¿Qué está pasando con la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos?

Los avances desde la firma del Acuerdo no han correspondido con medidas efectivas por parte del Estado para garantizar la labor de defensa de diferentes derechos, ya sea de manera individual y/o colectiva, en particular de la defensa de derechos humanos que ejercen las mujeres.

Por Diana María Salcedo López y Katherine Ronderos.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-Ep dejó un balance positivo para muchas mujeres de los territorios del país, no sólo por los grandes avances que les permitió el nacimiento de nuevos liderazgos y el fortalecimiento de otros, sino por la disminución significativa del impacto de la guerra en sus territorios. Sin embargo, persiste un contexto de amenazas, intimidaciones y asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos, lideresas y líderes sociales, comunitarios y reclamantes de tierra.

Según el Programa Somos Defensores, en el 2017, del total de 560 agresiones contra defensores y líderes sociales registradas en el año 2017, 143 se cometieron contra mujeres. Según OACNUDH durante el 2017, cada 26 días fueron asesinadas 14 defensoras y según la Defensoría del Pueblo entre enero de 2016 y febrero de 2018, 40 lideresas han sido asesinadas, de las cuales dos eran mujeres trans, es decir, en promedio cada 19 días una mujer defensora de derechos humanos es asesinada en Colombia.

Los avances desde la firma del Acuerdo no han correspondido con medidas efectivas por parte del Estado para garantizar la labor de defensa de diferentes derechos, ya sea de manera individual y/o colectiva. Por otro lado, la polarización arraigada desde las últimas elecciones presidenciales no ha permitido la construcción ni el reconocimiento público de la labor de defensa de derechos humanos, en particular la que ejercen las mujeres.

Los análisis que se presentan a diario se centran en las cifras que, si bien son importantes, no dejan ver el contexto en el cual se desarrollan estas amenazas o ataques, los patrones de sistematicidad en los repertorios utilizados para el perjuicio de las defensoras, ni el daño comunitario y social que esto produce.

El asunto sobre los y las defensoras de derechos humanos no es solamente un asunto de las cifras, o de asesinatos exclusivamente, es un asunto del entorno que se genera en Colombia cuando se busca garantizar el ejercicio de la defensa  de defensoras y defensores de derechos humanos.

En su visita académica del 31 de julio del año en curso, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, señaló su preocupación por la alarmante situación en Colombia, el problema que enfrentan las y los defensores del país, la falta de voluntad política para implementar acciones estratégicas y la falta de recursos efectivos para enfrentarlas, son aspectos fundamentales que preocupan de cara a las garantías para quienes defienden los derechos humanos.

El avance de mujeres lideresas y defensoras y de sus procesos organizativos, en posicionar y fortalecer los derechos de personas y comunidades, incluido el medio ambiente, ha alcanzado niveles importantes de representación en los espacios locales junto con el posicionamiento de sus agendas en las políticas públicas, sin embargo, este avance no se ha visto correspondido con acciones rápidas y efectivas por parte del Estado para proteger su vida, su dignidad y brindar garantías. Este escenario de riesgo y amenazas contra las defensoras, lideresas y sus procesos organizativos afectan los procesos territoriales donde se requieren continuar con importantes transformaciones para una mejor sociedad y avanzar en la meta de alcanzar la paz.

La incertidumbre que genera esta oleada de ataques a quienes ejercen las labores de liderazgo, junto con la falta de investigación sobre los directos responsables y la ausencia de acciones inmediatas, limita el ejercicio político y democrático de las mujeres en los territorios. La Fiscalía General de la Nación, ha manifestado que no cuenta con las herramientas para detener estos ataques y la Unidad Nacional de Protección se declara carente de recursos para atender a todas las personas que manifiestan estar en una situación de riesgo.

El recién aprobado Programa Integral Garantías para Mujeres Lideresas y  Defensoras de Derechos Humanos, sancionado mediante la Resolución 805 del 14 de junio de 2018, señala que la violencia dirigida contra mujeres lideresas y defensoras que adquiere características relacionadas con los rasgos de género, específicamente en casos de ataques sexuales y la amenaza de cometerlos, debe concebirse como una violencia estructural, que recoge el interés de afectación sociopolítica, económica, de protección de derechos y a su vez de género, poniendo en riesgo la vida de las mujeres lideresas y defensoras, así como sus propuestas políticas, su defensa de derechos, el mantenimiento de la democracia y la construcción de una sociedad más equitativa.

Este Programa que espera ser una respuesta efectiva a la problemática de las mujeres que ejercen la defensa de los derechos humanos, vuelve a centrar el problema en lo que significa para un tejido social, para una comunidad, formar a una lideresa social, sobretodo en un contexto adverso en el que para muchas personas, las mujeres deben seguir ocupando el lugar del cuidado y de la reproducción de la vida.

En este contexto, estos ataques no son sólo contra una lideresa, son ataques directos contra un proyecto social y político, contra un tejido social que se soporta en los liderazgos individuales y colectivos, es un claro mensaje de terror a las comunidades y a las mujeres y una des estimulación para que se ejerza este rol.

Por eso la respuesta del Estado en pro de mantener la gobernabilidad y el control por la protección de la vida de las personas, debe dimensionarse de cara a atender y perseguir la fuente de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos. El silencio del Estado no puede ser cómplice de la magnitud del terror que causa saber que quienes han alzado su voz para exigir la protección de derechos individuales y colectivos, hoy están siendo asesinadas. El Gobierno debe ser el promotor para la creación de un ambiente propicio de garantías para defensores y defensoras, como muestra de su compromiso con la protección de vida y la dignidad.