Re-Descubrir la periferia

Los impactos del conflicto armado se han percibido con mayor intensidad en las zonas rurales, donde la violencia ha cobrado el más alto número de víctimas y ha agudizado las condiciones de pobreza e inequidad, que desde el centro del país no se alcanzan a reconocer en toda su amplitud.

La posible firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP provoca expectativas en torno al momento histórico que vive Colombia. Para algunos presenta la posibilidad de transformar la realidad del país y dejar atrás una confrontación que ha costado daños profundos en esferas políticas, económicas, sociales e interpersonales, con afectaciones para el pueblo colombiano que el Estado aún no ha logrado reparar en su totalidad, especialmente para los más de siete millones de víctimas de desplazamiento forzado.

Los impactos del conflicto armado se han percibido con mayor intensidad en las zonas rurales, donde la violencia ha cobrado el más alto número de víctimas y ha agudizado las condiciones de pobreza e inequidad, que desde el centro del país no se alcanzan a reconocer en toda su amplitud. El proceso de paz  sería una oportunidad para que la institucionalidad materialice la protección de estas comunidades que habitan en la periferia del país, quienes en comparación con las poblaciones del centro, es decir, de las capitales, han enfrentado graves necesidades estructurales durante años. Este puede ser un momento clave para redirigir los esfuerzos y abordar  las deudas históricas de ampliar los servicios y el bienestar de estas poblaciones periféricas,  donde muchas veces las acciones del Estado se concentraban en el conflicto armado y sus dinámicas.

En la periferia colombiana, también destacan las denominadas zonas urbanas, que sin embargo conservan una vocación rural, dado que muchos de los centros poblados se han constituido con la recepción misma de población desplazada de zonas rurales. Esto provoca que se agudicen brechas sociales en lo que respecta al acceso a servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado con respecto a las grandes ciudades del país, las cuales facilitaron en parte el fortalecimiento de grupos armados en estas zonas.

Los contrastes entre el  centro y la periferia permiten reconocer desafíos territoriales para la población y el Estado, en particular para la institucionalidad civil, que deberá materializar esfuerzos adicionales con el fin de propiciar condiciones favorables para reafirmar un proyecto de nación incluyente y favorable desde las comunidades, que garantice la construcción de alternativas sostenibles para la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población víctima

Desde el trabajo del ACNUR en los territorios periféricos, como es el caso del Departamento de Nariño, se ha identificado y a la vez promovido una respuesta coordinada de la institucionalidad en su conjunto orientada a garantizar la protección y los derechos humanos de las comunidades en situación de desplazamiento, con énfasis en poblaciones indígenas,  comunidades afro,  mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta perspectiva diferencial es fundamental en la búsqueda de soluciones duraderas para casos de desplazamiento prolongado, retornos y reubicaciones.

Con base en esta experiencia, se puede entender que re-descubrir la periferia significa impulsar propuestas de soluciones duraderas con las poblaciones, ya que éstas son las que mejor conocen su realidad y pueden aportar ideas creativas y útiles para resolver los retos a los que se enfrentan. Cabe destacar que tanto las instituciones locales como las víctimas del desplazamiento forzado requieren del acompañamiento y el apoyo de la institucionalidad nacional para dar forma y viabilidad a sus proyectos y así conformar parte de una estrategia a un programa de nación incluyente que garantice sus derechos. Por ello, afianzar las relaciones de confianza entre comunidades periféricas e institucionalidad será clave.

Con el fin de alcanzar esta meta, el ACNUR seguirá trabajando como lo ha venido haciendo, por medio de estrategias integrales de soluciones que responden holísticamente a la totalidad de los problemas de las poblaciones desplazadas. En este marco, por medio de proyectos y acciones complementarias a las de la institucionalidad, como es el fortalecimiento comunitario orientado a la exigibilidad de derechos, la reconstrucción del tejido social y al diseño de proyectos desde el territorio, se busca contribuir al alcance de soluciones duraderas enfocadas en la restauración de los derechos humanos.

Así mismo, el Estado debe garantizar presencia efectiva de la institucionalidad civil en el ámbito rural, redescubriendo condiciones geográficas, distancias y apoyando a gobiernos locales en procesos de planeación y gestión territorial, a través de la implementación efectiva de planes, programas y proyectos.

A su vez, será necesario promover procesos de formación y gestión pública conjunta entre la sociedad civil, universidades y centros de educación para apoyar a las instituciones en pro de la gobernabilidad y la reducción de la brecha entre centro y periferia. Esto contribuirá al fortalecimiento de las instituciones en los territorios con la intención que ocupen potenciales vacíos de poder, evitando que otros actores armados impongan su poder mediante la violencia generalizada.

Esta perspectiva implica aceptar la coexistencia de distintos proyectos políticos, concede también la posibilidad de una lógica de adversarios legítimos con quienes el ejercicio del desacuerdo no se exprese por la violencia sino por el diálogo y las relaciones políticas. La buena coordinación entre la sociedad civil, las víctimas y el Estado en todos sus niveles permitirá definir el camino para la consolidación de soluciones duraderas que reparen las afectaciones territoriales y permitan la construcción de paz desde los territorios.

* Esta columna fue escrita por Oscar Fernando Garzón, UNOPS Protección con Base Comunitaria – Oficina de Acnur Pasto