Agresiones contra líderes sociales antes y después del acuerdo de paz

Entre 2010 y junio de 2018, Somos Defensores documentó 609 homicidios de líderes sociales. Los asesinatos se incrementaron después de iniciados los diálogos de paz con las Farc.

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Según el informe, 397 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad en el primer semestre de este año. /Archivo.

El 22 de mayo pasado, a eso de las ocho de la noche, desde una camioneta doble cabina y de color rojo, un hombre disparó 30 veces contra la camioneta blindada en la que se movilizaba María Ruth Sanabria Rueda, líder del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Arauca. Iba junto a los dos escoltas que le proporcionó el Estado, como parte de su esquema de seguridad, quienes la llevaron hasta la estación de Policía del municipio de Fortul (Arauca). Sanabria salió ilesa del atentado, pero sigue denunciando que todo obedece a las denuncias contra el reagrupamiento paramilitar que, según la líder, están viviendo los siete municipios de este departamento fronterizo, tras el Acuerdo de Paz con las Farc.

Esta denuncia la realizó en varios concejos de seguridad regionales y ante organizaciones internacionales, como una de sus tareas en la defensa de los derechos humanos de estas poblaciones históricamente golpeadas por los actores del conflicto armado. “Logré salvarme porque era una líder visible ante el país, gracias al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos que gané en 2016”, dice Sanabria, lamentando la situación que viven los líderes sociales invisibles.

Cada dos días, uno de estos hombres y mujeres es amenazado, desplazado o asesinado, según el último informe de Somos Defensores, la organización no gubernamental que desde hace más de una década documenta las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

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Una de las cifras reveladoras del informe es la que se registró durante los ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia: desde 2010 hasta junio de 2018 fueron asesinados 609 líderes sociales, se registraron 2.646 amenazas y 328 atentados contra esta población. Lo que quiere decir, según lo muestra la curva de agresiones, que después de iniciados los diálogos de paz los homicidios se incrementaron, en mayor proporción después de la firma del acuerdo. Asimismo, las intimidaciones, que despuntaron en 2016, se incrementaron en 2017 y no se detienen en lo corrido del 2018.

“Es claro que el Gobierno de Juan Manuel Santos se lleva para la historia la impronta de haber cerrado el conflicto armado con las Farc y dejado el proceso adelantado con el Eln. No obstante, el saldo en relación con el derecho a la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos pasa en rojo”, resalta el documento que será entregado esta semana a varias entidades del Estado y organismos multilaterales de distintos países.

“Más allá de las cifras” es el nombre del informe que pretende significar la confusión de datos respecto a las agresiones contra líderes sociales. La razón: las diferentes bases de datos que surgieron después del Acuerdo de Paz para registrar estas víctimas. Así, por ejemplo, mientras la Defensoría del Pueblo dice que 331 líderes fueron asesinados entre enero de 2016 y agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia apenas reportó, hasta julio pasado, 179 homicidios. Y así existen otras organizaciones no gubernamentales con cifras distintas, pero todas reportando que esta población cada día es más vulnerable en los territorios. En el mismo período, Somos Defensores documentó los casos de 263 líderes asesinados.

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Dice el documento: “El fenómeno va más allá de las cifras, que se convirtieron en el ‘problema en sí mismo’, dada la multiplicación de fuentes de información, las discrepancias entre estas y los datos asumidos por el Estado colombiano”, que en últimas son los de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pero, más allá de las cifras, como dice el informe, lo cierto es que el grado de impunidad es alto desde mucho antes del Acuerdo de Paz con las Farc. De los 563 casos que esta organización ha registrado en sus bases de datos desde 2009 hasta 2017, la Fiscalía General de la Nación afirma que 362 están en indagación, 59 en juicio y que 48 casos tienen sentencia de jueces de ejecución de penas (ver gráfica al final del texto).

“La Fiscalía ha anunciado, con muchísima resonancia mediática, que el 50 % de los casos investigados ya están esclarecidos; podría pensarse que se trata de al menos 300 procesos, lo cual no es cierto, pues se refiere a 181 casos de los dos últimos años; mientras el sistema de Somos Defensores registra 609 asesinatos en los dos períodos presidenciales de Santos”, resalta el informe.

María Ruth Sanabría, líder social del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Arauca, quien sufrió un atentado en mayo pasado en el municipio de Fortul./Foto: Edinson Bolaños.

El termómetro para la paz

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la primera mitad del 2018 era sin duda el tiempo para medir qué tanto reducirían las agresiones contra los líderes sociales. A lo largo de los años del conflicto, fueron mediadores entre los actores armados y sus comunidades y por eso también los estigmatizaron y asesinaron. A principios de este año, las elecciones parlamentarias y presidenciales midieron por primera vez el pulso entre dos fuerzas opuestas (izquierda y derecha), las cuales se enfrentaron en las urnas en el pasado, pero en medio de las balas de un conflicto político en el que murieron cientos de sus líderes.

