A reformar la Ley de Víctimas

Por: Fundación Paz y Reconciliación

El artículo 142 de la Ley 1448 de 2011 establece que cada año se conmemora el ‘Día de la memoria y solidaridad con las víctimas’, por esta razón la Unidad para las Víctimas y las entidades gubernamentales realizan eventos en memoria y reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado. Uno de estos tiene lugar en el Congreso de la República donde la plenaria de Senado y Cámara debe hacerse presente para escuchar a los colombianos que fueron afectados por el conflicto armado en nuestro país.

El día en que tuvo lugar la plenaria del 9 de abril (domingo de ramos), hizo que el presidente del Senado Mauricio Lizcano pensara en proponer una reforma a la Ley 1448, para cuando esta caiga en días de fiesta, se corra hacía uno comprendido en los hábiles (lunes a viernes), según él, por la dificultad de que los congresistas se hagan presentes en estas circunstancias.

Quienes hacemos seguimientos a las actividades legislativas, nos hemos dado cuenta, que son pocos los parlamentarios que asisten a la cita con la idea de escuchar a las víctimas. Su presencia se da, solo con el ánimo de registrarse y en un tiempo máximo de una hora, se van para no regresar en toda la jornada.

La verdadera razón de proponer una reforma a la plenaria del Congreso que ordena la Ley de Víctimas, se debe hacer para que esta se cumpla con un ejercicio funcional, porque hasta el momento para lo único que ha servido, es para que esta población asista al legislativo para hablarle a las sillas vacías del Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

La mejor reforma a esta actividad que ordena la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, es una que se realice una semana por las víctimas del conflicto armado, en donde no solo se convoquen espacios para que hablen las personas que han liderado procesos de reparación a lo largo y ancho del territorio, uno de estos en el nivel central, en donde se hagan presentes el Presidente de la República, su gabinete ministerial y la plenaria de Congreso.

Además de este espacio, ideal sería que cree uno en donde los funcionarios públicos que tienen que ver con este asunto (ministerio del Interior, Unidad de Reparación de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y la Alta Consejería para los Derechos Humanos, se hagan presentes ante el legislativo y antes las víctimas, para hacer una rendición de cuentas de su oficio y muestren al país los resultados obtenidos en esta materia.

Ideal sería que se propusiera que este ejercicio de rendición de cuentas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras, se haga extensible a los entes territorios, donde las alcaldías deben rendir cuentas en este asunto ante el concejo municipal o distrital, según sea el caso y las gobernaciones ante las asambleas.

Bajo este escenario, que el tercer día sea el escenario para realizar la debida plenaria de control político, en donde se confronte lo dicho por los funcionarios públicos, con las investigaciones que realicen los equipos de trabajos de las unidades de trabajo legislativo de los senadores y representantes, con el ánimo de que se propongan ajustes normativos si llegase a ser necesario y se exija mayor eficiencia a la gestión, que en esta materia se lleva a cabo.

Dijo el presidente Juan Manuel Santos al radicar el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “Si esta ley se aprueba, habrá valido la pena ser presidente”. El tema es que con haberla aprobado no fue suficiente, porque el éxito de esta norma está en saberla aplicar con eficiencia, cosa que al momento, no se ha logrado.

Para esto es necesario aplicar los rigores de control político y administrativos, necesarios para dar cumplimiento a una norma que va a paso de tortuga y que por los resultados que hasta el momento arroja, va a ser necesario ampliarle el plazo de cumplimiento estimado en 10 años, desde el inicio de su aplicación.