“Al país se le debe el capítulo penal del despojo de tierras”: Ricardo Sabogal

El director de la Unidad de Restitución de Tierras hace el balance de sus siete años al frente de la entidad. El próximo 25 de julio deja el cargo para buscar nuevos caminos.

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Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución. / Archivo - El Espectador

¿Qué balance hace de su gestión?

Los resultados cuantitativos son así: recibimos 112.000 reclamos de restitución, de los cuales 90.000 ya han sido estudiados. El estudio arrojó que existía más de un millón de hectáreas con problemas de despojo o desplazamiento forzado. Al mismo tiempo, los jueces armaron una jurisprudencia agraria, que ha permitido que, del millón de hectáreas, 300.000 estén en manos de sus legítimos dueños. En términos de trasformación en la vida rural, dejamos un país donde ya no son los guerrilleros ni los paramilitares quienes definen quién es el propietario. También dejamos proyectos productivos en las 300.000 hectáreas restituidas. La gente ha vuelto al campo. Me decían que la gente no quería vivir en el campo; hoy estoy convencido de que sí quiere regresar, pero si el Estado les da condiciones de vida.

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Cuando se inició el debate sobre el despojo de tierras se dijo que había cinco millones de hectáreas despojadas. ¿Por qué la diferencia en las cifras?

Es muy posible que cuatro o cinco millones de hectáreas se hayan visto afectadas por problemas de desplazamiento, pero no de despojo propiamente. En Cundinamarca, por ejemplo, hubo un fuerte fenómeno de desplazamiento en La Palma, Yacopí, pero con el tiempo la gente regresó. No hubo despojo material ni jurídico. Lo que detectamos es que el despojo se dio en cerca de un millón de hectáreas, de las que sus dueños fueron desplazados, y al regresar alguien estaba ocupando su tierra.

¿Cuál es el caso más exitoso?

La intervención que hicimos en Córdoba. Las predios del clan Castaño hoy están ocupados por campesinos que están viviendo dignamente, porque los proyectos productivos que montaron han sido muy eficientes. Hace unos días estuve en una finca de ocho hectáreas donde el campesino tenía 30 animales. Y esta zona, donde la guerra golpeó con tanta fuerza, hoy está siendo repoblada por sus legítimos dueños.

¿Cuál es el que menos avances tiene?

Urabá. Una zona que tiene las mayores complejidades del país en asuntos de despojo y donde hicimos mucho pero se necesita hacer más esfuerzos, la presencia del Estado no es muy fuerte. Tristemente hoy siguen ocurriendo despojos.

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Si tuviera que contarles a las nuevas generaciones qué fue lo que ocurrió con la tierra en Colombia, ¿qué diría?

Que por cuenta del conflicto muchos de nuestros abuelos se quedaron sin patrimonio, perdieron sus tierras y terminaron urbanizados. Y que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió saldar esa deuda histórica para que la tierra no sea el combustible de la guerra.

¿Cuál fue el caso más difícil?

El predio El Levante, en Córdoba. Un predio que se robó Mancuso por querer ampliar su hacienda, que era contigua. Sacaron corriendo a los campesinos. Cuando estábamos aplicando la Ley de Justicia y Paz apoyamos técnicamente el proceso de restitución, y fue muy frustrante que, a pesar de todo el trabajo que hicimos para regresársela a los campesinos, no se restituyó porque Mancuso no reconoció el despojo. En Justicia y Paz es necesario que el victimario reconozca los crímenes, entonces el tribunal se abstuvo de devolver la tierra, a pesar de que el despojo estaba probado. Fue un desgaste muy grande, pero finalmente, con la Ley de Restitución volvimos a llevar el proceso y lo ganamos. Me sacó canas, pero al final me fui con la satisfacción de haberle devuelto la tierra a una comunidad que lloró lágrimas de sangre ante la injusticia.

En resumen, ¿cuáles fueron las tipologías del despojo de tierras?

Fueron distintas las maneras de robarse la tierra. Una fue haciendo que la gente se desplazara para convertir el territorio en teatro de operaciones militares. Otra se la robaron para controlar territorios y poblaciones para consolidar el dominio de un grupo armado; lo hicieron los paramilitares y las guerrillas. Otro fue por la riqueza de los suelos, y en esas zonas la tierra fue entregada a amigos del grupo armado, finqueros, terratenientes, que atesoran muchas hectáreas. Esto pasó sobre todo en el norte del país. También encontramos otra modalidad, que fue el despojo en corredores de movilidad del grupo armado; esto se dio mucho en el Urabá y en el Catatumbo. Y hay una última categoría, que fue la de los inversores inescrupulosos, aquellos que viendo el drama de los desplazados, no tuvieron reparo para aprovechar la situación y comprarles las tierras por precios irrisorios.

