Trancón legislativo

Por: Diana Alejandra Quigua y Alejandra Coll Agudelo

Ha pasado casi  un año desde la firma del Acuerdo Final en el teatro Colón  y aún su implementación legislativa está en pañales. Pese a que al Congreso se le autorizó para tramitar las leyes que implementan el Acuerdo Final en la mitad del tiempo que normalmente toma aprobar una ley en Colombia -Fast track-, solo se han expedido cuatro leyes y tres actos legislativos.

Las leyes ordinarias fueron: Amnistía e indulto, ley que autoriza la existencia del movimiento Voces de Paz, Reforma a Sistema General de Regalías para la Financiación de la Implementación del Acuerdo Final y Estatuto de la oposición. Y los actos legislativos: Reintegración Política, Sistema de Verdad Justicia y Reparación, garantías de no repetición, Financiación al partido político de las FARC-EP.

Este “trancón legislativo” se debe a múltiples factores. Primero, el Gobierno no ha establecido un cronograma claro de presentación de proyectos al Congreso. Además, nos encontramos en periodo previo a elecciones, por lo que muchos Congresistas están concentrados/as desde ya en sus campañas y algunos partidos han desarrollado estrategias para impedir la rápida implementación del Acuerdo. Esto es preocupante de cara a que la aplicación del Acuerdo Final quedaría en manos de la voluntad política del Congreso que será elegido en marzo de 2018 y de quien ocupe la Presidencia de la República en 2018.

En particular, la Cumbre Nacional de Mujeres se encuentra en alerta al considerar que existen medidas que benefician directamente a las mujeres y están quedando en el aire al no ser aprobadas por el Congreso, que tiene como plazo máximo hasta el 30 de noviembre para tramitar por “vía rápida” o fast track, normas referentes al Acuerdo Final.

Un ejemplo de estas medidas para las mujeres incluidas en el Acuerdo Final, que aún están pendientes de implementar, son las guarderías rurales (Punto 4), que buscan que las mujeres que sean incluidas en los programas de sustitución de cultivos tengan un lugar para dejar a sus hijos e hijas mientras asisten a los procesos de capacitación y formación. 

Tampoco se ha implementado el Programa de Salud Rural (Punto 1), que conforme al Acuerdo Final debe tener un componente de derechos sexuales y reproductivos. Este programa es esencial teniendo en cuenta que las cifras de mortalidad materna en Colombia son dolorosamente altas en el campo colombiano. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 publicada por Profamilia existen 64 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima del promedio nacional y lejos del objetivo de desarrollo sostenible suscritos por Colombia.

Si bien en los temas relacionados con reforma política, hay proposiciones concretas que buscan reducir la brecha que existe en la participación de las mujeres en cargos públicos. Estas normas aún están en proceso y no han sido evacuadas por el Congreso. Al momento el Congreso de la República cuenta con 84 días para aprobar las leyes que reglamentan el Acuerdo Final.

De acuerdo al boletín Observando la Implementación del Acuerdo de Paz, están pendientes por radicar 9 proyectos en el Congreso y en particular preocupa la falta de tramite de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya vigencia es uno de los elementos estructurales del Acuerdo Final que, hasta el momento, tal y como está redactado el proyecto que hace trámite en el Comisión Primera de Cámara, no incluye medidas para garantizar la participación de las víctimas.

Todo lo anterior nos lleva a decir que es imperativo que el Congreso acelere sus ritmos para cumplirle al país. No podemos hablar de paz si las medidas concretas que buscan resarcir la situación de las mujeres colombianas que vivieron las realidades de la guerra no logran quedar reflejadas en las leyes que regirán la Colombia del post-acuerdo.