S.O.S. para el Chocó

El reciente y continúo confinamiento de más de 2.000 indígenas en el norte del Chocó debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es otra muestra de que el conflicto en el departamento sigue afectando a la población civil sin señales de que esta situación cese en el futuro. Las recientes imágenes de comunidades indígenas escudándose entre pequeñas trincheras evidencia la gravedad de la situación.

Una mirada más amplia a las dinámicas del conflicto en el departamento expone serias alertas para diferentes poblaciones, especialmente en Bojayá, el pueblo que sufrió una de las peores y más emblemáticas masacres del conflicto armado colombiano en mayo de 2002. Actualmente, existe el potencial de que dos núcleos de enfrentamientos entre el ELN y las AGC – uno desde el norte y otro desde el sur – converjan en esta zona, generando una intensificación de la violencia existente.

El conflicto entre estos dos grupos armados desde el norte del departamento – en los municipios de Riosucio, Juradó y Carmen del Darién – ha venido expandiéndose poco a poco hacia el sur. Hace seis meses, las AGC le habían quitado al ELN el control sobre los ríos Salaquí y Cacarica, mientras aún peleaban por el Truandó; los tres son cuencas del Atrato en Riosucio. La violencia se fue desplazando hacia los ríos Domingodó y Jiguamiandó, este segundo en Carmen del Darién, donde hace pocas semanas los enfrentamientos generaron el confinamiento de varias comunidades indígenas, conllevando a la muerte de por lo menos cinco bebés indígenas por falta de acceso a alimentos y a sus tierras de cultivo, así como falta de atención médica.

Al mismo tiempo, en el sur del departamento, los gaitanistas cuentan con presencia en las cabeceras municipales de municipios como Istmina y Medio Buadó mientras la guerrilla controla áreas rurales circundantes. Fue desde allí que llegaron las AGC a Quibdó para instalarse exitosamente. Según varias fuentes, las AGC ya tienen presencia en varios sectores de la ciudad, donde cobran extorsiones y controlan el acceso a los barrios donde operan. Su discurso es “ponerle orden” a la criminalidad en la ciudad, a través de limpieza social y el control hegemónico de la capital chocoana.

El conflicto en el departamento gira alrededor de los tres grandes ríos. El primero es el San Juan en el sur, dónde el ELN tiene más control que los Gaitanistas. La guerrilla, además, tiene una fuerza importante en municipios como San José del Palmar, Nóvita y el Litoral San Juan. El segundo es el río Baudó, donde la división territorial entre los dos grupos está más marcada: en el Alto Baudó, el ELN tiene fuerza y en el Medio Baudó son las AGC que tienen mayor presencia, especialmente en la cabecera de este municipio, conocido como Puerto Meluk.

El tercer centro de conflicto en Chocó es su río más importante, el Atrato. Gran parte del conflicto gira alrededor de sus cuencas, y es claro que la meta de los actores armados en Chocó es controlar este río que es el corazón del departamento, de allí que el epicentro del conflicto en el norte del departamento se haya dado a orillas de su cauce.

Si las AGC buscan consolidar su presencia sobre el Atrato, tendrán que articular los frentes que en este momento están subiendo por Quibdó con los que están en Carmen del Darién y en Bojayá. Ahora bien, en medio de estos dos frentes está un grupo de combatientes del ELN del frente Manuel Hernández “El Boche” en el Medio Atrato, además de otras unidades guerrilleras que también hacen presencia en la zona rural de Bojayá y en Carmen del Darién, como el frente de Resistencia Cimarrón.

Si estos dos epicentros del conflicto – el que viene del norte hacia el sur desde Riosucio y el que viene del sur hacia el norte a través de Quibdó – se encuentran, lo más probable es que las confrontaciones se intensifiquen, y se siga deteriorando la situación humanitaria de la población civil al incrementarse los asesinatos, desplazamientos, confinamientos, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, extorsión y violencia sexual.

Un factor agravante es la falta de respuesta a esta situación por parte de la Fuerza Pública, sobre lo cual existe evidencia cada vez más fehaciente. Un importante número de líderes locales y miembros de organizaciones nacionales e internacionales con presencia en el territorio manifiesta que ha habido movimientos de miembros armados de las AGC en presencia de tropas de la Armada Nacional sin reacción alguna y aquiescencia de la Fuerza Pública frente a la presencia y acciones de los Gaitanistas en su lucha contra el ELN y la criminalidad. Cabe anotar que la Armada sí reporta operaciones contra las AGC en el departamento, las cuales suelen ser de incautación de armas o droga. Las más grandes y recientes han tenido lugar en el municipio de Acandí, sobre el mar Caribe y parte del golfo de Urabá, claro está, fuera de las zonas de combates más fuertes en el departamento.

Es esencial que el Estado garantice la protección de estas comunidades tanto a nivel institucional como a través de la Fuerza Pública. Por lo tanto es necesario que se investiguen las denuncias por omisión por parte de la Fuerza Pública en la zona y se desarrolle un plan integral de prevención y protección a las comunidades que están en altísimo grado de vulnerabilidad, con su participación.  Al mismo tiempo, sería beneficioso explorar maneras de mantener vivas por lo menos algunas partes del “acuerdo humanitario ya”, una valiosa iniciativa de la sociedad civil chocoana para en efecto llegar a algún tipo de acuerdo de modus vivendi con el ELN en los territorios y minimizar las afectaciones humanitarias de su accionar, aún si el gobierno ha puesto fin a la mesa de negociación en La Habana. Finalmente, varias comunidades en el Chocó han pedido un intercambio de experiencias con la guardia indígena de los Nasa del Cauca a modo de fortalecer sus propias guardias comunitarias y defender su territorio de acuerdo a su autonomía y cultura propias.  

El conflicto en Chocó tiende a recrudecerse, y es justo en este momento que mecanismos para proteger efectivamente a la población se hacen aún más urgentes.

*Analista para Colombia de International Crisis Group

@KyleEnColombia