Verdades que faltan

A pesar de que se ha vuelto un lugar común aceptar la participación de miembros de la Fuerza Pública en algunas masacres, la verdad judicial que los relaciona con estos hechos es casi inexistente. La mayoría de los procesos en diferentes instancias de la justicia no prosperaron.

“A la 1 de la mañana del 14 de junio de 1988 sacaron a mi papá de la casa. Yo dormía al lado de la cama de mis papás cuando escuchamos los ladridos del perro. Después, algunos golpes en la puerta y empezaron a gritar el nombre de mi padre: Julio Arturo Hincapié. Él no salía, entonces nos avisaron que iban a contar hasta 10 y si no iban a ametrallar la casa’”.

Así describe Arelis Hincapié, una habitante de San Rafael, Antioquia, la última vez que vio a su padre.  Julio Arturo trabajaba como minero y era militante de la Unión Patriótica, UP. Fue asesinado por paramilitares y su cuerpo terminó en el río Nare, al igual que otras 14 personas en la llamada masacre de El Topacio.

Los familiares de los desaparecidos han relatado en varios medios de comunicación y procesos judiciales cómo, días antes de la masacre, un grupo de militares los intimidaron pidiendo información de la guerrilla. “Uno de ellos nos dijo: ‘No les preguntemos más a estos hijueputas. Ellos no van a decir nada al Ejército. Pero si metemos unos 100 paramilitares, cantan porque cantan ”, cuenta Arelis.

Aunque la comunidad ha denunciado durante  años la participación de miembros del Ejército en los crímenes, hasta la fecha no existe ninguna condena ni claridad sobre lo ocurrido. El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, documentó que el oficial del Ejército señalado por las víctimas fue investigado por un tribunal militar por presuntos vínculos con paramilitares a principios de los noventa, pero no pudo encontrar en qué terminó el proceso.

El caso de San Rafael es uno de muchos: tan solo en 1988, varios miembros de la UP fueron asesinados en al menos siete masacres cometidas, en su mayoría, en Antioquia y el Meta. En varias de ellas hay indicios de algún tipo de responsabilidad por parte de miembros de la fuerza pública, ya sea por acción u omisión.

A pesar de que se ha vuelto un lugar común aceptar la participación de miembros de la fuerza pública en estos crímenes, la verdad judicial que los relaciona con estos hechos es casi inexistente. Además de algunas investigaciones y contadas sentencias, la mayoría de los procesos en diferentes instancias de la justicia no prosperaron.

La de San Rafael es solo una de las inagotables verdades que hacen falta en este gigantesco rompecabezas que lentamente va dibujando el doloroso cuadro de la violencia que ha sufrido el país. La Comisión de la Verdad y la  Justicia Especial para la Paz son, sin lugar a dudas, una nueva oportunidad para aportar información valiosa a las víctimas y para enfrentar las excusas que han justificado tanto dolor.

Cada obstáculo que se ponga en frente de esta nueva oportunidad será claudicar ante una verdad hegemónica y excluyente, que insiste en condenar solo unas violencias, mientras justifica otras.

En el proyecto Rutas del Conflicto, documentamos cerca de 750 masacres cometidas en Colombia desde 1982, aproximadamente la tercera parte de las perpetradas en el país, según el CNMH. Aunque son frecuentes los casos en los que la población que sufrió estos crímenes denunció la responsabilidad, por acción u omisión, por parte de miembros de la fuerza pública. Hasta el 2014, en apenas una veintena de casos, había algún tipo de sentencia judicial contra estos agentes del Estado.

La aceptación de la responsabilidad por parte de los exparamilitares en el proceso de Justicia y Paz aportó algunas luces, pero la información detallada y probada respecto a su relación con miembros de la fuerza pública es escasa.

Las exigencias de verdad por parte de las víctimas no obedecen a una persecución irracional en contra de militares y policías. Muchos de ellos han realizado un sacrificio honrado para brindar seguridad y servir a las comunidades, pero es innegable que muchos otros, actuando bajo una fuerte política solapada del Estado, persiguieron y cometieron crímenes contra quienes reclamaron por las injusticias sociales o simplemente planteaban ideas políticas contrarias al establecimiento.

Evidentemente, los exguerrilleros de las Farc tienen mucho que contarle al país respecto a sus crímenes y abusos durante las últimas décadas, pero esa es solo una cara de las múltiples verdades que le faltan a esta historia.