Según el registro realizado por el sistema de información de Somos Defensores, durante los primeros seis meses de 2018, 397 defensores fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la defensa de los derechos humanos en Colombia. Mayo, mes de la primera vuelta presidencial, fue en el que más se reportaron agresiones, con un total de 115. Seguido de junio con 77, abril (69), enero (64), febrero (44) y marzo (28).

Frente a los homicidios, revela el documento, en el primer semestre las cifras aumentaron 34 %, al pasar de 51 asesinatos en los primeros seis meses de 2017 a 77 en el mismo período de 2018. Cauca, con 13 casos, sigue siendo el departamento con más líderes asesinados; le sigue Antioquia (12), Norte de Santander (10), Valle (6), Córdoba (5); Arauca, Chocó y Nariño (4 casos cada uno); Meta y Putumayo (3); Risaralda, Bogotá, Bolívar, Caquetá y Santander (2), y Quindío, Huila y Vichada con un caso respectivamente.

“De estos 77 homicidios, en 12 de ellos las fuentes consultadas confirman que los defensores habían denunciado amenazas antes de su asesinato; en los restantes 65 casos no se habían denunciado amenazas o no se tiene información”, resalta el documento. ¿Cómo fueron asesinados? En el mismo se documentó que 70 de los 77 homicidios se perpetraron con la modalidad de sicariato; es decir, uno o varios hombres desconocidos y armados irrumpieron en las viviendas de los defensores, cerca de ellas o en los caminos por donde transitan, para dispararles y ocasionales la muerte.

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Líderes comunales, los más asesinados

Los líderes vinculados a las juntas de acción comunal son los más golpeados en estos primeros seis meses. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, siete dirigentes comunales fueron asesinados hasta junio pasado. Orlando Negrete Ramírez, de 40 años, fue el séptimo. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias y lo mataron cuando compartía con familiares y amigos en un escenario deportivo en el municipio de Tierralta, el 2 de junio pasado. Negrete, quien era conocido popularmente como el Coco, “se encontraba departiendo en un partido de fútbol cuando llegaron dos sujetos y le dispararon, causándole la muerte en el lugar de los hechos”, dijo el coronel Marcelo Napoleón Russi, comandante de la Policía de Córdoba.

Además de ser el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Las Delicias del municipio de Tierralta, era veedor ciudadano de obras públicas. “El veedor recibió 12 disparos. Al parecer el seguimiento a las obras públicas inconclusas del municipio y su constante denuncia de los hechos estarían relacionadas con su muerte”, señala Somos Defensores. Esta lista la completan los líderes campesinos o agrarios con 16 asesinatos, líderes comunitarios con 15 y los indígenas con 12.

Se desconoce quién es el responsable del homicidio de Negrete. En el primer semestre de 2017 fueron 45 casos y en el mismo período de este año han sido 59, sin el nombre del responsable. Según el informe, se incrementaron los homicidios por parte de la fuerza pública (6) así como de la guerrilla del Eln (4) y los de las disidencias de las Farc como presuntas responsables de cinco asesinatos.

La esperanza está amenazada

Ahora bien, el último capítulo de las agresiones contra líderes sociales son las amenazas. En el primer semestre de este año aumentaron 18 % en comparación con el mismo período de 2017. En total, fueron 272 los defensores de derechos humanos intimidados.

De los presuntos responsables de las amenazas en este semestre se encontró que un grupo de origen paramilitar es el que tiene el mayor número de amenazas: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que registran 94 casos; seguido de actores desconocidos, que incrementaron su porcentaje con 61 casos; luego aparecen las Águilas Negras, que, como lo reveló este diario hace algunas semanas, es un grupo que no existe, pero emitió 57 amenazas en este primer semestre de 2018. Por su parte, las disidencias de las Farc sumaron 23 y el Eln es responsable de cinco casos.

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Finalmente, el informe destaca los avances del Gobierno anterior en materia normativa, lo que permitió visibilizar mucho más la importante labor que llevan a cuestas los líderes y defensores de derechos humanos como María Ruth Sanabria Rueda, quien, a pesar del atentado de mayo pasado, sigue vigente defendiendo a su comunidad en un rincón del Arauca. Por lo demás, Somos Defensores hace un llamado al nuevo Gobierno de Iván Duque para que dé continuidad a las rutas normativas, legales y políticas trazadas por el Gobierno de Santos, con el fin de avanzar en la construcción de la política de garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. Por eso, hoy más que nunca “es necesario mantener la interlocución con la sociedad civil y los movimientos sociales”.