Y el narco ahí

No basta romper el nexo de los insurgentes. También toca romper los dogmas y enfoques que se han experimentado desde un cuestionable éxito.

Las autoridades siguen incautando cargamentos de cocaína y marihuana. La cantidad incautada en 2016 será nuevamente record. Campeona de la interdicción, Colombia es también campeona de la producción y exportación a lo que se agrega, como reportó Planeación Nacional, el aumento en el consumo de sustancias a nivel interno.

Para atender la situación, dirigentes políticos, algunas fundaciones y las directivas de los organismos de seguridad piden “redoblar” esfuerzos en la lucha contra “las drogas”. El Fiscal quiere revivir las aspersiones aéreas, y el gobierno haciéndole el mandado a los opositores del proceso logró meter éste tema en el Acuerdo de paz. La Policía anuncia que tendrá su propio sistema de medición para brindar información sobre cifras de las cuales será ahora juez y parte, en desmedro de los reportes que ofrece ONUDC.

Dentro del propio Gobierno Nacional se debaten dos posturas. La de funcionarios que están trabajando por reformas de las políticas en todos sus ámbitos y la de entidades y sectores que pretenden extender el enfoque de seguridad desde una perspectiva poco respetuosa de los derechos de las personas. Hábiles asesores de Presidencia, algunos venidos de la academia, están llegando a pactos en las regiones, literalmente han “apagado incendios” después de varios días de protesta y tratan de movilizar el paquidérmico andamiaje institucional para llevar algo de oferta de servicios a cambio de compromisos de los labriegos para dejar atrás sus ilegalizados cultivos.

Pero también hay guerreristas que no promueven cambios sino que los obstaculizan, quienes no atienden los reclamos de las comunidades, e incluso aquellos que se enfrentan sin ningún dialogo a los pequeños productores en medio de las campañas de erradicación. De otro lado, la descoordinación en la alta administración del Estado es evidente: Pésimo mensaje envía el encargado del ente acusador cuando señala al Ministerio de Justicia de promover proyectos laxos con el narcotráfico, a propósito de un proyecto que buscaba establecer un trato penal diferencial para campesinos y mujeres envueltas en pequeños delitos de drogas.

Mientras hay funcionarios enfrascados en debates, trámites, rutinas, ires y venires, en el terreno grupos criminales o paramilitares de viejo y nuevo cuño aprietan para quedarse con los espacios dejados por la preconcentración de las FARC, tal como lo advierte la Misión de Verificación de la ONU. Incluso negociantes ligados a carteles internacionales se suman al desorden del mercado de drogas que a nivel interno ya tenía el país con sus propias bandas de narcos. En el andén pacífico abundan las versiones de interesados en acaparar la mercancía y fijar los precios de compra, lo que resulta en nuevos desafíos para delegados de gobierno que quieren pactar con los cocaleros la dejación de esa agricultura.

El cese del fuego bilateral sirve para que el Estado llegue donde nunca había podido. Se esperaría que éste arribe allí para garantizar derechos y llevar dotaciones, servicios, seguridad e infraestructura, no para criminalizar a los involucrados en el ámbito de producción de estos cultivos. El ingreso de la fuerza pública a las puntas de colonización ahora es posible pero la presencia estatal no puede reducirse a esto. Hay otros factores que van desde la pobreza, el desespero ante la crisis agraria, la costumbre, y la marginalidad rural, hasta aquellos relacionados con el negocio de la pasta base.

Aunque las FARC rompan sus nexos con el narcotráfico y ayuden a la implementación de planes de sustitución, el mercado de drogas es una realidad que no se desvirtuará fácilmente. La implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz exige repensar la coordinación entre entidades nacionales, y la integración de éstas con las territoriales, entre otras tareas. Por su parte, corresponde a líderes de organizaciones comunitarias, además de movilizarse, acudir al diálogo efectivo por encima del veto per se a las instituciones. Nuevos enfoques deben ser puestos en la agenda pública y del movimiento social. Lo contrario solo sirve a las ganancias del narco.