Un paso más por la restitución de Las Pavas

Una vez más se abre la puerta para que las tierras de Las Pavas pasen a manos de sus campesinos.

Por: Gerald Bermudez [email protected]

Una vez más se abre la puerta para que las tierras de Las Pavas pasen a manos de sus campesinos. En una decisión, del 25 de agosto, que pasó inadvertida, el Consejo de Estado desestimó la demanda que hizo Aportes San Isidro contra el Incoder por la decisión de extinción de dominio que profirió sobre ese predio en disputa.

Para entender esta historia hay que saber que la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) representa a 124 familias campesinas de ese corregimiento del municipio de El Peñón en el sur de Bolívar, que desde 1998 han venido haciendo posesión de los predios comprendidos en la Hacienda Las Pavas. Estos predios pertenecieron a Jesús Emilio Escobar Fernández, quien dentro del proceso judicial existente por la titularidad de estas tierras ha sido señalado de ser testaferro de Pablo Escobar Gaviria. Este dejó de explotarlos y los abandonó en 1997 hasta que en 2007 el Consorcio El Labrador, compuesto por Aportes San Isidro y C.I Tequendama llegaron allí como nuevos propietarios.

Este consorcio tenía como fin la explotación de estas tierras anegadizas con cultivos de palma de aceite. Los campesinos allí asentados tenían sus cultivos de pan coger y las producciones agropecuarias que garantizaban su sustento. Estos asentamientos no estuvieron exentos de problemas. Durante la primera década del presente siglo sufrieron acciones sucesivas de los actores armados que disputaban el territorio; primero fueron las Farc y luego los paramilitares del Bloque Central Bolívar que desplazaron a estas comunidades en el 2003. Un hecho reconocido en la sentencia T267 de 2011 de la Corte Constitucional.

Aportes San Isidro, de propiedad de Ernesto Macías decidió iniciar una ofensiva jurídica, que incluyó un desalojo ilegal según la Corte Constitucional, en contra de Asocab. Los campesinos, apoyados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, asumieron un rol activo en esa controversia judicial. Fue así como lograron que en 2012, después de dos inspecciones del Incoder, este declarara, mediante la resolución 2284,  que los predios en mención fueran declarados baldíos de la Nación debido al abandono e inexplotación de estos por parte de la empresa palmera. Esto implicó que 1138 hectáreas que entran en ese concepto le corresponden al Estado y este puede utilizarlas para restituir a las víctimas del conflicto armado.

Esta decisión llevó a que Aportes San Isidro instaurara en abril de 2013 una demanda de revisión del procedimiento administrativo de extinción de dominio que realizó el Incoder. El alto tribunal admitió la demanda en junio de ese mismo año.

La pretensión de San Isidro era que se tomaran medidas cautelaras que suspendieran la decisión del Incoder, aduciendo vicios de procedimiento y vulneración de sus derechos. Además, señalaba que la condición de víctimas de los campesinos que buscan ser restituidos con esos predios, nunca fue probada. Sobre este último punto el Consejo de Estado fue claro al señalar que la Unidad de Víctimas reconoció a estos campesinos como víctimas y que pidió perdón por poner en duda esa condición.

Por su parte, los miembros de Asocab pedían que se prohibiera la explotación comercial de esos predios, toda vez que la decisión del Incoder así lo señala, y que se aplicara la resolución 2284 de 2012 emitida por esa entidad.

El auto, emitido por la Sección Tercera, firmado por el magistrado ponente Jaime Rodríguez Navas niega la solicitud de Asocab de que se dicten medidas cautelares que prohíban la explotación de los predios. Pero también le niega a Aportes San Isidro las medidas cautelares que suspendan la decisión del Incoder.

En tercer lugar, el Consejo de Estado resolvió encauzar el proceso, al decidir que sea la Agencia Nacional de Tierras la entidad que adelante la extinción de dominio, la prohibición de explotación de los predios y la que se actúe a favor de la población desplazada reconocida y asentada en ese territorio.

De esta manera, está cada vez más cerca una decisión final en el caso de la Hacienda Las Pavas. Lo que resta para Aportes San Isidro es la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante quien hizo una solicitud de nulidad de todo el proceso mucho antes de conocer el resultado de la decisión del Consejo de Estado.

Entre tanto, Misael Payares, líder de esta asociación y de esa comunidad afirma: “confiamos en que el Estado actúe con justicia y nos reconozca el derecho que tenemos a esta tierra en la que nacimos y que hemos trabajado honestamente toda nuestra vida”.

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