Señores congresistas: ¡Demasiado ruido sobre la Justicia Especial para la Paz!

Las propuestas que piden retirar de la Jurisdicción para la Paz a militares y civiles desconocen las complejas dinámicas del conflicto armado.

Por: Daniel Marín López, investigador sobre justicia transicional en Dejusticia

Hace unos días leí en este diario una punzante columna del padre Narvaez titulada “La recaída…”, donde llamó la atención sobre la inexplicable desidia de los colombianos con la paz y los riesgos de nuestra miopía para leer el momento que atravesamos –¡el cortoplacismo de la política!–. Allí hay una linda metáfora que creo debe martillar nuestras cabezas siempre que vayamos a opacar el proceso de paz: “7.132 armas silenciadas son 7.132 nuevos ciudadanos”.

Y esa nueva ciudadanía exige de nosotros mucho, mucho más del debate sopesado y sensato. La idea de desarmar el debate político –y jurídico– no era para terminar minando el mismo con mentiras desalmadas, sino más bien vigorizando la democracia. Ese juego de reconocer en el otro un argumento válido. Pero la verdad estamos perdiendo.

Una realidad que me sorprende es el tono y los argumentos del debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El ruido que políticos de distintos partidos han hecho en los medios las últimas semanas preocupa por su ligereza, pues suele basarse en reivindicaciones de los victimarios y no de las víctimas. ¿Qué cómo se nos ocurre meter en el mismo saco a la guerrilla, a los civiles y a los militares?

Por eso vale la pena recordar que la JEP es la justicia creada para juzgar ese pasado maldito del conflicto armado y sus victimarios. Pero que también es una justicia que le extiende una mano al perpetrador si se compromete a satisfacer los derechos de las víctimas de sus atrocidades. Está pensada como una justicia de paz, pues no se trata de imponer la venganza de los togados.

Las prolongadas dinámicas del conflicto armado han sido complejas no solo por su masividad y su crueldad, sino también por los entramados siniestros entre distintos actores en los territorios del país. A los homicidios y las amenazas de los grupos armados, le seguían el desplazamiento de las víctimas y el despojo de sus bienes, en muchos casos en favor de grandes potentados. Esas alianzas se daban a expensas –o en connivencia– de actores estatales, como políticos locales o brigadas militares. Las atrocidades del conflicto entonces obedecieron –y obedecen aún– a muchos intereses, de ahí que sean verdades difíciles de esclarecer y la responsabilización de sus autores sea aún más dura de alcanzar.

La JEP en su diseño acierta, pues entiende que las labores de la justicia en estos casos debe pasar por investigaciones muy laboriosas que se compadezcan de las complejidades del conflicto. Será un escenario de cierre jurídico de todos los actores armados y no armados que cometieron, facilitaron, financiaron o se beneficiaron de la sangre que manchó las regiones. Pues aquel que promovió las armas es también culpable, aunque posiblemente de manera distinta, que aquel que apretó el gatillo.

La JEP equilibra al victimario, lo iguala en su condición de perpetrador, pero diferencia el trato que le dará a los distintos actores de la guerra. Reconoce que el rol de cada actor en el

devenir del conflicto armado es distinto. Ya sea por la tergiversación de su rol constitucional como en el caso de los militares. Ya sea por la heterogeneidad de intereses económicos y políticos que llevaron a que los civiles exacerbaran el conflicto. Ya sea por la rebeldía descompuesta de las guerrillas.

En ese entendimiento fallan muchos de nuestros congresistas que altisonantes abogan porque la mejor forma de llevar a cabo la titánica labor de la justicia es fragmentándola. Que no se pueden equiparar los actores del conflicto, que hay que recuperar el honor de unos y pasar la gillotina a otros, que así que asá. Olvidan que equilibrar no es equiparar el rol de uno y otros. Olvidan que todos ellos fueron criminales.

Este día de celebración de la independencia empieza la recta final del fast-track en el Congreso, donde la Ley de la JEP será la primera que se pondrá sobre la mesa. Debemos pedir a los congresistas que se sumen a la apuesta por esta nueva ciudadanía que exige el debate justificado sobre las propuestas y no los argumentos justificatorios de los victimarios.

@marintencionado