Seamos mejores ciudadanos

El código puede ser una herramienta efectiva para que la Policía castigue conductas contrarias a la convivencia sin tener que apelar a llenar las cárceles.

Por: John Anzola Morales*[email protected]_anzola

Después de seis meses de comparendos pedagógicos y campañas informativas, a partir de agosto se empezarán a cobrar las multas contempladas en el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), instrumento normativo que fue actualizado después de más de cuarenta años.

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Su implementación venía siendo demandada por las autoridades de policía desde hace largo tiempo debido a que, por un lado, las contravenciones monetarias contenidas en el antiguo código (Decreto 1355 de 1970) eran totalmente obsoletas - ¡algunas eran de 50 pesos! -, lo que en la práctica impedía cualquier tipo de disuasión o actuación en contra de los infractores.

Por otra parte, conductas que van a empezar a ser sancionadas, como lo son la comercialización de teléfonos celulares con reporte de hurto o el mal uso de equipos electrónicos en los aviones durante las fases críticas del vuelo, ni siquiera existían en los años setenta. De igual forma, comportamientos que desafortunadamente se normalizaron como orinar en el espacio público, no recoger los excrementos de las mascotas o tirar basura en la calle, entre otros, estarán sujetos a multas que pueden estar entre los 98 mil y los 786 mil pesos, dependiendo del tipo de contravención que se cometa.

Sin embargo, no podemos caer en el error de pensar que la convivencia en el país mejorará por el solo hecho de tener que pagar con dinero por los comportamientos que alteran la vida en sociedad. La problemática se extiende más allá. Un claro ejemplo es el relacionado con el consumo problemático de alcohol. Al respecto, las cifras de las entidades gubernamentales son concluyentes: la mayoría de los casos relacionados con alteraciones del orden público que la Policía Nacional atiende son riñas, en donde el exceso en la ingesta de licor y, en ocasiones, de sustancias estupefacientes, inciden en que los conflictos se tornen violentos y terminen ocasionado lesiones personales y homicidios.

Ante este escenario, no tendría por qué extrañarnos que una de las fechas más violentas del año sea el Día de la Madre o que deliberadamente dejemos de salir a disfrutar de un partido de fútbol por temor a que la “celebración” se salga de control y termine convirtiéndose en tragedia. Para eso no hay suficientes policías ni códigos que valgan. Se trata de ámbitos en los cuales los ciudadanos debemos tener responsabilidad sobre nuestros actos. ¿Acaso no sería mejor que los fines de semana las autoridades, en lugar de estar atendiendo peleas de borrachos, se ocuparan de impedir la ocurrencia de robos o se concentraran en lograr el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales?

El código puede ser una herramienta efectiva para que la Policía castigue conductas contrarias a la convivencia sin tener que apelar a llenar las cárceles de personas que cometen infracciones que no necesariamente requieren de un proceso penal. A pesar de ello, el gobierno nacional y las administraciones locales se encuentran obligadas a continuar formulando e implementando políticas públicas con un enfoque preventivo que, a través de la promoción de valores sociales y culturales, permitan construir comunidades menos individualistas en las que el respeto, la tolerancia y la solidaridad sean la base para convivir en paz.

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Por último, se requiere que tanto ciudadanía como institucionalidad estemos atentos a evitar que la aplicación del código se convierta en caldo de cultivo para nuevos casos de corrupción en la Policía Nacional. Sin desconocer el trabajo honesto que la mayor parte de sus miembros llevan a cabo día a día, también debe tenerse en cuenta que la imposición de sanciones económicas puede terminar incentivando o replicando actuaciones ilegales como las que tienen lugar en el caso de las multas de tránsito.

De esta clase de situaciones no se puede culpar exclusivamente a los agentes. La responsabilidad recae además sobre aquellos que prefieren ofrecer una coima por debajo del valor del comparendo que deberían pagar por infringir la ley. Por ejemplo, la multa por orinar en la calle asciende a casi 800 mil pesos ¿cuántos no estarán tentados a ofrecerle un soborno al policía que lo detiene con tal de evadir su pago? Si queremos autoridades e instituciones transparentes debemos ser consecuentes y asumir nuestras equivocaciones. Por favor, no seamos como esos políticos corruptos que se ríen impunemente frente a las cámaras de televisión después de llevarse el presupuesto de obras públicas o de aceptar dineros para favorecer el otorgamiento de licitaciones.

Propongámonos ser mejores que ellos. Seamos mejores ciudadanos.