos en la realización del informe señalamos que Colombia se raja en este tema no por falta de gestión, sino porque lo que se ha hecho no es suficiente para cumplir con las recomendaciones. "El Estado colombiano se queda en adoptar la norma, pero luego no la implementa o no da los recursos suficientes para ponerla en práctica”, señaló Ana María Rodríguez, coordinadora de incidencia internacional en la Comisión Colombiana de Juristas.

En medio de la discusión resaltaron varios aspectos, como que 18 países se refirieron a la autonomía que debe tener el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del acuerdo de paz, las garantías de reincorporación para los excombatientes y el cumplimiento del capítulo étnico del acuerdo. 

“Para nosotros como indígenas es gratificante que se haya hecho más de 30 recomendaciones sobre los derechos de los pueblos étnicos en Colombia en relación con cuatro aspectos: protección a líderes indígenas y afro, el derecho a la consulta previa, el acceso a la justica de pueblos étnicos, en especial de las mujeres y la necesidad de implementar el capítulo étnico. En este examen se logró posicionar el tema de que los pueblos indígenas y afrodescendientes son actores sociales muy importantes en la realidad de Colombia”, resaltó Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia.

Durante el examen, cerca del 50% de los Estados también manifestaron su preocupación por la inclusión y participación de las mujeres y le hicieron un llamado al país para mejorar la atención a víctimas de violencia sexual y garantizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. También hubo 30 recomendaciones para proteger los derechos de la niñez y la juventud y 27 más para proteger y prevenir las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos. 

La inclusión de las poblaciones en situación de discapacidad y LGBTI en el Examen también fue bastante resaltada por las organizaciones. Según Gustavo Pérez, coordinador del área de derechos humanos de Colombia Diversa, una de las mejores recomendaciones fue la de República Checa porque hizo un llamado al gobierno para que cumpla con la normatividad vigente para personas LGBTI

y aumente la protección ante la discriminación y la violencia. 

“Pero sentimos que faltaron tres temas en el examen: acceso a la salud de personas trans, fortalecimiento de los programas que ya existen para combatir el acoso homofóbico en las escuelas y la inclusión explícita de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado en la implementación del acuerdo”, agregó. 

Fabián Tapia, un joven con autismo que participó en la reunión de organizaciones sociales, aseguró que deben aplicarse efectivamente tambié  las nueve recomendaciones que los países hicieron para fortalecer los servicios de salud, trabajo y educación para la no discriminación de personas en situación de discapacidad.

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Al final, hubo tres temas sobre los que recayó la preocupación de las organizaciones allí reunidas porque no se mencionaron durante el examen en Ginebra. El primero, es que hubo poca profundidad respecto a la lucha contra los grupos paramilitares. Tampoco se hizo mención a la responsabilidad que tienen algunas empresas en la vulneración de los derechos humanos, al querer explotar recursos naturales con megaproyectos sin respetar la consulta previa y popular. Y por último, sobre el derecho a la intimidad vulnerado por el papel de agencias de inteligencia y monitoreo del país que no tienen ningún tipo de regulación. 

“Estas recomendaciones tienen que ser el punto de partida de lo que viene en el próximo gobierno, en esta coyuntura electoral en la que estamos en Colombia, para que se establezca un mecanismo de seguimiento y cumplimiento de estas recomendaciones”, afirmó Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al término de la reunión.