Poco se conoció sobre el papel de los notarios y abogados en el capítulo de los despojos jurídicos…

Algunos funcionarios y notarios cayeron, pero sin duda es un tema que falta ser esclarecido. Al país aún se le debe el capítulo penal del despojo de tierras. Nosotros adelantamos las acciones administrativas para que la tierra regresara a sus dueños, pero falta que los responsables del despojo respondan penalmente por lo que hicieron.

El papel de algunos empresarios y particulares en los procesos de despojo no ha sido estudiado…

Desgraciadamente, la Ley de Restitución es muy parecida a la de extinción de dominio. No observa el comportamiento penal, solamente le pide al sindicado una explicación sobre la manera como adquirió el predio. El final del proceso restitutivo es la devolución de la tierra, no la asignación de responsabilidades. Pienso que en las sentencias de restitución existen importantes pistas sobre los responsables del despojo y sus metodologías del crimen. Deberán ser materias de estudio de la Comisión de la Verdad, para que esclarezca la sistematicidad del despojo en medio de la guerra.

¿Cree que el gobierno de Duque va a mantener este proceso?

Esta es una ley de la República. No creo que sea un problema de gustos personales. Como colombiano, espero que la ley se cumpla, y el nuevo gobierno tendrá que hacerlo. Si no, estoy seguro de que allí estará la Corte Constitucional como un garante de este proceso. Las leyes no dependen de la voluntad del Gobierno sino que son un mandato constitucional.

¿No teme que la Unidad de Tierras quede en manos de personas que siempre se opusieron a la ley, como María Fernanda Cabal o José Félix Lafaurie?

El proceso de restitución de tierras tiene el blindaje institucional para sostenerse, más allá de los enemigos que tiene. La tranquilidad, para tirios y troyanos, es que se están cambiando las balas por los jueces para resolver los conflictos. En los territorios ya no se están matando por la tierra. Ahora van a los jueces.

¿Cuál fue la historia qué más lo conmovió?

En el Magdalena Medio encontré a una viuda a la que le mataron el esposo y la sacaron de su finca. Aprovechando esta situación, el vecino le compró el predio a punta de mercados, aprovechándose del desamparo y la pobreza en la que había quedado. Me dolió mucho porque es una mujer valiente que sólo necesitaba una mano amiga y lo que encontró fue un abusivo que se aprovechó de la situación. Lo peor fue que el personaje se opuso a la restitución.

¿Cómo fue ese tema de los opositores?

Tuvimos opositores que pusieron la cara, llevaron a sus abogados y dieron sus argumentos; otros se escondían para evitar ser notificados, para evadir el proceso; otros más se comportaron como mafiosos: dejaban gente armada en los predios, mandaban a empleados, compraban testimonios; también vimos a los que se dedicaron a amenazar al reclamante y a intimidar a los funcionarios. Desgraciadamente, en este proceso han matado a 29 reclamantes de tierras. Algunos opositores buscaron un brazo político; en algunas zonas, quien estaba involucrado en el despojo era el líder de un partido y acudieron a congresistas, concejales o alcaldes para intimidar a los funcionarios de la unidad y a los jueces. Finalmente, hubo quienes buscaron llegar a un arreglo con los reclamantes.

Siempre se dijo que el paramilitarismo fue el mayor despojador de tierras. ¿Qué pasó con la tierra que se robaron?

En la unidad tenemos muchas viudas de los paramilitares metidas en procesos restitutivos. Ellas, o sus testaferros, tienen que ver con la génesis de las autodefensas, donde gente que tenía tierras se armó para defenderlas. A los paramilitares les gusta la tierra y aprovecharon la guerra para conseguir más. En este capítulo hay mucho testaferrato. Algunos se han identificado, pero estoy seguro de que falta mucho por descubrir. El comportamiento de la guerrilla fue distinto, no porque no hayan robado tierras sino que lo hacían para controlar territorios. En general sacaban a un campesino y se la entregaban a otro, igualmente pobre. Identificamos algunos casos de guerrilleros que se quedaron con tierra, pero no es el común denominador.

¿Qué deja hoy que se va?

Verdad. La verdad que se ha plasmado en las sentencias será muy útil para este país. Dejamos un millón de hectáreas identificadas como despojadas y también dejamos una justicia agraria funcionando en lo rural.

¿Y en qué faltó trabajo?

Tengo que reconocer que el capítulo étnico quedó muy crudo. A las comunidades negras e indígenas les han robado la tierra sistemáticamente. Están asentadas en las zonas más duras de la guerra, y siento que es una deuda pendiente en la Unidad de Restitución, pero también como país.

¿Qué le recomienda al presidente electo, Iván Duque, con respecto al proceso de restitución?

Que la paz pasa por lo rural y sólo va ser estable si al campesino se le hace justicia y se le paga la deuda histórica. Buena parte del despojo de la tierra fue producto de la ausencia estatal y el nuevo presidente tiene que llevar el Estado a esas zonas, y no sólo con pie de fuerza.

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