Asesinato de líderes en los Llanos Orientales: un lío por las faldas, pero de la cordillera

Entrevista con el sacerdote de la Diócesis de Villavicencio, Omar García, quien cuenta cómo las estructuras paramilitares del pasado siguen intactas, defendiendo a empresarios y terratenientes en esta región del país. Hay 90 reclamantes de tierras amenazados.  

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Omar García, sacerdote de la Diócesis de Villavicencio y coordinador de la base de datos del Cinep en el suroriente colombiano./Edinson Bolaños.

El último informe publicado por el Centro de Investigación Popular (Cinep) y su Programa por la Paz, sobre el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, advierte del aumento de las amenazas contra esta población por parte de grupos neoparamilitares, cuyos objetivos son defender la tierra de los terratenientes y los negocios de algunos empresarios en varias regiones estratégicas del país.

“En el contexto de restitución de tierras en el 2016 se registró una víctima de ejecución extrajudicial de un reclamante de tierras y en el 2017 las ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado aumentaron a 10 víctimas”, dice el documento titulado “No son líos de faldas, son líos de tierras", el cual detalla la información del año pasado. Asimismo, relacionó a 40 reclamantes de predios y a 27 colectivos amenazados.

Esta semana a Bogotá arribaron varios de los delegados de las regiones del Cinep, con el fin de controvertir lo que el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, mencionó hace varios meses: que el asesinato de líderes sociales en el país obedecía a líos de faldas o problemas pasionales.

La aseveración generó en su momento rechazó por cientos de organizaciones sociales que padecen el flagelo. Por eso, el sacerdote de la Diócesis de Villavicencio, Omar García, quien lidera el banco de datos en el suroriente colombiano, se mofó de la afirmación de Villegas y, al contrario, dijo, que lo que se está presentando en los departamentos de Meta y Guaviare, principalmente, es un lío entre campesinos y empresarios del petróleo por las faldas de la cordillera oriental. ¿Por qué? Colombia2020 habló con él.

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¿Qué está pasando con los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el suroriente colombiano?

Se han registrado muchos asesinatos de líderes sociales. El más reciente fue el de la señora María Elena Cruz Rojas, a quien mataron el 31 de marzo a las 9 de la noche frente a su esposo y a sus hijos en la vereda Unibrisas de Mapiripán (Meta). Ese caso es relacionado con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Pero está el rumor de que fueron las disidencias de las Farc. De todas maneras, suceden muchas cosas extrañas en ese territorio. Ahora mismo, en ese municipio apareció un reclamante de tierras que llegó con títulos y que está reclamando la tierra de los campesinos que llevan 30 años viviendo allí. Han llegado y les han dicho: “necesito mis tierras y aquí tengo los títulos”. También están llegando con maquinarias amarillas a Mapiripán, pero no se sabe para qué es, se dice que, para sacar petróleo, pero otros aseguran que es para buscar oro.

¿En qué departamentos de la región del suroriente se han presentado asesinatos de líderes sociales?

Otros casos se han registrado en los municipios de Puerto Rico, Mesetas y Vistahermosa (Meta), sin embargo, hay muchas amenazas para las organizaciones que están tratando de impedir la explotación de los pozos petroleros que quedan en la falda de la montaña, por eso el asesinato de líderes es un lío de faldas. Sobre todo, en los municipios de Guamal, Acacías, Castilla y San Carlos (Meta), que es donde más están las petroleras.

Según el banco de datos del Cinep, están son las tierras despojadas en el suroriente colombiano: Guaviare, 217.063 hectáreas; Meta, 81.376; Guainía, 22.838; Amazonas, 10.456; Vaupés, 7.943; y Vichada, 2.703 hectáreas.

¿Por qué hay diferencias entre los líderes y las petroleras?

