¿Y la Acción Comunal qué?

Por María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota.

En lo que va del año, según el Ministerio del Interior, han asesinado a 75 dignatarios de Juntas de Acción Comunal (JAC), en su mayoría en Antioquia y Norte de Santander, de un total de 397 agresiones a defensores y líderes comunales, según la organización Somos Defensores. Una situación preocupante, no solo por el costo en vidas humanas, sino porque esto ocurre en regiones donde apenas existen instituciones estatales, más allá de las fuerzas armadas, y donde las JAC representan la única instancia de reclamación para el acceso a bienes y servicios del estado.

Las JAC se institucionalizaron en 1958. Inicialmente, se les otorgaron funciones de control y vigilancia sobre determinados servicios públicos o capacidad de intervención en el manejo de los mismos, como: aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanza, administrar equitativamente las aguas y organizar cooperativas de producción, de distribución y de consumo, entre otros aspectos.

La reglamentación más reciente (Ley 743 de 2002) define a la acción comunal como “una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad”. Esta institucionalización parte de la idea de que la acción comunal sirva de puente entre el estado y las comunidades para la provisión de bienes y servicios a nivel local (barrial o veredal).

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Dadas las dificultades de acceso y poca presencia de instituciones estatales en las zonas rurales, en algunas regiones del país las juntas se han convertido en autoridades territoriales que atienden conflictos y necesidades de todo tipo. Los presidentes de las JAC son reconocidos como autoridades legítimas para emitir certificados de vivienda (para acceso a puestos de trabajo como mano de obra no calificada), declaraciones de sana posesión (para acceso a créditos), definición de linderos y solución de problemas familiares o entre vecinos.

Actualmente existen cerca de 62.000 juntas legalmente constituidas, con casi 6 millones de afiliados, de las cuales un 62% son rurales, según Juan Carlos González, coordinador nacional de Acción Comunal del Ministerio del Interior. Las JAC son una expresión importantísima de la organización campesina y aún en las zonas más conflictivas del país su presencia ha facilitado la llegada y continuidad de planes y programas para la formalización de tierras o la sustitución de cultivos ilícitos.

Sin embargo, no hay un reconocimiento efectivo de que, al cumplir funciones de resolución de conflictos y control en los territorios, los miembros de las JAC son vulnerables dentro de las dinámicas del conflicto armado y por fuera de estas. Es decir, que al cumplir dichas funciones, que en principio no les competen y que debería ser realizadas por alguna de las instituciones estatales, las JAC lo hacen solas, sin ningún tipo de protección.

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En un contexto como este, cabe preguntarse ¿cómo protege el Estado central a quienes en algunas zonas del país cumplen sus funciones? ¿Quién protege a los dignatarios y presidentes que contribuyen a la delimitación de linderos en zonas con grandes conflictos por la tierra o se comprometen a la sustitución de cultivos ilícitos con las comunidades, pero el Estado les incumple? ¿Hay garantías de algún tipo para que en zonas apartadas estos líderes sigan siendo el canal de comunicación directa con instituciones estatales sin que sean vistos como “informantes” u obstáculos para el accionar de grupos armados?

La construcción de escenarios de paz y alternativas para el desarrollo rural pasa por el reconocimiento de la acción comunal y su legado de los últimos 60 años. En el XXIV Congreso Nacional Comunal en Medellín el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, manifestó: “necesitamos que aquí en Colombia, en los territorios, la gente, las comunidades y, en particular, las Juntas de Acción Comunal les digan a todos en los municipios, en los corregimientos, en las veredas: queremos la paz ya”. Pero esperamos que no solo se reconozca su papel en la construcción de la paz, sino que tengan las garantías necesarias para esto. ¡Que la paz no les cueste la vida!