Togados militares

Dentro de los 51 magistrados que seleccionó el Comité de Escogencia para suplir las plazas del recién creado Tribunal Especial de Paz, sorprendió la designación de tres abogados militares. Pese a las críticas, la elección hace justicia a sus meritorias carreras.

En un país polarizado hasta más no poder, imposible que la escogencia de los magistrados de la Justicia Especial de Paz (JEP) pasara de agache. Desde los diferentes extremos de la política nacional se escucharon voces en favor y en contra de la selección de los togados que hizo el Comité de Escogencia.

Las críticas llovieron desde la derecha y la extrema derecha, gritando a los cuatro vientos que la composición de togados en la JEP otorga una clara luz de ventaja jurídica a los integrantes de las Farc frente al Estado y sus agentes, pues el noventa por ciento de los magistrados son ‘mamertos’ consumados.

Los partidarios de la izquierda y la extrema izquierda  también dejaron escuchar sus voces de inconformidad con la elección. Para controvertir algunos nombres, se dijo airadamente que son cuota burocrática del establecimiento, por cuanto tuvieron contratos con el Estado (léase ministerio de Defensa) y ostentaron cargos claves en la Fiscalía y la Procuraduría, lo que los inhabilita.

En este vaivén de ideas con una alta dosis politiquera -del que por regla general suelen sustraerse quienes han portado cualquiera de los trajes de fatiga de las Fuerzas Militares de Colombia, más aún cuando están en el servicio activo-, quisiera referirme a tres de los 51 magistrados elegidos. Me refiero a los togados militares. Y digo militares, porque así uno integre las filas de la reserva activa o del retiro, tal condición no se pierde ni se guarda en el armario junto con el camuflado y las botas de combate.

Con todo, este pasado militar no constituye una patente de corso para la impunidad ni mucho menos un impedimento moral y profesional para desarrollar con entereza y lujo de detalles la delicada tarea de juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas durante más de cincuenta años de conflicto. Flaco argumento que acompañó las declaraciones cínicas de ‘Jesús Santrich’, uno de los voceros  de las Farc, quien -palabras más, palabras menos- dijo que su procedencia no es prenda de garantía, objetividad y equilibrio jurídico.

El intento por descalificarlos, desconoce de plano la ventaja que ellos tienen por sobre los demás togados titulares y suplentes. Me refiero a su conocimiento de primera mano e in situ del ambiente operacional en el que se perpetraron los graves crímenes de guerra y las graves violaciones a los derechos humanos que tendrán que juzgar. Ninguno como ellos conoce las entrañas de la guerra.

Nunca será igual el rasero con el que se mire un homicidio en una barriada en el contexto de la seguridad ciudadana y la convivencia, si se compara con la muerte violenta de un ciudadano en desarrollo de la confrontación armada. Hay una delgada línea roja que determina si un hecho debe ser juzgado a la luz de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario o bien a través de la confluencia de ambas ramas del derecho internacional público.

He ahí el quid. Los togados militares tienen esa experticia única que hace parte de su trasegar por el derecho aplicable en el marco de los conflictos armados, pues desde su ingreso a las Fuerzas Militares se prepararon profesionalmente para asumir los retos que les demandaba su triple condición de ser ciudadanos, abogados y militares. Su experiencia fácilmente supera los 25 años en estos menesteres.

Acertada decisión la del Comité de Escogencia, pues, pese a lo que se diga, se trata de profesionales probos, con una ética sin tacha, experiencia comprobada y títulos y pergaminos suficientes en pregrado y posgrado que los califican para hacer parte del Tribunal Especial de Paz. Para aquellos que dudan de sus calidades y cualidades profesionales, convendría que echaran un vistazo al sitio web http://www.comitedeescogencia.com/