Zonas veredales: cicatrices del conflicto

El éxito de los nuevos Espacios de Reincorporación y Capacitación aún no está garantizado. Reflexión sobre cuatro posibles amenazas.

Por Andrés Agudelo*

Ante los altos niveles de incertidumbre que genera la implementación de los Acuerdos de paz, la transformación de las Zonas veredales en Espacios de Reincorporación y Capacitación representa uno de los principales retos para el posconflicto.

La elección de 26 lugares de la geografía nacional que sirvieran para la concentración de los guerrilleros de las FARC en proceso de desmovilización no fue azarosa: son veredas ubicadas en pueblos donde el conflicto entre el Estado y los grupos insurgentes se vivió con crudeza, espacios marginados del crecimiento económico y de difícil integración sociopolítica por un inveterado abandono por parte de las instituciones gubernamentales. La presencia insurgente no era del todo novedosa en estos lugares, la bota guerrillera fue sinónimo de autoridad durante décadas.

El punto concerniente al proceso de concentración de guerrilleros, entrega de armas y reincorporación a la vida civil de los Acuerdos de La Habana (o del Teatro Colón) fue, quizá, el menos polémico durante las discusiones que nutrieron el proceso electoral del plebiscito de octubre pasado. El tecnicismo de lo acordado y el acompañamiento internacional que ha recibido el proceso han sido suficientes para sortear los inconvenientes logísticos en la construcción de las Zonas. A lo anterior habría que sumarle la simpatía con la que algunas organizaciones políticas, sociales y juveniles visitaron los distintos lugares distribuidos por el país.   

El posible optimismo por la creación de estos nuevos Espacios de Reincorporación y Capacitación puede opacarse por cuatro razones que se ciernen como amenazas al posconflicto. En primer lugar, la legitimidad del complicado proceso de implementación del punto tres de los Acuerdos se ha puesto en duda en los últimos días por la sospechosa coincidencia entre la ubicación de las Zonas veredales y el crecimiento paulatino de cultivos de coca cerca de las mismas. Si bien hay que aclarar que el aumento de cultivo de hoja de coca es previo a la creación de las Zonas, no puede omitirse que la coincidencia da para conjeturas de todo tipo por la estrecha relación que el grupo insurgente tuvo con el negocio del narcotráfico durante décadas. La situación puede agravarse teniendo presente que el en los próximos días las FARC tendrán que rendir cuentas sobre sus posesiones económicas, tema que ha generado altísimas expectativas en la opinión pública.

La segunda amenaza que se posa sobre los Espacios de Reincorporación y Capacitación es el posible incumplimiento por parte de las instituciones gubernamentales en la implementación de sus programas y políticas. Consolidar el aparataje burocrático en lugares marginados representa una oportunidad histórica puesto que una de las razones, convertida en un lugar común, que sirve para explicar el funcionamiento de grupos armados de todos los pelambres ha sido la precariedad institucional del Estado colombiano, su desidia e ineficacia para cubrir las necesidades de poblaciones alejadas. Así las cosas, el reto para el Estado no está en llegar a lugares apartados sino en sostener un proceso de consolidación político-administrativa sin depender de los vaivenes electorales del 2018.

El tercer aspecto es en materia de seguridad. En los últimos años se ha hecho evidente que la persecución y asesinato de líderes sociales es una realidad, y que los procesos de negociación con las guerrillas no los han frenado. Ahora bien, la incorporación de guerrilleros a la sociedad civil significa que antiguos insurgentes tendrán vocación de participación a través de organizaciones sociales y políticas que los convertirán en blancos de las BACRIM o de grupos disidentes de las mismas guerrillas. Brindar garantías de seguridad para los líderes sociales y políticos emergentes del proceso de reintegración es un reto para instituciones como el Ejército o la Policía, que a su vez tendrán que sortear procesos internos de capacitación y preparación para comprender a sus otrora adversarios como ciudadanos que tendrán que proteger.

La última amenaza a este nuevo ciclo del posconflicto colombiano está relacionada con la construcción de un tejido social que no pueda romperse con lo que se conoce como “odios heredados”. El conflicto ha dejado huellas fortísimas en las personas, las familias y las comunidades. Muchas de las víctimas de los grupos insurgentes habitan a pocos kilómetros de las Zonas veredales y ahora tendrán el reto de integrar a sus antiguos verdugos a dinámicas económicas y sociales en aras de aprovechar la “oferta” gubernamental en los términos de la implementación de los programas establecidos en los Acuerdos.

Las Zonas veredales se convertirán en Espacios de Reincorporación y Capacitación. Fueron heridas abiertas por el conflicto armado que hoy pretenden ser cicatrices para el posconflicto. Este proceso es una de las caras positivas del complicado proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana, sin embargo su futuro parece incierto porque existen saboteadores (spoilers) que quieren abrir la herida o, por lo menos, echarle sal.

*Profesor de Ciencias Políticas

Universidad de La Sabana

Twitter: @andresagudelo00