Soluciones duraderas para desplazados, tema central para la paz

El gobierno tiene que adoptar una política comprehensiva para la integración de los desplazados en los ámbitos urbanos, respondiendo a desafíos tales como la legalización de asentamientos informales, la ausencia de oportunidades de generación de ingreso y el riesgo que representa el accionar de grupos armados en barrios marginales.

El acuerdo de paz que está a punto de firmar el Gobierno con las FARC – y que deja atrás más de 50 años de conflicto armado y un triste balance de más de 7 millones de desplazados internos y unos 360 colombianos refugiados en diferentes países de asilo – será solo el comienzo de un período de transición que abarcará una serie de medidas encaminadas a reducir el riesgo de una recaída en el conflicto. Encontrar soluciones integrales y duraderas para la población desplazada es un aspecto determinante en este proceso; la integración de los desplazados internos y refugiados repatriados validará el orden político posterior al acuerdo y contribuirá a la recuperación de las economías lícitas locales y al desarrollo participativo.

Las soluciones duraderas son procesos de largo plazo que requieren la intervención multi-sectorial del gobierno en su conjunto para restablecer los derechos humanos de los desplazados a través de su integración local, el retorno voluntario o el reasentamiento.

Según las encuestas gubernamentales, la mayoría de los desplazados internos ha huido a las 27 principales ciudades del país y allí quieren permanecer. Solo el 6.8% de ellos manifiesta intención de retornar a sus comunidades rurales. Por su parte, la gran mayoría de los refugiados colombianos quieren integrarse en los países de asilo.

Pero hay grandes obstáculos para ello: el 83.9% de esta población se encuentra en condición de pobreza, el 35.5% en indigencia y solo el 11% tiene una vivienda en condiciones de dignidad. El panorama es retador y las medidas necesarias y urgentes.

Primero, el gobierno tiene que adoptar una política comprehensiva para la integración de los desplazados en los ámbitos urbanos, respondiendo a desafíos tales como la legalización de asentamientos informales, la ausencia de oportunidades de generación de ingreso y el riesgo que representa el accionar de grupos armados en barrios marginales.

Segundo, la violencia y el desplazamiento están cada vez más concentrados en un número determinado de zonas, es decir, en 96 municipios ocurre el 70% de las violaciones de derechos humanos y los desplazamientos forzados. Solo la ciudad de Buenaventura sufre el 20% de las violaciones. En estos lugares se producen las “emergencias recurrentes”, un término que describe el circulo vicioso emergencia-desplazamiento-retorno-emergencia, que afecta a muchas comunidades, particularmente en las fronteras con Venezuela, Panamá y Ecuador. Diferentes factores explican la situación: intereses económicos y estratégicos de los grupos armados, menor presencia del Estado y condiciones de aislamiento de las comunidades. Es necesario romper este círculo. El Gobierno debe complementar la información cuantitativa con diagnósticos cualitativos que identifiquen las causas subyacentes de las emergencias recurrentes, contrarrestar la estigmatización de las comunidades, fortalecer la capacidad de diálogo de ellas con las autoridades, reconocer y armonizar los modelos de organización y participación de las comunidades con aquellos que se deriven de los acuerdos, apoyar la reconstrucción del tejido social y adoptar planes regionales multi-sectorales que respondan a los factores de riesgo identificados.

Tercero, respecto a las víctimas en el extranjero, si bien el Gobierno proporciona asistencia de repatriación a refugiados colombianos que organizan su regreso a través de los consulados en los países de asilo, aquellos que se repatrian de manera espontánea o se ven obligados a hacerlo no reciben asistencia de integración a largo plazo por parte del Estado. La adopción, entonces, de un marco comprehensivo de integración y repatriación voluntaria para colombianos refugiados es una necesidad. Así mismo, el establecimiento de mecanismos tripartitos con los países de asilo y el ACNUR para la repatriación voluntaria y la integración local de los refugiados que no desean retornar, así como la realización de una conferencia en las Américas para promover el acceso a soluciones duraderas para las comunidades de acogida y los refugiados de la región, mediante un enfoque integrado de desarrollo y asistencia.

¿Cuál es el papel del ACNUR frente estos retos?  Hasta ahora, ACNUR ha sido el único actor internacional en la región que ha definido estrategias de soluciones integrales para las poblaciones desplazadas en Colombia y países vecinos. Así mismo, asiste a las autoridades para facilitar el retorno, la reubicación o la integración local de comunidades desplazadas y en el diseño de políticas públicas requeridas para su integración sostenible, con base en experiencias desarrolladas directamente con población desplazada y de acogida como fue el caso del Programa Construyendo Soluciones Sostenibles (Transitional Solutions Initiative –TSI), impulsado de la mano de la comunidad internacional y los gobiernos locales y nacional. Fuera de Colombia, ACNUR ha asistido a asociaciones de víctimas en los países de asilo para reconectar con el Gobierno.

Cabe destacar en este sentido, el papel central que juega en todo ello la cooperación estratégica y sistemática con la Unidad para las Víctimas, liderada ahora por Alan Jara, con quien reforzaremos aún más esta alianza.

 

*Martin Gottwald, Representante (a.i.) Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia