Repensar la reintegración para los jóvenes de las Farc

Mientras se sigue haciendo la pregunta válida y necesaria de dónde está la totalidad de niños y niñas de las FARC y se demanda su pronta entrega, también vale la pena pensar que “nuestros niños” también cumplieron la mayoría de edad en las guerrillas y ahora hacen parte de la población joven que está en espera de que la dejen entregar las armas.

Con el anuncio reciente del inicio de la fase pública de las negociaciones con el ELN el siete de febrero próximo y la implementación de los acuerdos con las FARC en curso, vuelve a ser oportuno preguntarse quiénes son esas personas que en las discusiones aparecen como una masa amorfa catalogada bajo la etiqueta de “desmovilizados”. Y es que no deja de sorprender que aunque la Agencia Colombiana para la Reintegración lleva trece años reintegrando a casi 50 mil personas, colectiva e individualmente, ahora que se espera la efectiva desmovilización de unas cinco mil más, el debate público se estanque en el lugar común, en la mirada que homogeneiza las experiencias. 

Después de los años en los que se criminalizaba a los periodistas que intentaban acercarse a la guerrilla –por considerarse “alianza con el terrorismo”–, el proceso de negociación con las FARC permitió finalmente que se acercaran de múltiples maneras, y fue así como diversas narrativas, incluso algunas producidas por la misma guerrilla, inundaron los medios. 

‘La guerrillerada’ pasó entonces a tener el rostro de Tania, Ángela, Jeison, Nancy, Katherine, Didier y muchos otros más. Gracias al lente de Federico Durán fue posible escudriñar entre los pesados morrales que un grupo de doce guerrilleros cargó por años; a través del proyecto Sanar Narrando de Las 2 Orillas, se escucharon voces de personas con ganas de seguir aprendiendo música o enfermería, y a finales de septiembre del año pasado, durante la última conferencia guerrillera de las FARC, el medio universitario CeroSesenta compartió breves relatos de diez de sus participantes en los que no solo se referían al futuro, incierto para todos, sino rescataban sus aprendizajes del pasado. 

En estos tres ejemplos, de decenas que circulan ahora en los medios, el buen observador habrá notado cómo la mayor parte de esas voces provienen o de personas menores de 18 años (niños y niñas para la Convención de los Derechos del Niño) o de personas adultas reclutadas cuando eran menores de edad. Este dato no debería sorprender, ya que en 2013 la ACR reportó que un 40 por ciento de la población atendida por el programa ingresó a los grupos antes de cumplir la mayoría de edad. 

Al oír a Tania, a Jeison, a Didier, me pregunto dónde estaban esas voces ultraprotectoras impulsadas por ciertos partidos políticos para solo permitir la adopción a parejas heterosexuales, cuando, por décadas, niños, niñas y adolescentes ingresaban a las filas de algún grupo armado y crecían, y maduraban, y en algunos casos envejecían ahí dentro. Dónde estaban entonces esas voces que hoy resuenan reclamando por el bajo número de niños y niñas entregados por las FARC, cuando durante el cuestionado proceso de desmovilización paramilitar, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, les recomendó a los comandantes entregar por la puerta de atrás a niños y niñas “porque se veía mal”.
 
Mientras se sigue haciendo la pregunta válida y necesaria de dónde está la totalidad de niños y niñas de las FARC y se demanda su pronta entrega respetando los protocolos discutidos con las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil durante las negociaciones, también vale la pena pensar que “nuestros niños” también cumplieron la mayoría de edad en las guerrillas y ahora hacen parte de la población joven que está en espera de que la dejen entregar las armas producto del acuerdo de paz. Jóvenes, entendidos por el Estatuto de Ciudadanía Juvenil colombiano, como personas desde los 14 hasta los 28 años. ¿Siguen siendo “nuestros” o la mayoría de edad nos exime de responsabilidades? Ya la ley hila bastante delgado cuando los cataloga como víctimas de reclutamiento sí y solo sí salen de los grupos antes de los 18 años, pero, como sociedad, ¿podemos hacer la misma diferenciación? ¿Les fallamos entonces, les fallamos ahora?
 
Si la sociedad asume su deuda histórica con “nuestros niños” y deja de ver a las personas que están por dejar las armas como una ‘masa amorfa’ de combatientes, podría plantearse preguntas fundamentales sobre sus diferencias. Por años, acercarse a los desmovilizados con el lente de ‘homogeneidad’ ha resultado en muy contados casos exitosos de reintegración y en una gran cantidad de historias de fracasos y frustración que no clasifican en libros de financiadores o especiales periodísticos. El censo socioeconómico sugerido por los Nuevos Acuerdos de Paz originales (páginas 74-75), y que se espera sea delegado a la Universidad Nacional de Colombia, es un momento clave para identificar saberes y reconocer la diversidad de los ex combatientes: hombres, mujeres, mayores o menores de edad, de comunidades indígenas, afro o campesinas. 

El censo es, además, una oportunidad para hacer preguntas como: ¿De qué manera el ensayo y error de años de programas tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como de la ACR, va a informar y a cualificar las estrategias de reintegración? ¿Qué planes de formación se van a ofrecer en los que no se encasillen a las personas en oficios técnicos exclusivamente ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)? ¿De qué manera los saberes propios y culturales de personas con un inmenso conocimiento rural van a ser tenidos en cuenta? ¿Cómo se va a promover un reconocimiento de las experiencias vividas durante el tiempo dentro del grupo, para dejar de forzar a quienes se desmovilizan a inventarse historias paralelas o a ocultar su pasado al momento de llenar una hoja de vida para buscar un trabajo? 
 
Estas preguntas vienen de conversaciones con jóvenes que han pasado por los procesos de ambas instituciones. Ellos y ellas insisten en la necesidad de diversificar la oferta educativa y laboral, de abrir espacios, por ejemplo, para que las personas que salen de los grupos mientras nivelan la primaria o el bachillerato, también puedan aprender un nuevo idioma y se les dé la oportunidad, a quienes quieran, de regresar a la región y formarse en el oficio que les apetezca. Incluso, se preguntan por qué los modelos de proyectos productivos creados por el Gobierno para los desmovilizados, en lugar de ser un experimento enfocado al éxito económico, no son tomados como procesos de aprendizajes para la vida ‘en la civil’. 
 
El objetivo de todo programa de reintegración es simple en sí mismo: mantener en la legalidad a las personas que han salido de la ilegalidad. Sin embargo, en un país en el que varias estructuras armadas permanecen activas, este es un reto mayúsculo. Reconocer la diversidad de las personas que hicieron parte de los grupos armados y ser conscientes de que en esas entregas también llegan “nuestros niños” es, sin lugar a dudas, una base crucial para esta nueva oportunidad que tenemos como país de reintegrar con dignidad a la población joven, sin fijarnos si cumplieron o no la mayoría de edad.
 

*Nathalia Salamanca Sarmiento es periodista, investigadora y defensora de derechos humanos. @nthn_s