A dos años de la firma del acuerdo final

Así avanza la reincorporación de las Farc

De los 13.192 excombatientes acreditados por el ahora partido FARC, a la fecha 3.587 viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) y 7.276 están en 450 municipios, entre ellos ciudades capitales. ¿Y los proyectos productivos? 

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Al Caguán Expeditions, la empresa turística de rafting de la FARC en Caquetá, están vinculados 17 excombatientes, incluidos nueve guías. / Andrés Cardona - Cortesía ONU

Por estos días, hace dos años, las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc se sentaron a pactar modificaciones al Acuerdo de Paz pactado con diferentes sectores de la sociedad civil, entre quienes estaban los voceros de la oposición política, encabezada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Esto luego de que el plebiscito que refrendaba el acuerdo perdiera en las urnas el 2 de octubre de 2016.

La discusión duró varias semanas y, al final, el 24 de noviembre de ese año se firmó el nuevo pacto en el Teatro Colón de Bogotá, entre el presidente Santos y el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño (Timochenko). Esa es la razón por la que el nuevo acuerdo final, de 310 páginas, contiene precisiones, ajustes y medicaciones en 58 de los 60 ejes temáticos abordados durante las conversaciones entre las delegaciones. No obstante, durante los trámites legales en el Congreso de la República, este documento sufrió otros cambios, cuestionados por los miembros de la exguerrilla, incluso por quienes se han alejado del proceso como Iván Márquez y el Paisa.

Así las cosas, a dos años de la refrendación del Acuerdo de Paz, Colombia 2020 reunirá este jueves a todas las partes involucradas en este proceso: organismos internacionales de verificación, Gobierno, voceros de la antigua guerrilla y organizaciones de derechos humanos. Esto con el fin de hacer un corte de cuentas de qué ha pasado con la reincorporación de los 13.192 excombatientes, acreditados por el naciente partido FARC y el Gobierno de turno.

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Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el proceso de reincorporación a la vida civil lleva 15 meses, y solo hasta diciembre el Gobierno terminará de diseñar la ruta de reincorporación, prevista a ocho años. 

A la fecha, 3.587 viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) y 7.276 están en 450 municipios del país, incluidos los 27 nuevos puntos de reagrupamiento, que surgieron tras la salida de exguerrilleros de algunos ETCR. También hay personal en cascos urbanos de Bogotá (600 personas), Cali (160), Medellín (115), entre otras ciudades capitales.

Para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la cual empezó su segunda etapa en septiembre pasado, el proceso de paz sigue siendo un hito histórico y por eso reiteran su apoyo a la implementación, pues, dice Raúl Rosende, director de verificación de la Misión, “desde hace 20 años no se firmaba un acuerdo de paz en el mundo”.

Reconoce que el cese del fuego fue exitoso, que la guerrilla entregó un promedio de armas por excombatientes superior al histórico en otros procesos de paz y que el mecanismo tripartito de verificación generó la confianza necesaria para llegar a este puerto.

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No obstante, la ruta de reincorporación social y económica de los excombatientes ha tenido sus tropiezos. Alessandro Preti, jefe del área de reintegración, dice que la gran mayoría de excombatientes están ocupados, aunque falta materializar proyectos productivos a largo plazo para su sostenibilidad económica. Así, hay 292 emprendimientos, individuales y colectivos (zapaterías, misceláneas, talleres de ebanistería, entre otros), los cuales son el resultado de la autogestión de exguerrilleros (que han aportado de su renta básica mensual de $900 mil, destinada hasta agosto de 2019) y aportes de la comunidad internacional. “El hecho de que el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) no haya aprobado muchos proyectos no quiere decir que no haya actividad económica, porque hay diferentes categorías de proyectos”, enfatiza Preti.

Los proyectos no aprobados son los que corresponden a la asignación única de normalización, que el Gobierno se comprometió a entregar por única vez, es decir, $8 millones por cada excombatiente. De acuerdo con el reporte de la ARN, a la fecha hay 17 de esas iniciativas colectivas aprobadas por el CNR, pero solo a dos les desembolsaron el dinero. Esto es, $560 millones para la granja integral de 70 exguerrilleros del ETCR de Miravalle, ubicado en San Vicente del Caguán (Caquetá). El mismo espacio en donde desaparecieron Hernán Darío Velasquez, el Paisa e Iván Márquez, exjefe negociador de la guerrilla en La Habana, ambos críticos de la implementación de lo pactado.

El otro proyecto corresponde al ETCR de Icononzo (Tolima), en donde se levanta una iniciativa de ganadería de doble propósito. Son 17 excombatientes agrupados en su cooperativa (Ecomun) y los cuales recibieron $136 millones. Los otros 15 proyectos, aunque están aprobados, no han recibido el desembolso. En todo caso, es un porcentaje muy pequeño comparado con los 3.587 exguerrilleros que permanecen en los ETCR a la espera de continuar la ruta de la reintegración a la vida civil y económica del país.

Seguridad física y jurídica

Alegando falta de garantías en estos dos puntos, ocho exjefes de las Farc abandonaron los ETCR tras la posesión del nuevo gobierno. Iván Márquez, Hernán Velásquez (el Paisa), Aldinéver Morantes, Édinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez y otros. El encarcelamiento de su colega Jesús Santrich y la posible extradición a Estados Unidos, por una presunta conspiración para enviar cocaína a ese país después de la firma de la paz, son dos cosas que no comparten estos exjefes guerrilleros que operaron en el suroriente del país. Argumentan que si extraditan a Santrich con “montajes”, con cualquiera de ellos puede pasar lo mismo. “Eso sería el fin del pacto de paz”, dijeron a través de una carta que se conoció esta semana. El caso Santrich está en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que ha pedido todas las pruebas a la Fiscalía y la justicia norteamericana para determinar si es viable o no su extradición.

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El otro tema que les preocupa es la seguridad física. Denunciaron operativos militares en contra del Paisa y Márquez, asunto que constató y alertó en su momento la misión de la ONU en Colombia. Y aunque 1.200 escoltas protegen la vida, principalmente, de exmiembros del Estado Mayor Central y exmandos medios, esta semana la Fiscalía reveló que, desde diciembre de 2016 hasta la fecha, 84 personas que se acogieron al proceso fueron asesinadas, principalmente en Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño. El proceso de reintegración social en algunos territorios aún es tenso, pues muchos exguerrilleros durante la guerra operaron en esas zonas. Por eso, sigue siendo necesaria la protección individual.

Rosende, citando la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en donde los 15 países miembros dieron su respaldo unánime al Acuerdo de Paz), dice que lo más importante es preservar la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que podrá permitir esclarecer el conflicto armado y reparar a las víctimas.