Verdades a medias

Un grupo de campesinos llegó en 1985 a la hacienda La Bellacruz, siguiendo los rumores que señalaban que en medio de la propiedad había baldíos. Tenían la esperanza de que el Estado les entrega esas tierras.

La Bellacruz está en medio de varios municipios del Cesar, que en ese momento era de propiedad de los Marulanda, una familia caldense que se dedicó a acumular terrenos en esa zona desde mediados del siglo pasado. Los Marulanda tenían reconocimiento en el Eje Cafetero, miles de hectáreas y uno de sus hijos se convirtió en ministro de Desarrollo. Buen nombre, mucha tierra y poder político, una combinación frecuente en la clase dirigente colombiana.

Los campesinos que llegaron al predio se convirtieron rápidamente en los enemigos de la poderosa familia. Por 22 años, los Marulanda no ahorraron esfuerzos para sacar a los reclamantes, señalando que estaban invadiendo propiedad privada y no baldíos.

Pero el tiempo les dio la razón a los campesinos. Tanto el antiguo Incoder, como la Corte Constitucional, determinaron que los Marulanda se habían apropiado de tierras de la Nación y que podían ser entregadas a estas familias. El empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca, que había comprado el predio a los Marulanda, tuvo que acatar las órdenes de la justicia.

Aunque el Estado tomó una decisión sobre las tierras, no ha ocurrido lo mismo con los procesos judiciales que buscan encontrar a los responsables de la violencia que vivieron los campesinos, por el hecho de exigir una parcela para subsistir.

Exparamilitares han señalado que los Marulanda fueron los autores intelectuales de la violencia dentro de la hacienda. El exministro pagó unos meses de cárcel en 2001, pero su proceso judicial no terminó en nada y salió libre, mientras la fiscal del caso tuvo que dejar el país por amenazas.

El caso de La Bellacruz es uno más de los miles de procesos relacionados con violencia, tierras campesinas y territorios étnicos en Colombia que siguen en la impunidad. La justicia ha dado pocas luces sobre la magnitud de la responsabilidad de empresarios y políticos en estos crímenes.

A pesar de que algunos académicos, periodistas, fiscales y jueces han documentado casos en los que existe algún tipo de participación de miembros de la clase política y empresarial, exigir más verdad en este aspecto del conflicto sigue generando estigmas. Para un amplio sector de la sociedad, los campesinos, indígenas y afrodescendientes que claman por tierra, territorio y justicia, siguen siendo “chusma” enemiga del progreso y desarrollo.

Existen casos en los que la justicia ha podido documentar algún tipo de relación directa entre grupos empresariales y actores ilegales. Por ejemplo, en el caso de los predios Las Franciscas en Zona Bananera, Magdalena, un tribunal aceptó como ciertos los testimonios de exparamilitares que confesaron una alianza con la multinacional bananera Dole, para despojar a una comunidad campesina de sus tierras. Aunque la justicia ordenó regresar los predios a los reclamantes, no exigió que se abriera un proceso penal contra la empresa.

En muchos otros casos, el papel de empresarios y políticos no tuvo que ver con los grupos armados ilegales, pero sí con el de aprovecharse de las condiciones de víctimas para hacer negocio con sus tierras. El exsenador Otto Bula, en la cárcel por el escándalo de Odebrecht, recorrió los Montes de María y parte de Urabá después de la desmovilización paramilitar ofreciendo sumas irrisorias a campesinos desplazados, muchos de ellos que aún pedían dinero en las calles. Meses después, el político y sus socios hicieron su negocio revendiendo los predios por valores hasta 10 veces más altos de los que compraron.

Historias similares se repiten en todo el país. Las tierras fueron a parar a manos de agroindustrias y mineras que deben asumir un menor grado de responsabilidad. En varios casos omitieron las presiones de distinta índole que sufrieron los campesinos para dejar o vender sus tierras.

Grados de culpa que no se pueden comparar, pero que hacen parte de una verdad que limpia los estigmas que han sufrido históricamente las comunidades. El asumir que el problema se reduce a una justa aclaración y formalización de la propiedad, dejando de lado las responsabilidades históricas y judiciales, es un insulto para las víctimas, que perdieron tanto, por querer tener un lugar para vivir y trabajar.