Una ley para la coca

La coca es una alternativa en sí misma. Ella es parte de nuestro inventario natural y cuenta con enormes ventajas frente a otras actividades agrícolas. Es parte de las posibilidades que el país debiera ensayar.

En 2005, siendo Representante a la Cámara, presenté al Congreso un Proyecto de Ley que buscaba admitir la siembra, tenencia, uso y comercialización de la hoja de coca para “fines benéficos”, dentro de los cuales se encontraba la producción de alimentos, su uso como materia prima para medicinas y el aprovechamiento de ella en procesamientos industriales, entre otros.

El proyecto había sido de iniciativa de las comunidades indígenas del Cauca con el apoyo de algunos centros académicos y de centros de estudio como Indepaz. La idea era sencilla: Si la coca es una planta que ha estado presente en la historia de los Andes durante siglos, brindemos la oportunidad de que llegue a toda la sociedad desde otra  perspectiva de usos.

El prohibicionismo de la guerra que se libraba por cuenta del Estado en aquel entonces llevó a que el Consejo de Política Criminal le pidiera a la Cámara no tramitar la norma. Sin embargo, hicimos debates y foros que incluyeron la exposición de productos derivados de la hoja en el Salón Elíptico y en distintos espacios de poder. La hoja de coca se consume en Colombia de manera ancestral en varias regiones y entre varios pueblos, sin embargo, el conocimiento sobre sus potencialidades es escaso.

Recientemente, ha sido la marihuana la planta que se ha situado en la escena debido a la Ley que promovió el Senador Juan Manuel Galán a favor de los usos medicinales de ella. Por su parte, la industria cannábica se viene desarrollando en el mundo y Colombia no es la excepción. De hecho, la reglamentación, que está elaborando el Ministerio de salud es pionera en el continente. Alrededor de la marihuana hay investigación, emprendimiento, mercados, médicos, artesanos, terapeutas, expertos en su agricultura, laboratorios, y está claro que sus usos científicos no riñen con las convenciones de drogas.

Para los países andinos la hoja de coca es antiquísima pero no se han difundido suficientemente sus propiedades. Ha faltado investigación, difusión de los aprendizajes ya adquiridos por expertos, y a diferencia de Bolivia, el Estado colombiano la ha estigmatizado y atacado sin cuartel a pesar de que hizo una reserva expresa cuando ratificó la Convención de 1988, sobre sustancias estupefacientes. En ella Colombia se comprometió a respetar las tradiciones culturales de los pueblos originarios, cuestión que ha sido reconocida por las altas Cortes del país y que fue soporte de la decisión del Consejo de Estado que tumbó la prohibición que pretendió imponer el INVIMA a la libre circulación de los productos “cocanasa”.

En el VII Foro Internacional de la hoja de coca realizado en Popayán estos días médicos, antropólogos, abogados, sociólogos, botánicos, empresarios y reformistas han expuesto sus experiencias sobre los otros usos de dicha planta. Campesinos e indígenas vinculados a iniciativas productivas lícitas, como la que se desarrolla en Lerma al sur del Cauca han exhibido sus productos y han reclamado la industrialización de la coca como opción de vida de las mismas comunidades.

La coca es una alternativa en sí misma. Ella es parte de nuestro inventario natural y cuenta con enormes ventajas frente a otras actividades agrícolas. Es parte de las posibilidades que el país debiera ensayar, según la comunidad Tawantinsuyu: La “coca verde” le reduce espacio a la cocaína, sostienen. Si bien el mercado nacional para la hoja, su consumo en estado natural y la ingesta de preparaciones alimenticias que contienen coca aun es poca en el país, tales usos se pueden incluir en el abanico de opciones a los que tenga derecho el productor rural y el consumidor, como parte del llamado enfoque de “reducción de daños”.

Para hacer esto en sentido estricto no se requiere de una Ley. La coca producida en territorios indígenas ya es legal según varias decisiones judiciales. Una reglamentación legal puede servir para mucho de forma positiva, especialmente para los campesinos, pero se debe evitar que la industria farmacéutica y de alimentos sean las favorecidas y al tiempo se apropien de ella en perjuicio de comunidades rurales, tal como ha ocurrido con algunas reglas para la marihuana. 

* Investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos-INDEPAZ