El problema es por el pozo Lorito Uno, el cual quiere explotar Ecopetrol, pero está en la cabecera donde nacen ríos y muchos caños, y eso sería afectar a todos los municipios que quedan en las faldas y en las sabanas de la cordillera oriental. Imagínese, si actualmente han denunciado contaminación en los ríos por la explotación que ya se desarrolla en la sabana, entonces cómo sería el daño si se hace en la montaña y se contamina toda la cuenca. Entonces, las organizaciones que están impidiendo esa explotación están amenazadas.

¿A quiénes han amenazado por oponerse a ese proyecto petrolero?

Han sido muy amenazados Edgar Cruz y su esposa Arlene, de la Corporación Ambiental y Turística del Río Humadea (Corporhumadea). Ellos han liderado paros prolongados para impedir el ingreso de la maquinaria de Ecopetrol y un gran sector de los campesinos han apoyado esa movilización. Incluso, se han sumado muchos de los habitantes de Cubarral, San Martín y todos los municipios que están relacionados con el pie de monte llanero. Ellos han dado una discusión bastante fuerte con las instituciones. Esa conflictividad de la protección del ambiente  crece y puede seguir creciendo cada vez en la medida en que se fortalezca la industria extractiva.

¿Hay otro tipo de conflictividad que esté afectado a los líderes sociales en el suroriente, que incluye los departamentos de Guaviare, Meta, Guainía, Amazonas, Vaupés y Vichada?

Sí, y este se genera por la presión de los campesinos desplazados de la sabana que van colonizando nuevas tierras en la selva donde están los indígenas. Cada vez que los colonos sean sacados de sus territorios por la macroeconomía que están instalando en la altillanura, van a ir a romper montaña y a generar conflictos interétnicos.

¿Las estructuras sucesoras del paramilitarismo que están en los Llanos son visibles?

Creo que las estructuras paramilitares del territorio no se desmovilizaron. Se desmovilizaron algunas personas, pero la estructura militar está ahí y están las antiguas personas que fueron de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Esa estructura estuvo incursionando en la línea del microtráfico en varios municipios del Meta, con la estrategia de red, de mandos medios y de distribuidores. Entonces hay una estructura paramilitar que no se ha desmovilizado.

¿En qué municipios están?

Están en Villavicencio y siguen en Puerto López, Granda, Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y San Martín. En Puerto Rico y Puerto Concordia, se los ha visto uniformados siempre. Por eso, pareciera normal lo de las disidencias de las Farc.

¿Qué defienden las estructuras sucesoras del paramilitarismo en los Llanos Orientales?

Uno se pregunta qué fueron a hacer allá. Y entonces uno se da cuenta de unas lógicas que dan susto. A finales de los 80, llegué a Puerto Gaitán para ser párroco de esa localidad. Entonces me encantaba el hato llanero y las fincas ganaderas. En ese momento todo permanecía con las puertas abiertas y uno entraba a cualquier parte de esas. A principios de los 90 empecé a escuchar que llegaron otras personas, foráneas. Apareció Víctor Carranza con su montón de fincas y su ejército privado. Después, empecé a escuchar que paisas y caleños estaban comprando muchas fincas. “Que ya compró siete fincas”, me decían. ¿Y quién?, preguntaba yo. Que Leónidas Vargas y la Asociación Vargas Vallejo, quienes montaron un imperio con ejército y se convirtieron en los enemigos de Carranza. Después escuchamos que llegó Fabio Ochoa Vásquez, quien compró una finca en San Pedro de Arimena (Puerto Gaitán), para lavar la plata del cártel de Medellín. De manera que, uno se pregunta, ¿y qué pasó aquí?: pues un montón de narcotraficantes les compraron la tierra a los llaneros.

Hoy, ¿quiénes están liderando esas estructuras neoparamilitares y a qué intereses obedecen?

Ellos siguen en el territorio. Ahí están, aunque no estén activos, ahí están. Y a los mandos los siguen respetando. Lo sé, porque he conocido a algunos que siguen actuando. En otros casos, están dentro de las empresas porque también han adquirido tierras y ejercen como negociantes.

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