Responsabilidad de otros actores en el conflicto

Uno de los retos de la Unidad Especial de Investigación para la Paz es definir cómo y cuándo hubo apoyo directo a grupos paramilitares o guerrilleros, o si esto fue resultado de las presiones criminales y ausencia del Estado. Esa dependencia estará a cargo de Alexandra Valencia. ¿Quién es?

Conforme avanza el proceso de implementación del acuerdo final de paz, avanzan también los procesos legislativos para brindar las garantías hacia una paz “estable y duradera”. A su vez, surgen cuestionamientos del alcance jurídico que tendrá la Justicia Especial para la Paz (JEP), en cuanto a la responsabilidad de los agentes del Estado y otros actores que hayan participado en el conflicto armado.

De acuerdo a una de las propuestas hechas en la Habana, el fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió crear la Unidad Especial de Investigación, enfocada en investigar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, actores privados y aquellos que atenten contra la implementación del Acuerdo Final.

Como resultado, el pasado 13 de septiembre el fiscal general encargó la dirección  de la Unidad a Alexandra Valencia,  quien hasta ese momento se desempeñaba como presidenta de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Valencia había realizado un trabajo constante desde la Procuraduría y los juzgados, dejando una gran estela de controversias debido a los fallos que había proferido relacionados con el accionar paramilitar y la participación de otros actores en el conflicto armado. Uno de los fallos, lo emitió en el Tribunal de Bogotá en octubre de 2014 contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y seis líderes más del bloque Catatumbo, en el que expresó cómo algunos medios de comunicación se habían prestado, presuntamente, para difundir las ideas de los paramilitares.

La actuación de Valencia generó tanta polémica que, en julio del año 2009, fueron condenados a prisión dos policías y un funcionario del CTI de la Fiscalía por seguirla e interceptarla ilegalmente cuando realizaba pesquisas contra la parapolítica desde la Procuraduría, como lo señala El Espectador.

Así, en el marco de la JEP, uno de los grandes retos está en establecer cuál es la responsabilidad de otros actores por su actuación dentro del conflicto armado. Por esta razón, la Unidad Especial de Investigación deberá esclarecer si realmente hubo apoyos al paramilitarismo y las Farc, como grandes aportes a la verdad y la justicia.  

A raíz del fracaso en la mesa de diálogo del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, hubo una percepción escéptica del apoyo que se le dio desde gran parte de la sociedad civil y el sector privado, y la manera como debía manejarse posteriormente la situación del conflicto. Bajo este escenario, llegó a la presidencia Álvaro Uribe, con un discurso de mano dura y la promesa de recuperar el control territorial del país.

En efecto, la política implantada por Uribe generó un incremento en la percepción de seguridad,  crecimiento económico y la sensación que los triunfos militares sobre las Farc estaban dando resultado a partir de la confrontación armada. Estos factores incentivaron la inversión pública y privada en el país, mientras,  de forma paralela se dio el incremento del paramilitarismo y su vinculación con la política local y nacional, como una forma de resistencia a los cambios que desde 1991 venían dándose en el país con la entrada en vigencia de la Constitución.

Paralelo a esto, cuando se hace una lectura a nivel internacional sobre las consecuencias que generan los conflictos armados, todas coinciden en que lo único que se puede encontrar son aspectos negativos sobre la economía de un país. No obstante, el caso colombiano es levemente opuesto a lo que indica la experiencia internacional. Pese a los daños generados en la infraestructura pública y privada por parte de grupos al margen de la ley, la radiografía del PIB durante el último medio siglo demuestra que la economía nacional se mantuvo, y en algunos casos llegó a aumentar.

En el conflicto colombiano, con el proceso de aprendizaje de los agentes económicos que se enfrentaron a esta situación de incertidumbre, generó que las consecuencias directas se redujeran a medida que la guerra se prolongaba. Uno de los mejores ejemplos son las extorsiones, en donde los actores privados tenían dos estrategias: ceder a los “contratos de seguridad” que ofrecían los grupos paramilitares o las guerrillas, o no pagar y asumir las consecuencias con su vida.

Sin lugar a dudas, como opción de supervivencia,  algunos agentes de sectores los  económicos que tenían presencia en las regiones, de manera individual, tuvieron que ceder a las extorsiones de los grupos armados, internalizando los costos y normalizando sus actividades comerciales. Lo cuestionable es ¿cómo definir cuándo hubo apoyo directo a grupos paramilitares o guerrilleros, o si esto fue resultado de las presiones criminales y ausencia del Estado?

Casi 8 de cada 10 colombianos habitan las ciudades más representativas del país, en donde también se concentran las empresas que más aportan al PIB nacional, con lo cual perciben el conflicto como ajeno de su realidad. De esta manera, la economía nacional no tuvo que enfrentarse directamente y a gran escala a colapsos graves durante el conflicto armado.

Ahora bien, en el caso de Alexandra Valencia, quien iba a durar seis años en la dirección de la Unidad Especial, debido a las modificaciones del nuevo acuerdo que surgió luego del triunfo del No en el Plebiscito, se anuló su nombramiento y se suscribió un nuevo mecanismo de selección. Es en este escenario, donde surgen los grandes retos de la JEP en cuanto a la responsabilidad en la participación de otros actores en el conflicto armado y quién deberá asumir ahora su dirección.

*Esteban Salazar, asistente de investigación - Fundación Paz y Reconciliación